* Corte pone fin a caprichos de Ortega
* ¿Todavía sigue ese “embajador”?
El fallo de la Corte de La Haya de ayer, en favor de Colombia y en contra de los absurdos anhelos de Nicaragua de ganar plataforma continental en territorio nacional, le quita un piano de encima a nuestro país. Es por supuesto una victoria jurídica en toda la línea, ya que las pretensiones aducidas por los delegados nicaragüenses, con el fin de extender su soberanía a partir de maniobras judiciales con un claro tinte politiquero, fueron denegadas de plano por una mayoría sobrada y concluyente del más alto tribunal internacional en materias limítrofes (13-4). Hay pues cosa juzgada. De modo que al régimen autoritario de Daniel Ortega, sumido en el descrédito por sus conductas lesivas de la democracia y los derechos humanos, ya no le queda resquicio alguno para seguir aprovechándose de sus pleitos en el exterior a fin de ganar supuestos réditos en el interior y mantener la mordaza y la persecución al pueblo de esa atribulada nación centroamericana.
Incluso del texto de la Corte queda implícito que las demandas presentadas por Managua sobre territorio colombiano no dejaban de comportar cierta actitud temeraria al intentar extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. En efecto, la alta corporación fue enfática en señalar que este tipo de pretensiones no eran comunes en el ámbito internacional. Y por ello fue clara en sustentar que en absoluto puede considerarse costumbre que la plataforma continental de un Estado pueda traslaparse con la de otro. Es decir, agregó, que “Nicaragua no tiene derecho a una plataforma continental que se extienda sobre la plataforma continental de San Andrés”.
Inclusive la Corte dictaminó adicionalmente que tanto San Andrés y Providencia, así como los bancos de Bajo Nuevo y Serranilla, tienen su zona económica y su plataforma continental correspondientes, comprendidas las 200 millas náuticas. En ese orden de ideas, y enfatizadas las características del derecho internacional consuetudinario, el triunfo de Colombia en La Haya fue a todas luces contundente y cierra un capítulo que amenazaba con prolongarse aún más, manteniendo en vilo los intereses nacionales. No en vano han sido dos décadas de alegatos, con varios gobiernos de turno al tablero, por lo cual la decisión pone fin a una época que pretendió poner en entredicho la soberanía de nuestro país en el Caribe occidental y que sirvió de acicate al dictador Ortega para proclamarse de presunto libertador, hoy desde luego en completo declive y visto como uno de los parias mundiales.
En principio, en las primeras demandas, Ortega quería que San Andrés, Providencia y Santa Catalina pasaran a ser territorio nicaragüense. La Corte falló en contra, mantuvo la soberanía colombiana sobre la isla y sus adyacentes, pero otorgó a Managua parte de las aguas circundantes (75000 kilómetros cuadrados). En esta oportunidad (2023), como último procedimiento jurisdiccional sobre Colombia, la Corte desestimó las pretensiones adicionales de Nicaragua y reiteró su sentencia de 2012. No obstante, como se ha dicho desde el gobierno Santos, no es posible esa afectación de nuestro mar territorial. La única manera de cambiar los límites establecidos en la Constitución de Colombia es por medio de un tratado votado por el Congreso con todos los requisitos y formalidades de ley. De modo que hasta hoy el único convenio limítrofe existente entre los dos países es el Esguerra-Bárcenas de 1928 y su protocolo adicional. Y en ese sentido las aguas antedichas siguen siendo colombianas, so pena de una flagrante violación constitucional.
En consecuencia, Colombia sigue atada a sus procedimientos internos. Y es bastante claro que el país considera que tanto el texto como el espíritu del Esguerra-Bárcenas mantienen su vigencia, habiendo cedido entonces a Nicaragua su soberanía sobre la zona y costa misquita y las islas Maíz a cambio de que el meridiano 82 se estableciera (como se estableció) de referencia limítrofe en las aguas caribes. Si bien y en estricto sentido este no es un límite sí hace parte sustancial de lo que las partes, en su voluntad libérrima, convinieron entre las naciones. Y así se incluyó en la Constitución. Rehacer el tratado, comenzando por los diálogos bilaterales (si acaso estos proceden en las actuales condiciones), requeriría, por parte de Colombia, arrancar de ceros y aducir su soberanía sobre la porción del territorio nicaragüense que le pertenecía en virtud de los títulos y el uti possidetis juris. En consonancia, además, a lo que dispuso el Libertador en las épocas de la independencia y las Provincias Unidas de Centroamérica. Al fin y al cabo, es apotegma que en derecho todo se deshace como se hace.
Por tanto, es fácil deducir que un tratado nuevo no estará a la vuelta de la esquina y menos que el Congreso colombiano se vaya a prestar a maniobras perniciosas para el país. Sería una traición a la patria. Al respecto, el díscolo y antipatriótico “embajador” del gobierno Petro podrá mantenerse en Managua, con su trasnochado sandinismo y su corazoncito orteguista. Mientras tanto los colombianos, pese a ese insulto, podemos celebrar esta gran victoria en la Corte. Y al mismo tiempo la Armada, justo al cumplir sus 200 años, recibir esta sentencia como estímulo para seguir amparando nuestros territorios y nuestras aguas hasta el último rincón que nos pertenece.