Los ministros de Interior de la Unión Europea lograron acuerdo sobre un mecanismo para el reparto de la acogida de los migrantes llegados de manera irregular a los países de entrada a la Unión Europea sometidos a una mayor presión de los flujos migratorios, uno de los pilares del equilibrio entre "responsabilidad y solidaridad" que buscaban los gobiernos para desbloquear la reforma de la política de asilo común.

Este acuerdo, no obstante, no es el final del camino de la reforma, pero fija las líneas rojas de los Veintisiete que deben negociar ahora la versión definitiva de los reglamentos para el control y el procesamiento del asilo con el Parlamento Europeo; lo que en la práctica allana el camino para cumplir el objetivo de cerrar el Pacto sobre Migración y Asilo antes de las próximas elecciones europeas, en junio del próximo año.

"Muchas gracias por este amplio apoyo", ha dicho la ministra sueca de Interior y presidencia de turno de la UE, María Malmer, tras constatar que se daba la mayoría cualificada necesaria para dar luz verde a los textos sobre la mesa, tras una jornada de negociaciones entre ministros. "Somos mucho más fuertes cuando trabajamos unidos", ha celebrado, por su parte, la comisaria de Interior y promotora de la reforma, la socialista sueca Ylva Johansson.

La migración ha sido mucho tiempo un tema "tóxico" y bloqueado la reforma durante más de siete años por las enormes diferencias entre los gobiernos, ha recordado en una rueda de prensa al término de la negociación en Luxemburgo la comisaria Johansson, para quien este jueves es un día "histórico" aunque queda por delante la negociación con la Eurocámara, que insiste en introducir cuotas obligatorias de reubicación.

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El acuerdo ha sido posible después de que Italia levantara sus reservas con respecto a las condiciones para deportar a los migrantes sin derecho al asilo que llegan a la Unión Europea. Finalmente, sólo Hungría y Polonia han votado en contra del acuerdo, aunque las delegaciones de Bulgaria, Malta, Eslovaquia y Lituania se han abstenido porque tampoco están satisfechos con el texto.

Los ministros han fijado los criterios y umbrales que quieren que se apliquen a la hora de activar un mecanismo de "solidaridad flexible" que obligará a los demás países a reaccionar cuando uno de los socios se vea desbordado con la llegada de migrantes, ya sea reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas o pagando una compensación tasada por cada reubicación que rechace.

La fórmula acordada establece una reubicación de un mínimo de 30.000 migrantes cada año y una contribución financiera de al menos 600 millones de euros anuales a la reserva de solidaridad de aquellos gobiernos que no acepten dar asilo a la parte que les corresponda, lo que en la práctica supone que deberán pagar una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado. La propuesta prevé también como alternativa una aportación en material útil para la gestión y control de los flujos a la altura del valor de la compensación estimada.

"Hoy hemos dado un gran paso para dotar a Europa de un sistema de asilo y migración más eficaz, más solidario y más justo", celebró el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un comunicado remitido al término de la reunión.

Además advirtió que junto a estos dos reglamentos clave en la reforma del asilo, la UE debe reforzar también el control de la frontera exterior por lo que ha incidido en que "el Pacto sólo funcionará si consolidamos un sistema de colaboración preventiva robusto y permanente con los terceros países de origen y tránsito de la migración