En  la Carta de 1991, por insistencia del jefe conservador Álvaro Gómez, se creó el Consejo Superior de la Judicatura, cuya tarea primordial sería depurar la justicia, con poderes para juzgar a la alta magistratura. Para el estadista resultaba aberrante que en Colombia la magistratura en la práctica no tuviese un juez natural y esa era la causa en buena medida de la corrupción y la impunidad. Cuando entró en vigencia la Constitución del 91, las esperanzas de los juristas respetables y de la sociedad estuvieron puestas en la efectividad de esa institución a la que se le confería gran poder y competencia.

El Consejo Superior de la Judicatura se desacreditó pronto, por cuenta de algunos de sus miembros que no estaban  a la altura del cargo y que por su actividad sórdida motivada por la codicia enlodaron la respetabilidad del alto tribunal. Pocos se dieron cuenta de que la primera Corte Constitucional, en lo que respetables litigantes consideraron un prevaricato, le había quitado a la Judicatura la facultad de investigar y juzgar a los magistrados. Hoy se avanza en la demolición de la Judicatura, sin que las atribuciones para juzgar y sentenciar la magistratura se le otorguen a un ente capaz de cumplir su misión, lo que deja abierta la tronera de la impunidad.

Las cortes atraviesan por un mal momento por la sombra trágica de incidentes que  casi a diario  las abruman, envueltos algunos de sus miembros en escándalos y gravísimas denuncias. Las viejas actividades ilícitas del entonces gobernador de Casanare que “invirtió” en Fusipetrol y una empresa de  carbón $ 63 mil millones del petróleo, por lo que la Corte Suprema de Justicia  lo condena penalmente  y le impuso  una multa de $ 22.000 millones, que debe pagar éste junto con la empresa Fusipetrol. El respectivo magistrado ponente de la Corte Constitucional dice que un abogado que adelantaba el caso le informó que para tumbar la multa estaban en juego $ 500 millones de un adelanto y que otro colega negoció con un abogado ese monto; lo que  dicho  magistrado niega tajante y mantiene en ascuas al país. Esclarecer el caso, que pasa a la inoperante Comisión de Acusaciones, es el deseo de 40 millones de colombianos.