Por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de la construcción de la primera etapa del Parque Metropolitano El Porvenir de Bosa por $24.734 millones y obras de los parques vecinales de la UPZ Rincón de Suba por $9.683 millones, la Personería de Bogotá inició una averiguación disciplinaria contra funcionarios de la Administración del exalcalde Gustavo Petro del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) y la Universidad Distrital,

El Ministerio Público Distrital envió copia del informe preliminar a la Superintendencia de Industria y Comercio, para la respectiva investigación por posibles acuerdos anticompetitivos de firmas privadas para lograr la adjudicación de contratos en el IDRD en 2015. También solicitó a la Contraloría Distrital que determine un presunto detrimento patrimonial, a la Fiscalía por los delitos en los que pudieron incurrir los responsables y a Procuraduría investigar al contratista.

Los contratos, una vez firmados, al parecer, fueron entregados para su ejecución en su totalidad a una firma privada dedicada a trabajos en canteras y yacimientos minerales. Las obras nunca fueron terminadas. El Porvenir de Bosa, prevista para nueve meses, duró más de dos años y siete meses con una ejecución del 83,17% y los parques de Rincón de Suba, previstos para cuatro meses, tardaron más de 24 meses y no llegaron al 15% de avance. En ambos casos, solo hasta 2018 fue declarada la caducidad de los contratos.

Actuación

La Personería indaga la actuación de los servidores de la Universidad Distrital que realizaron la interventoría de las obras en los dos contratos y de los supervisores del IDRD quienes, al parecer, avalaron las adiciones, prórrogas, suspensiones y pagos sin el avance de las obras.

Las dos licitaciones fueron abiertas y adjudicadas en 2015 por el entonces subdirector Técnico de Construcciones del IDRD, Juan Carlos Montes Fernández. En ellas, al parecer, no hubo un adecuado estudio previo ni planeación, lo que permitió estimar de manera errónea los plazos de ejecución y que se exigieran unos requisitos financieros inferiores a la magnitud de las obras.

Para la construcción del parque El Porvenir de Bosa hubo seis firmas interesadas, pero solo dos se presentaron. Una empresa, no obstante de estar habilitada y cumplir con todos los requisitos, solo obtuvo 200 puntos. La otra firma fue calificada con 1.280 puntos y ganó el contrato.

Según el informe, habrían podido existir presuntos acuerdos anticompetitivos para burlar el proceso de selección de contratistas, fingiendo ser competidores cuando probablemente actuaban para simular una gran participación y dejar un solo proponente como candidato a ganar el contrato.

Los contratos fueron adjudicados a finales de 2015 a los Consorcios Parque Porvenir y Consorcio Parques de Suba, respectivamente, ambos con el mismo representante legal. Al Consorcio Porvenir le fue entregado el anticipo antes de lo establecido en el contrato y 5 días después subcontratró las obras con Transportes Lamd S.A.S., empresa dedicada a la explotación de canteras y yacimientos minerales.

El plazo de ejecución inicial del contrato del Porvenir era de nueve meses, terminando el 28 de septiembre de 2016; fue prorrogado en 4 oportunidades y suspendido en otras cinco, hasta que el 27 de abril de 2018 fue caducado, sin haberse culminado las obras.

A los nueve meses, justo cuando debían terminar las obras y con un avance del 40%, no se requirió ni sancionó al contratista por incumplimiento; por el contrario, le dieron una adición por $5.400 millones y una prórroga de cuatro meses, con los avales del interventor y del supervisor.

Se adicionó la construcción de dos canchas de baloncesto, dos de microfútbol, dos de fútbol, cuatro graderías, cuatro microestancias, dos módulos de administración, patinódromo, senderos de conexión, la reubicación de rampas, escaleras y taludes, parqueaderos, continuidad de graderías, cuerpo de agua y continuidad de instalaciones eléctricas y juegos infantiles.

De esa forma, el valor del contrato de $19.363 millones pasó a más de $24.763 millones, sin que la interventoría ni el supervisor advirtieran demora alguna. Solo dos meses después de terminado el plazo inicial, la interventoría informó sobre algún posible incumplimiento y 4 meses más tarde, en marzo de 2017, lo reiteró.