* Más allá de pulso entre cifras y percepción
* Alcaldía debe articularse mejor con Policía
El asesinato de un agente de la Policía el pasado miércoles al norte de Bogotá, cuando detectó a dos presuntos delincuentes que iban disfrazados de domiciliarios, impactó a todo el país, que de inmediato se volcó a rendir un homenaje al uniformado que murió en el cumplimiento del deber, al tiempo que se abrió un debate de marca mayor en torno a qué está pasando con la estrategia de seguridad en la capital del país. Y no solo por el hecho trágico ya anotado sino porque casi a la misma hora en el sur de la ciudad se produjo otro incidente violento con saldo fatal. Días atrás un taxista perdió la vida al tratar de impedir un atraco, en tanto que un vigilante que salía de su trabajo fue también ultimado por delincuentes…
Como siempre que se plantea esta clase de dilemas, se produce un choque entre las frías estadísticas y la percepción ciudadana. Por ejemplo, a comienzos de este mes la Secretaría de Seguridad Distrital señalaba que en febrero once de los doce delitos de alto impacto presentaron una “importante reducción”, comenzando por el homicidio (-23%), hurto al comercio (-63,5%), robo a personas (-26,8 %), lesiones personales (-16%) y delitos sexuales (-47,6%). Incluso el hurto a bicicletas, que el año pasado se había incrementado, también se redujo levemente al término del segundo mes de 2021. El robo de motos fue el único que aumentó.
Sin embargo, en febrero la última Encuesta de Percepción y Victimización, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, indicó que la sensación de inseguridad aumentó 16 puntos porcentuales, al pasar del 60% en 2019 al 76% en 2020, el nivel más alto en los últimos cinco años. De igual manera, la percepción de seguridad en el barrio presentó un deterioro al reducirse del 44% al 41% de un año a otro, contrario a la tendencia del quinquenio reciente. De una manera más puntual, creció el porcentaje de ciudadanos que manifestó ser víctima directa de algún delito, al pasar del 15% en 2019 al 17% en 2020, en donde 132 de cada 1.000 personas fueron víctimas de hurto.
Más allá de ese pulso de porcentajes, es claro que la estrategia de seguridad y convivencia ciudadana en la capital del país urge reajustarse. Lamentablemente, en el día a día se evidencia que las bandas de delincuencia común y organizada están tomando una dimensión inusitada. Aunque el pie de fuerza policial se ha aumentado progresivamente en los últimos años, llegando en junio pasado a 230 uniformados por cada 100 mil habitantes, la media internacional señala que deberían ser por lo menos 300.
Pero no solo es cuestión de número de uniformados operando efectivamente. También debe acelerarse la implementación de la nueva estrategia de cuadrantes, en donde estos ya no se definen por límites geográficos sino por el escenario territorial de la amenaza delictiva. Bogotá, sin duda, tiene una de las redes más amplias de cámaras de vigilancia en el país, pero urge integrar su cobertura y tecnología. Igual ocurre con el equipamiento y modernización tecnológica de la Fuerza Pública, con el fin de permitirle una respuesta más rápida y eficaz ante las denuncias ciudadanas. No menos importante es avanzar la reforma penal que restrinja la excarcelación casi automática de los delincuentes reincidentes. Imperativas también son las campañas y pedagogía sobre la tolerancia y la cultura ciudadana, así como aumentar la coordinación entre Policía, Ejército, Fiscalía, alcaldías locales, frentes de seguridad y convivencia, redes de taxistas, vigilantes, comerciantes…
Pero para que todo ello sea posible hay un elemento determinante: la coordinación funcional y natural entre la Alcaldía y la Policía Metropolitana. Sin embargo, a lo largo del año y dos meses de la actual Administración la mandataria capitalina ha protagonizado más cortocircuitos y desencuentros con la Fuerza Pública que allanado puntos de coincidencia y articulación para mejorar los índices de seguridad y convivencia ciudadana. Las duras críticas al rol de la Policía en las marchas así como un pulso por la jerarquía de las órdenes operativas, entre otras crisis que incluso no se han escapado a un tinte lesivo de politización, han terminado por afectar el nivel de confianza e interacción entre el Palacio Liévano y el Comando Metropolitano. Negarlo sería ingenuo.
Visto lo ocurrido en las últimas semanas, es evidente que la estrategia de seguridad de la administración de Claudia López requiere un ajuste urgente. No es momento de ponerse contra la evidencia o descargar responsabilidades en terceras instancias o circunstancias. Se requiere una revisión general de la política, so pena de perder gran parte de lo ganado en los últimos años.