SER “víctima” de su otrora aliado y hoy presidente Luis Arce, a quién acusa de querer entregarlo “como trofeo de guerra a Estados Unidos” se declaró el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, tras conocerse su imputación y orden de arresto por el delito de trata de seres humanos.

Al igual que otros presidentes de izquierda de América Latina, Morales asegura que está bajo un “brutal” lawfare, (guerra judicial). "Se inventan delitos en mi contra; no respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso; me condenan y fusilan jurídica, política y mediáticamente", escribió en la red social X.

Luego agregó: "No tienen pruebas, solo consignas y odio desenfrenado. El único delito que cometí es que siendo el primer presidente indígena logré un país con una economía justa para el pueblo".

Sin aludir directamente al caso, Morales también señaló ser blanco de "un constante bombardeo de difamación e insultos". En octubre denunció un supuesto atentado contra su vida a manos de la fuerza pública.

"El Gobierno tiene un ejército de fiscales, jueces, policías y militares que no solo buscan eliminarme política y moralmente, sino básicamente", remarcó.

Morales ha puesto en valor que durante su mandato no permitiera las intromisiones "del imperio norteamericano", destacando incluso "haber expulsado al embajador de Estados Unidos y a sus agencias saqueadoras y represoras".

Además, ha acusado al Gobierno de no sólo buscar su fin político y moralmente", sino también de querer acabar con su vida. "Por eso intentaron envenenarme y matarme", ha asegurado.

Este lunes, se solicitó el arresto del expresidente indígena aymará durante seis meses después de que no se presentara a declarar en la sede del Tribunal Justicia de Tarinja en relación a la denuncia en su contra por una relación que habría mantenido en 2015 con una menor, actualmente en paradero desconocido también, fruto de la cual nació una hija.

Los progenitores de la entonces menor están acusados también de tráfico de seres humanos, ya que habrían consentido la relación a cambio de favores políticos. Se ha solicitado la detención de la madre de ella, el padre está en prisión desde octubre, y al igual que a Morales, se le ha activado la alerta migratoria.

La defensa legal del ex jefe de Estado sostiene que el caso ya fue investigado y archivado en 2020. "Nadie puede ser procesada por los mismos hechos dos veces", expresó Marcelo Galván, uno de sus abogados, en conferencia de prensa.

De acuerdo con la información que maneja la Policía, Morales se encontraría en Chapare, provincia del departamento de Cochambamba, bastión social del expresidente del que partieron las últimas movilizaciones en su apoyo y se extendieron los bloqueos que recientemente incomunicaron durante un mes una parte del país.

La Policía ha informado también de que Morales no se encontraba además en el domicilio del municipio de Villa Tunari en el que dijo que residía cuando comenzó todo este proceso.

La Fiscalía de Tarinja ha confirmado que la Policía no ha podido detener al expresidente debido al riesgo de "resistencia organizada" que existe, así como por la información falsa que ha facilitado a lo largo de todo el proceso judicial en su contra.

"Pese a las gestiones realizadas, se identifican riesgos técnicos y operativos significativos, además de resistencia organizada y dificultades logísticas", ha contado la fiscal de Tarinja, Sandra Gutiérrez, quien imputó formalmente a Morales por el delito anteriormente mencionado.

En el mismo sentido se pronunció el viceministro del Interior, Jhonny Aguilera: "existe una barrera de simpatizantes de Morales que entorpecen las labores de la Policía para su arresto. Se encuentran en las inmediaciones de Lauca Ñ con la intención de impedir que se cumpla la orden judicial"./Redacción internacional con agencias