* Ejercicio unilateral y marcadamente propagandístico
* Urge fortalecer veeduría y lupa real a cortes de cuentas
A menos de dos meses para que terminen su cuatrienio es claro que la ciudadanía está a la espera de que gobernadores y alcaldes hagan un corte de cuentas sobre lo realizado en su mandato y qué tanto cumplieron de las promesas de campaña con que ganaron en las urnas en octubre de 2019 y luego plasmaron en metas y objetivos generales y específicos en sus respectivos Planes de Desarrollo.
El mejor escenario para esa evaluación son las jornadas de rendición de cuentas, regladas en normas de carácter administrativo como el documento Conpes 3654 de 2010 o la Ley 1757 de 2015. Allí se establece que es una obligación de las entidades y servidores públicos informar y explicar periódicamente los resultados de su gestión a ciudadanos y organizaciones sociales, a través de espacios de diálogo público. En esos mismos escenarios, la población debe tener la capacidad de pedir información, explicaciones y retroalimentar al gobernante de turno, esto mediante evaluaciones o propuestas de mejora que deberían hacer las veces de incentivos para corregir la gestión, premiar o sancionar los puntos altos y bajos de los balances.
Sin embargo, en Colombia todavía es mucho lo que va de la teoría a la realidad en materia de rendiciones de cuentas efectivas. Es claro que, desde el presidente de la República, pasando por ministros y titulares de agencias, departamentos administrativos, institutos y otras entidades del Gobierno Nacional Central, así como los congresistas y no en menos proporción los gobernadores y alcaldes, con sus respectivas dependencias regionales y locales, cumplen con el formalismo de los cortes de cuenta sobre sus respectivas ejecutorias. Se organizan los foros, audiencias, encuentros ciudadanos o reportes documentales y virtuales en donde se hace un resumen pormenorizado de la gestión, metas y procesos en trámite. Se presenta, de forma paralela, un alud de cifras al respecto en donde es claro que las conclusiones terminan siendo positivas, incluso con escaso sentido autocrítico, por parte del funcionario que presenta los balances…
De hecho, y negarlo sería pecar por ingenuo, en no pocas ocasiones los recintos en donde se hace ese corte de cuentas son ocupados por los mismos funcionarios de la entidad respectiva y hay muy poca asistencia de los delegados de los entes de vigilancia, la ciudadanía o representantes del Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales que, en el papel, desempeñan el rol de control funcional, popular o político, respectivamente, a las administraciones de turno. Y, como si lo anterior fuera poco, no son pocos los casos en donde este tipo de jornadas terminan siendo criticadas por la cantidad de recursos públicos que se invierte en logística, documentos y publicidad.
El problema, en el fondo, es que el ejercicio de la rendición de cuentas es una labor unilateral. El titular de la entidad entrega un reporte de gestión que no tiene una contraparte formal y concreta. Por ejemplo, sería conveniente estudiar la posibilidad de que esos cortes de cuentas sean evaluados de forma obligatoria y formal por la Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo para señalar si los balances corresponden a la realidad y no a la mera propaganda de la dependencia o funcionario en cuestión. Igual debería exigírseles informes puntuales a las asambleas y concejos, más aún porque son estas corporaciones las que aprobaron los respectivos Planes de Desarrollo. También podría pensarse en incentivos económicos para construir instancias efectivas de veeduría ciudadana que certifiquen la pertinencia y nivel de veracidad de los balances presentados.
En otras palabras, se requiere que la rendición de cuentas se active como un ejercicio bilateral o multilateral efectivo y concreto, que sea puesto bajo la lupa en todos sus aspectos y permita a la ciudadanía tener certeza de que el reporte que le entregan corresponde a la realidad y es verificable en cuanto a logros de gestión, porcentajes de ejecución presupuestal, eficiencia administrativa y transparencia en el manejo de la cosa pública.
Ahora que los gobernadores, alcaldes, asambleas y concejos salientes empiezan a fechar sus respectivas rendiciones de cuentas, este es un debate que debe plantearse de forma proactiva. Más aun, porque los mandatarios entrantes requieren, en el marco de los escenarios de empalme, tener algún grado de certeza en torno a qué tan reales son los balances que les presentan las administraciones salientes, los avances objetivos y las metas retrasadas. Ello permitirá no solo saber exactamente cómo se reciben gobernaciones y alcaldías y fijar prioridades de corto, mediano y largo plazos, sino tener insumos para refilar los articulados de los proyectos de Planes de Desarrollo que comienzan a construirse a partir del 1 de enero.