El jefe militar a cargo de la seguridad de Santiago, Javier Iturriaga, decretó por tercer día consecutivo toque de queda nocturno para hacer frente a las incesantes protestas sociales, que dejan ya 11 muertos en todo Chile.

“Necesitamos nuevamente decretar toque de queda, el que regirá para toda la región Metropolitana a partir de hoy a las 08:00 p.m. y hasta  mañana a las 06:00 a.m.”, dijo Iturriaga en un mensaje televisado en el primer día laboral tras el estallido social iniciado el viernes y que continuó el fin de semana.

Las protestas no ceden

Miles de personas coparon la céntrica plaza Italia de Santiago, en la mayor manifestación en este lugar desde el inicio el viernes de unas protestas que no bajan de intensidad y que dejan 11 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos.

“Que se vayan los milicos”, gritaban a coro los manifestantes, en abierto desafío a las fuerzas militares y policiales que resguardan en gran número el centro de la capital chilena, bajo estado de emergencia, sin generarse de momento nuevos enfrentamientos.

“Esto no para; esto no para hermano”, afirmó una manifestante a la televisión local, cuando en un ambiente de gran tensión los chilenos abordaban el primer día laboral tras el estallido de las protestas, las más violentas desde el retorno a la democracia en 1990 con el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.

Hasta el momento “la cifra de fallecidos oficiales que tenemos que lamentar en estos últimos dos días es de 11”, dijo a periodistas Karla Rubilar, intendenta de la Región Metropolitana.

El ministro de Salud, Jaime Máñalich, informó de su lado que hay 239 civiles heridos -ocho de ellos en riesgo vital- al cabo de estos días de protestas.

El titular de la cartera de Interior, en tanto, dijo que 50 policías y soldados también resultaron heridos. La Fiscalía informó además de 2.151 detenidos en todo Chile.

En este primer día laboral desde el estallido social, muchos empleadores cancelaron las jornadas de trabajo y las clases estaban suspendidas en prácticamente todos los colegios y universidades.

Las autoridades calcularon en 20.000 los puestos de trabajo afectados por la destrucción y la bolsa de Comercio de Santiago caía en las primeras horas de operaciones más de 4%.

La falta del metro -eje del transporte público, con unos 3 millones de pasajeros por día-, era lo que más se extrañaba en esta ciudad de casi 7 millones de habitantes, obligados a hacer largas filas para tomar autobuses o acceder a las pocas estaciones del ferrocarril metropolitano abiertas.

La estación La Moneda, a pocos metros de la casa de gobierno, abrió sus puertas pasadas las 07:00 a.m., permitiendo el ingreso de decenas de personas que esperaban impacientes poder tomar un tren. Varios soldados resguardaban los ingresos, constató un periodista de la AFP.

“Guerra”

Si el detonante del conflicto fue el aumento de la tarifa del metro, con el correr de las horas las protestas se hicieron eco de otras reivindicaciones en una sociedad que incuba desde hace años descontentos con un modelo económico cuyo acceso a la salud y a la educación es prácticamente privado, con una alta desigualdad social, bajas pensiones y alza de los servicios básicos.

El gobierno ha condenado las protestas violentas y llamado a la calma pero el presidente Sebastián Piñera, que hasta hace pocos días se refería a su país como un “oasis” de tranquilidad, afirmó la noche del domingo que el país se encontraba “en guerra contra un enemigo poderoso”.

En el centro de Santiago se observa gran presencia militar y policial. Algunas tiendas -las más pequeñas- abrieron sus puertas, pero la mayoría de los supermercados y centros comerciales permanecían cerrados o abrían parcialmente.

En algunos supermercados, las personas hacían largas filas a la espera de que abrieran sus puertas para abastecerse de víveres. En las gasolineras se observaban también enormes colas de vehículos para cargar combustible.

La violencia de las protestas tiene a muchos perplejos, con miedo, aunque también expectantes de los cambios que se pueden venir tras el estallido.

“Se veía venir esto. El gobierno no ha hecho nada, no era solo el pasaje de metro lo que gatilló esto y terminó en vandalismo. Si el gobierno no hace cosas contundentes, medidas para mejorar los sueldos, la salud, las pensiones...”, dijo a la AFP Carlos Lucero, de 30 años, vendedor de sándwiches en el céntrico paseo Ahumada.

Chalecos amarillos

Con dos noches consecutivas de toque de queda tras decretarse el estado de emergencia en varias ciudades de Chile y cuando cundían los saqueos y pillajes en todo el país, vecinos se organizaron para evitar ataques a sus hogares.

Armados con palos y con los chalecos amarillos que popularizaron manifestantes en Francia, defendieron sus casas pero también supermercados y tiendas de barrio que quedaron en pie.

“La idea fue organizarnos e identificarnos entre vecinos, por eso nos pusimos los chalecos amarillos. Hubo algunos intentos de robo en el sector”, dijo Priscila, una vecina de la comuna de Macul (oriente de Santiago) al canal 24 horas.

Los vecinos, en alianza con fuerzas de orden, realizaron rondas de vigilancia junto a policías y militares que les permitieron salir a las calles pese al toque de queda.

Pide diálogo

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhortó ayer al diálogo en Chile y pidió a los manifestantes que salgan a la calle “de forma pacífica”.

“Exhorto al gobierno a que trabaje con todos los sectores de la sociedad hacia soluciones que contribuyan a calmar la situación”, dijo Bachelet en un comunicado.

Asimismo pidió a los manifestantes que salgan a las calles “de forma pacífica” y a las autoridades que “se aseguren" de que el derecho a la libertad de expresión sea “respetado”.

La expresidenta chilena admitió que hay “acusaciones inquietantes del uso excesivo de la fuerza” por parte de las fuerzas del orden y pidió que todos los actos que han derivado en heridos y muertos sean objeto de “investigaciones independientes, imparciales y transparentes”.

“También estoy alarmada por las denuncias de que a algunos detenidos se les habría denegado acceso a abogados, tal y como es su derecho, y que otros han sido maltratados en detención”, citó, pidiendo a las autoridades a que actúen respetando “los estándares internacionales de derechos humanos”.

“Cualquier aplicación del estado de emergencia debe ser excepcional y en base a la ley”, opinó Bachelet.

En lo que parece ser una clara alusión a Piñera y las medidas decretadas por su gobierno, la Alta Comisionada consideró además que “el uso de una retórica inflamatoria solo servirá para agravar aún más la situación y se corre el riesgo de generar miedo en la población”. /AFP