* Efecto desastroso del caso Santoyo
* ¿Quién responde en Colombia?
El hecho de que un general, que además fue jefe de seguridad de un Presidente de la República por varios años, se haya declarado culpable en los estrados judiciales de Estados Unidos de haber colaborado con los grupos paramilitares se convierte en un baldado de agua sucia sobre la imagen de un país que ha sacrificado miles de vidas, esfuerzo institucional así como capacidad de progreso social y económico en una valiente y decidida lucha contra el flagelo del narcotráfico y todos los actores armados ilegales que éste financia.
Tras haber aceptado cargos por “conspirar para proveer apoyo material y recursos a las Autodefensas Unidas de Colombia”, según un comunicado de ayer del Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia, el general (r.) Mauricio Santoyo se expone, de entrada, a una pena de cárcel entre 10 y 15 años. Se convertiría así en el oficial colombiano de más alta graduación que es encontrado culpable por un tribunal de otro país por delitos relacionados con el conflicto armado interno y sus ramificaciones internacionales. No hay que olvidar que los grupos paramilitares colombianos están desde hace mucho tiempo en el listado de organizaciones terroristas en nivel mundial y se les acusa de decenas de miles de asesinatos, desplazamientos y crímenes de lesa humanidad sin antecedentes en esta parte del hemisferio. Contra Santoyo también hay acusaciones de narcotráfico, sindicaciones que el exalto oficial no aceptó pese a que la Fiscalía estadounidense dijo tener pruebas sólidas, incluidas confesiones de cabecillas de organizaciones criminales de narco-paramilitares extraditados.
Lastimosamente es muy alto el eco de este tipo de noticias en la comunidad internacional, no sólo por el grado de general que ostentó Santoyo, sino por haberse encargado varios años de la seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe.
¿Por qué sólo después de varios años se vino a saber de las actuaciones criminales de este alto oficial pese a que se retiró de la Policía en junio de 2009? ¿Por qué el Gobierno de entonces tomó el riesgo de nombrarlo en la Casa de Nariño, si sobre el entonces coronel pesaba una investigación disciplinaria por interceptaciones telefónicas ilegales en Antioquia, que desembocó en una sanción en 2003 y sólo en 2005 fue revocada por el Consejo de Estado debido a que cuando fue notificada el caso ya había prescrito?
Pero lo más preocupante aún ¿es tan débil la contrainteligencia de los servicios de seguridad locales que nunca pudieron detectar las maniobras ilícitas de Santoyo cuando estaba en servicio? ¿Hay acaso una aproximación en torno de qué información fue filtrada a las autodefensas y qué delitos se cometieron con base en la misma? ¿Habría otros altos oficiales o de rango medio involucrados? ¿Por qué si cuando se conocieron meses atrás los señalamientos al exjefe de la seguridad presidencial voceros policiales colombianos dijeron que habían colaborado con la DEA en este caso, el general (r.) terminó siendo juzgado en una corte estadounidense y no en nuestro país? ¿Siendo el encargado de la custodia del propio Jefe de Estado no debió aplicarse sobre él una pesquisa preventiva y minuciosa de sus actuaciones, patrimonio y contactos, dada no sólo la delicada naturaleza de su función sino la información privilegiada a la que tenía acceso en la Casa de Nariño? ¿Y qué responde el Congreso, pues la Comisión II es la encargada de autorizar los ascensos de los más altos oficiales? ¿No será ya hora de cambiar este sistema que se evidencia como meramente formal e inoficioso? ¿Después del caso Santoyo, qué precauciones ha tomado el alto mando policial y castrense para detectar si no existen más manzanas podridas al más alto nivel?...
Aquí quedan muchos interrogantes pendientes y deben ser respondidos. Las manidas excusas de que nadie se dio cuenta y de que lo que pasó fue a las espaldas de todos, desde Ejecutivo hasta cúpula policial de entonces, son simple y sencillamente inaceptables. El Estado colombiano en su más importante nivel no puede dar semejante sensación de inocencia, vulnerabilidad e imprevisión. Una filtración que llega tan alto en la institucionalidad no puede ser asumida como un hecho aislado o anecdótico. Que se inicie también el juicio de responsabilidades en Colombia.