Ha sido notable, violentamente hostil incluso, la amplia manifestación y presión que han continuado ejerciendo durante estos dos primeros meses de 2024 los agricultores europeos, en especial los de Alemania, Francia y hasta cierto punto los de España.

El argumento central a destacar en esta nota es que estas posiciones compartidas entre los productores agropecuarios europeos en general se oponen a la agenda globalista de Bruselas; se niegan en lo esencial a perder los apoyos de la Política Agrícola Común de Europa.

Una de las repercusiones es bloquear los previstos acuerdos de libre comercio que hasta hace poco avanzaban entre la Unión del Viejo Continente y otras regiones y países del mundo, incluyendo al Mercosur –Tratado del Mercado Común del Sur–, iniciado el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción, Paraguay.

En este sentido, es de recordar que los manuscritos y borradores del Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea (UE) han venido negociándose desde mediados de la década de los años noventa. Se estima que un logro notable en todo este proceso de políticas económicas conjuntas tuvo lugar el 28 de junio de 2019. Ese día se anunció un acuerdo comprehensivo logrado entre los dos bloques.

Ese logro se dio a conocer por los presidentes y jefes de Estado: Mauricio Macri (Argentina), Jair Bolsonaro (Brasil), Emmanuel Macron (Francia) y Ángela Merkel (Alemania). Sin embargo, la evidencia muestra que falló el seguimiento.

Tal y como lo documenta Sergio Ferrari, “el texto no se pulió, ni se ratificó, como se debía hacer, por parte de los diferentes Ejecutivos y Legislativos”. Hubo manifiesta oposición en los países ante lo que se consideró “secretismo” de procesos y escritos secuenciales de la negociación.

En particular en Europa se fueron decantando dos posiciones. Por una parte, la denominada “burocracia de Bruselas”, quienes auspiciaban los contenidos del acuerdo. Y por otra parte los agricultores, que desde un inicio –aunque al principio de manera menos notoria– se oponían a la abierta competencia con los productores agropecuarios del principal tratado de libre comercio de los países latinoamericanos.

Se hace evidente que de entrar en vigor el acuerdo entre Mercosur y la UE, las características estructurales de mercado y por tanto los alcances del mismo serían tan ambiciosos como impactantes: involucraría a unos 780 millones de personas, además de contar con volúmenes de comercio entre 44 y 48 mil millones de dólares –suma de exportaciones e importaciones–.

Como parte de la dinámica que se desarrollaba, Bruselas hizo varios intentos de adelantar procedimientos y mecanismos para dar operatividad al tratado.

El bloqueo al tratado Mercosur-UE también tiene repercusiones adicionales muy importantes. Tómese en cuenta que existe en Europa, también, la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Se trata de países que no forman parte de la Unión Europea, que sí han estado de acuerdo en abrir fronteras, competitivamente, con Mercosur.

Miembros de AELC son, por ejemplo, Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega. Estos países, como se sabe, se han mostrado reticentes a ser parte de los esfuerzos de integración en Europa, pero sí estaban trabajando por forjar acuerdos de libre comercio con naciones sudamericanas. Pues bien, no llevar a cabo el tratado del bloque europeo con Mercosur impediría también el involucramiento de los integrantes de AELC.

Es claro que los agricultores europeos ven como existen, por un lado, mayores requisitos de calidad tanto en productos como en procesos de producción. Estos requerimientos se relacionan directamente con los nuevos estándares ambientales europeos. Algunos se han referido a esto como las “medidas de ecosuicidio económico” para los agricultores. Es evidente que esto aumenta los costos de producción y disminuye automáticamente los márgenes de rentabilidad de los productores, aun cuando estos cuentan con apoyos y subsidios de las políticas agropecuarias europeas.

Los agricultores que participan en las protestas hacen ver que las medidas de apertura competitiva van en contravía de las aspiraciones de seguridad y soberanía alimentaria. Un tema que, por otra parte, al menos de manera intermitente, cobra actualidad en algunos países de América Latina y el Caribe. Tienen razón los europeos y los estadounidenses en este sentido: producir alimentos –así sea subsidiados– brinda seguridad alimentaria en los países; además, muy importante, proporciona poder político internacional.

Estas condicionantes están bastante claras en un manifiesto que presentó la Confederación Campesina de Francia el pasado 29 de enero. En ese documento se hace ver un conjunto de 20 reivindicaciones. Se incluye prioritariamente el “no rotundo a tratados de libre comercio” y la oposición a “prácticas desleales”. Es de estudiar los mercados de manera específica.

Sin embargo, algo es evidente: los países más desarrollados son consistentes con la política de proteger sectores vitales donde llevan la delantera, tal el caso de los relacionados con la seguridad alimentaria.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor Facultad de Administración de la Universidad del Rosario

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