Crear Agencia, ¿‘tatequieto’ a problemas del PAE?

Foto archivo El Nuevo Siglo
El artículo 194 del Plan Nacional de Desarrollo, promulgado en mayo pasado, creó esta nueva entidad que busca promover la transparencia en la gestión de los recursos

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La semana pasada el presidente Iván Duque destacó la creación, a finales de este año, de la nueva Agencia de Alimentación Escolar que tiene como propósito garantizar que los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) lleguen a los comedores de los estudiantes y no caigan en manos de contratistas corruptos.

“Con el Plan Nacional de Desarrollo estaremos creando a finales de este año la Agencia de Alimentación Escolar, que no es burocratismo, sino practicidad (…). Esta agencia va a garantizar que los recursos lleguen a la alimentación de los niños y no se queden en los bolsillos de los contratistas, que, muchas veces, terminan dándoles un plato cualquiera y no la verdadera alimentación que se requiere para los niños”, afirmó el Jefe de Estado durante un evento realizado en Santander.

El artículo 194 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), promulgado en mayo pasado, creó esta nueva entidad con autonomía administrativa y personería jurídica propia y que estará adscrita al Ministerio de Educación. Su objeto, según la ley, será fijar y desarrollar la política en materia de alimentación escolar y, por ello, tendrá como objetivos específicos: fortalecer los esquemas de financiación del programa, definir esquemas para promover la transparencia en la contratación, ampliar su cobertura, garantizar la continuidad con criterios técnicos de focalización y proponer modelos de operación para fortalecer la territorialidad en esta materia.

El Mandatario resaltó que con la agencia será posible “que tengamos el mejor seguimiento a las minutas alimenticias”. Manifestó que también permitirá señalar a los contratistas que incumplan y subrayó que estas personas serán incluidas en “una lista negra”. “No queremos permitir que se vuelva a abusar de la alimentación que deben recibir los niños de Colombia”, expresó.

Duque aseguró que en lo corrido del Gobierno se ha incrementado el presupuesto para el PAE “en más de un 40%”, y agregó que el objetivo es mantener esa senda. “Queremos que para 2022 tengamos 7 millones de niños recibiendo, a través del Programa de Alimentación Escolar, todos los micronutrientes”, que les permita potenciar sus capacidades y el aprendizaje, dijo.

 

Dificultades

Más de $2 billones se están destinando este año para financiar el PAE, que permite dar desayunos, refrigerios y almuerzos a más de 5,6 millones de estudiantes de escuelas y colegios públicos en todo el país. Se trata de uno de los programas de mayor impacto social y, por ende, de los que requieren una vigilancia más extrema y detallada por parte del Gobierno, los entes de control, las administraciones departamentales y municipales así como de las propias instituciones educativas, veedurías ciudadanas, gremios y las asociaciones de padres de familia.

Varios hechos han mostrado que el PAE se convirtió en los últimos años en uno de los principales botines de las mafias de corrupción, politiquería y contratación ilegal en varias zonas del país. Son cuantiosos los recursos que se han perdido así como incontables los escándalos por el suministro de alimentos.

El Gobierno indicó que las dificultades actuales del programa van desde la ineficiencia del uso de recursos hasta los problemas de transparencia, fallas del servicio y la falta de seguimiento del impacto del programa.

En marzo, la Procuraduría anunció la apertura de investigaciones por presuntas irregularidades en la planeación, contratación y ejecución del PAE durante las vigencias 2016 y 2017 a siete mandatarios seccionales y locales, aparte de los 10 gobernadores que ya estaban siendo indagados.

A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que las pesquisas que buscan determinar si los funcionarios a cargo del PAE, empezando por los alcaldes y gobernadores, incurrieron en faltas disciplinarias, se estaban adelantando en los departamentos de Amazonas, Arauca, Meta y Valle del Cauca; en el municipio de Quibdó; y en los distritos de Buenaventura y Cartagena. Los afectados serían más de 600.000 estudiantes.

El órgano de control investiga a los actuales gobernadores de Valle del Cauca (Dilian Francisca Toro) y Arauca (Ricardo Alvarado), y al alcalde de Quibdó (Isaías Chalá). La Procuraduría también les adelanta proceso disciplinario a los mandatarios territoriales Ricardo Alvarado (Arauca), Eduardo Verano (Atlántico), Álvaro Pacheco (Caquetá), Óscar Campo (Cauca), Jorge Emilio Rey (Cundinamarca), Carlos Eduardo Osorio (Quindío), Óscar Barreto (Tolima), Didier Tavera (Santander), Edgar Martínez (Sucre) y Jesús María Vásquez (Vaupés).

 

Vigilancia

En julio, la Contraloría General de la República revisó al PAE en todos los planteles públicos del país y a la inversión en infraestructura que se hará en 231 colegios en 26 departamentos, por cerca de $10 billones, tendrá ahora un aliado en los estudiantes de educación superior, producto de una alianza que firmó este organismo con la Red Universitaria Anticorrupción (Reduva). La “Alianza por el Control Social” permitirá que los universitarios sean veedores del buen uso de los recursos y los bienes públicos, y se articulen con la Contraloría General de la República para identificar y proponer soluciones a problemáticas en el programa PAE, así como la ejecución de obras vitales que presentan dificultades, como los proyectos de infraestructura educativa.

Proyecto de ley

En el Congreso de la República se tramita una iniciativa que busca otorgarles herramientas a las asociaciones de padres de familia para que realicen un acompañamiento a la ejecución de los contratos del PAE. El proyecto fue aprobado en su primer debate en la Comisión Séptima del Senado en junio pasado.

El proyecto consta de dos artículos, el primero establece la vigilancia comunitaria sobre la operación del PAE por parte de las asociaciones de padres de familia. Y el segundo obliga tanto el interventor como a la entidad territorial contratante y a los entes de control a escuchar las observaciones de las asociaciones de padres de familia que tengan como resultado la veeduría que realicen a ese sistema.