Desde el mismo momento en que el gobierno Petro empezó a tomar medidas que afectaron las relaciones políticas, militares y comerciales con Israel, por cuenta de su postura frente al conflicto armado en la Franja de Gaza, se advirtió desde distintos sectores internos que había una clara improvisación en esas directrices y Colombia terminaría, a la larga, siendo la nación más perjudicada.

Ya se conocen las primeras repercusiones negativas en el campo militar y de seguridad, ya que el Estado judío tiene una de las industrias más avanzadas en la materia, siendo por décadas uno de los principales proveedores de la Fuerza Pública colombiana.

En cuanto al tema político, es evidente que las relaciones entre ambos países están en el nivel más crítico en toda su historia, con muy fuertes recriminaciones de lado y lado, y un amplio eco geopolítico.

Ya en lo que respecta al escenario económico, las problemáticas no son menores. Por ejemplo, la decisión del gobierno colombiano en cuanto a prohibir las exportaciones de carbón a Israel fue criticada, de entrada, por múltiples sectores en nuestro país, sobre todo por considerarla tan desproporcionada como ineficaz.

De hecho, la semana pasada la Procuraduría General de la Nación le advirtió al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo una serie de reparos frente a las implicaciones del proyecto de decreto que establece tal restricción en las ventas del mineral.

Para el Ministerio Público, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, es claro que dicha decisión produce una reducción en las regalías. Esto teniendo en cuenta que las exportaciones de carbón térmico a Israel representan 650 mil millones de pesos cada año en regalías, impuestos y contribuciones, de los cuales 100 mil millones van directamente a los departamentos de La Guajira y Cesar. En el citado decreto no se indica cómo se suplirán estos recursos destinados a inversión social.

También cuestiona la Procuraduría que la medida adoptada no es idónea para cumplir con el propósito gubernamental. Esto porque no hay una demostración técnica que conlleve a determinar que si no se exporta carbón a Israel por parte del Estado colombiano se procederá a un cese el fuego en Gaza.

No menos grave es que se alerta de un riesgo de daño antijurídico, ya que las razones invocadas en la fundamentación del decreto son contrarias a la realidad, no son proporcionales, ni razonables. Igualmente hay un incumplimiento del tratado de libre comercio con Israel y tampoco cumple lo mandado por el artículo 259 del actual Plan Nacional de Desarrollo.

El Ministerio de Comercio está en mora de responder estos reparos de la Procuraduría. No tendría presentación que se guarde silencio ante señalamientos tan graves.

Además, resulta claro que de la respuesta que dé el Gobierno a los planteamientos del ente de control disciplinario se va a desprender no solo la posibilidad de que el decreto termine siendo demandado ante el contencioso administrativo una vez entre en vigencia, sino también podría dar lugar a eventuales investigaciones a los ministros y demás altos funcionarios que intervinieron en su formulación.