*Las contradicciones del Legislativo

*De Moisés al presidente Santos

La  situación política del Congreso de la República es muy especial en cuanto representa a la Nación con un respaldo de millones de votos que en teoría le otorgan una autoridad y poderes enormes a la institución. Nuestros legisladores han demostrado la voluntad por competir con toda suerte de leyes, so pretexto  de modernizar la administración. No todas esas leyes resultan convenientes y a veces están en contravía de las tradiciones colombianas, de las necesidades más sentidas de la población, de las soluciones realistas dado que en vez de resolver los problemas los agravan. Es el caso de los códigos que se aprueban, no pocas veces con micos que los desvirtúan o que, influidos por abogados penalistas, dejan rendijas por las cuales consiguen la impunidad de la delincuencia. Y claro, los expertos en estas trampas consiguen con suma astucia infiltrar los artículos más severos o modificar las penas según conveniencias. Pese a que estas leyes y los códigos tienen un tránsito complejo y dilatado de varias vueltas en sucesivas legislaturas.

Es oportuno resaltar que las leyes ordinarias llevan la firma del Presidente de la Republica y cuando éste no está de acuerdo con una ley aprobada por el Congreso tiene facultades para vetarla. No así, en ocasión de una ley producto de un acto legislativo puesto que la Constitución le otorga al Congreso como representante del constituyente primario la facultad de expedir estas leyes especiales, sin que se requiera la rúbrica del Presidente. Por tanto, la ley de justicia que aprobó la anterior legislatura y que el Presidente rechazó desde Chile con la tesis de que no la firmaría y que por tanto no se podía publicar en el Diario Oficial,  según algunos juristas, en realidad en teoría sigue vigente, en tanto la magistratura resuelve la demanda al respecto, lo que muestra la trascendencia de las facultades que tiene esa institución. Y por si fuera poco le corresponde a la Cámara de Representantes en la Comisión de Acusación investigar a los altos funcionarios con fuero especial, inclusive al Presidente de la Republica. En otras democracias como la de Estados Unidos, los funcionarios tiemblan ante la posibilidad de ser investigados por los legisladores. Entre nosotros la Comisión de Acusación resigna sus facultades y se ha convertido en una suerte de circo burlesco donde algunos chillan por un tiempo para hacer denuncias en los medios y después los escándalos terminan siendo cubiertos por otro escándalo, que con el tiempo se suman en los miles de casos sin resolver que por décadas han sido abocados por esa institución, que popularmente es más conocida como la Comisión de Absoluciones. Resulta verdaderamente inexplicable para los legos que semejante poder que tiene la Comisión de Acusación del Congreso se dilapide en la nada de la impunidad. Esas facultades que les da la democracia con el carácter de jueces que tienen los representantes del pueblo las desperdician cuando su deber sería llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias.

El poder que tiene el Congreso en nuestra democracia es gigantesco, resulta absurdo y lamentable comprobar que algunos legisladores que podrían sacudir la conciencia colectiva con sus debates, guarden silencio cuando el país quisiera oír una voz elocuente y vibrante que planteara desde esa tribuna asuntos esenciales para  contribuir a la paz o al desarrollo, como hacer más eficaz la lucha contra la corrupción puesto que los legisladores son los primeros llamados a denunciarla ante la opinión pública. Se necesitan en el Congreso hombres incorruptibles, talentosos y elocuentes que como Catón sean capases de destapar las peores ollas podridas en defensa del interés de la Patria. Y es importante no cometer errores que parecen inofensivos y son gravísimos, o el de aquellos legisladores que al pretender modificar el escudo nacional quieren sacar a Panamá para remplazarlo por San Andrés, cuando ni siquiera el Gobierno ha aceptado a plenitud el fallo inicuo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya puesto que al hacer esa tarea de maquillaje se le da la razón a Nicaragua. Mucho peor cuando el Congreso no ha asumido la responsabilidad histórica de hacer un análisis de ese fallo inicuo que afecta en más de 70.000 Km. de mar por esa zona la soberanía colombiana. Tiene el Congreso el deber irrenunciable de estudiar, analizar, reflexionar y establecer las consecuencias geopolíticas de la sentencia de La Haya. Han trascurrido más de siete meses desde que se conoció el fallo de esa Corte y apenas se han hecho amagos de estudiar el asunto, que se desvanece en la desidia de los jerarcas parlamentarios que en tiempos electorales se preocupan más de minucias políticas que de los grandes asuntos de Estado.

Es de anotar que el presidente Juan Manuel Santos ha asumido grandes responsabilidades frente a ese fallo absurdo que desconoció tratados vigentes como el Esguerra-Bárcenas, el Pacto de Bogotá  y el Derecho Interamericano e Internacional que violó Nicaragua para ir a la Corte de La Haya. Y por lo demás la Corte no tenía facultades para desconocer un tratado anterior a su misma existencia, por tanto al pisotearlo sentó una doctrina que atenta contra las fronteras, los pactos de muchísimos países y pone en peligro la paz internacional. Tiene el presidente Santos la misión histórica de informar al país el próximo 20 de julio de la posición de Colombia en cuanto a ese fallo, las futuras demandas de Nicaragua y la posición geopolítica de Colombia en el Caribe. Es de recordar que el presidente Santos en su momento advirtió que: “El Gobierno Nacional no descartará ningún recurso o mecanismo del derecho internacional para defender los derechos de los colombianos”. Y si no se ha pronunciado de fondo hasta ahora ha sido porque ha estado dedicado a consultas internacionales sobre el tema, lo mismo que a hondas reflexiones con la canciller María Ángela Holguín y los asesores internacionales de la Cancillería de San Carlos y en particular en conversaciones con la Comisión de Relaciones Exteriores y expertos contratados del exterior. En Nicaragua toda la población ha sido informada a fondo del litigio con Colombia y del fallo de la Corte Internacional de La Haya. Tiene el  presidente Juan Manuel Santos la oportunidad histórica de guiar como Moisés al pueblo elegido  por el Nilo, sino con sus grandes postulados geopolíticos de los que seguramente están a la espera todos los congresistas que sienten dolor de patria y la masa de 40 millones de colombianos, que no se resignan a perder más de 70.000 Km. de mar y las inmensas riquezas que encierran.