LOS movimientos de autodefensa se están extendiendo y ganando apoyo público en medio de la creciente inseguridad en Haití, lo que aumenta la posibilidad de que estos se fusionen en organizaciones criminales.

Lo que comenzó como una serie de asesinatos extrajudiciales de presuntos miembros de pandillas en las últimas semanas se ha convertido en todo un movimiento de vigilancia parapolicial llamado "Bwa Kale" (término que significa "madera pelada" en creol haitiano).

Varios presuntos miembros de la conocida pandilla Kraze Baryè fueron asesinados el pasado fin de semana en el barrio de Petionville de Puerto Príncipe, según el periódico haitiano L'Exclusivité.

En incidentes similares han muerto decenas de personas en otros barrios desde finales de abril, según informan los medios de comunicación locales, aunque a principios de mayo no se habían publicado estimaciones oficiales.

La chispa que detonó el movimiento "Bwa Kale" (término que significa "madera pelada" en creol haitiano) ocurrió el 24 de abril, cerca del barrio Canapé Vert, al sur de Puerto Príncipe. La policía aprehendió a 14 pandilleros en un microbús, pero una muchedumbre cada vez mayor presionó a la policía para que liberara a los detenidos y se los entregara a la turba. Los videos del hecho se regaron como fuego en las redes sociales, mostrando cómo la turba apedreaba y quemaba brutalmente a los sospechosos con neumáticos.

El movimiento "Bwa Kale" ha estado conformado principalmente por numerosos grupos de civiles provistos de armas improvisadas, que persiguen y asesinan a presuntos pandilleros y queman sus cuerpos. No se sabe con certeza cuántos civiles inocentes han caído muertos, pero parece que al menos un agente de policía fue atacado por error.

El fenómeno de los vigilantes o autodefensas no es exclusivo de Puerto Príncipe. En la ciudad de Miragoane, oeste de Haití, un alto oficial de seguridad, Jean-Ernest Muscadin, se ha hecho popular por liderar ejecuciones extrajudiciales y comandar milicias sin autorización de la policía. Al hacerlo ha sido objeto de condenas generalizadas de las organizaciones de derechos humanos haitianas.

En abril, las Naciones Unidas (ONU) reportó que la policía de Haití solo tenía 9.000 agentes en servicio activo en un país de más de 11 millones de personas, es decir, solo un agente por cada 1.200 personas. En comparación, el Departamento de Policía de Nueva York cuenta con unos 36.000 agentes para solo 8,5 millones de habitantes.

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Aunque la policía no se está promoviendo estas ejecuciones extrajudiciales, tampoco se están oponiendo, señaló Henri-Louis Mars, director ejecutivo de Lakou Lapè, organización para la construcción de paz con sede en Puerto Príncipe, en intercambio con InSight Crime.

"Están aceptando toda la ayuda que puedan recibir de la población", acotó Mars.

¿Mutarán a bandas criminales?

La falta de capacidad y recursos de los sistemas judicial y de seguridad de Haití ha alimentado estos movimientos y proporciona un contexto para que los grupos de vigilancia parapolicial se extiendan a otras actividades ilegales.

Los grupos de vigilancia han surgido como respuesta a la ineficacia de las instituciones locales de seguridad en otros países de América Latina y el Caribe. Aunque estos grupos empiezan luchando contra organizaciones criminales, a menudo aprovechan el apoyo popular y la falta de capacidad institucional para introducirse en economías criminales como la extorsión, el tráfico de armas y drogas y los asesinatos por encargo o sicariato.

En México, varios grupos criminales reconocidos comenzaron como "movimientos de autodefensa" localizados, donde los civiles se alzaban en armas contra otros grupos, pero con el tiempo, muchos se asociaron progresivamente con el hampa y terminaron por adoptar las estructuras que alguna vez se propusieron erradicar. Grupos como los Viagras y el Cartel de Tepalcatepec en el estado occidental de Michoacán, empezaron así.

En El Salvador, grupos de autodefensas que se presentaban como policía comunitaria perpetran desde hace mucho tiempo ejecuciones extrajudiciales de pandilleros, en especial durante campañas del gobierno contra las pandillas. Sin embargo, investigaciones de los medios de comunicación salvadoreños mostraron cómo estos grupos habían sido infiltrados por policías y militares activos, dejando como resultado casos de tortura, tráfico de armas y extorsión.

Y en Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comenzaron como un escuadrón de la muerte que perseguía a los grupos guerrilleros en la década de 1980, pero pronto victimizaron y extorsionaron a activistas, líderes sindicales y población civil.

Los factores que dieron origen a Bwa Kale, como la ausencia de instituciones judiciales y de seguridad funcionales, podrían llevar a sus seguidores a imitar esta tendencia de otros países de la región.

"Es una reacción de una población que no contó con la protección de la policía, ni del gobierno, entonces han tomado las cosas por su cuenta", observó Mars.

Violencia sin fin

La escalada de violencia en que vive sumido a Haití, con zonas prácticamente controladas por bandas armadas e incidentes diarios de ataques y secuestros, se han cobrado la vida en este primer cuatrimestre de más de 1.400 personas, 600 de ellas solo en abril, según una estimación de Naciones Unidas, que ha reclamado "apoyo urgente" para el país más pobre de las Américas.

Entre enero y marzo, la oficina de la ONU en Haití también registró 393 heridos y 395 casos de secuestro.

Para el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, estas cifras evidencian que Haití vive "una espiral de violencia interminable. Todas las informaciones que recibo de Haití evidencian la escala del sufrimiento", señaló esta semana en un comunicado en el que también urgió "un plan de acción global" para ayudar desde la comunidad internacional a las debilitadas instituciones haitianas.

El vacío institucional y la falta de unas mínimas garantías de seguridad ha derivado en un "preocupante" aumento de los linchamientos a supuestos miembros de bandas criminales, con 164 muertes documentadas en abril. Los haitianos "se están tomando la justicia por su mano", lo que según Turk "sólo alimentará la espiral de violencia".

"El Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos. Los ciudadanos deberían poder confiar en la Policía y en las autoridades judiciales para atajar la violencia de las bandas, pero la realidad es que el Estado no tiene capacidad de responder", advirtió.

Para Turk, "la actual emergencia de Derechos Humanos requiere de una respuesta contundente, urgentemente", lo que pasaría también por atajar las causas que subyacen a todas estas tensiones, como la extrema pobreza o la falta de servicios básicos, desde el suministro de agua a la alimentación, pasando por atención sanitaria o vivienda.

La inacción, de hecho, está provocando que la violencia sea cada vez más extrema y frecuente y que, además, las bandas sigan ampliando las zonas bajo su control. Barrios de Puerto Príncipe que hasta ahora se consideraban seguros, como por ejemplo Kenscoff y Pétion Ville, han visto aumentar la presencia armada, al igual que el departamento de Artibonite.

Haití, la nación más pobre del hemisferio occidental, se ha visto devastada por las crisis coyunturales de seguridad, política y salud, y ahora por las bandas armadas que controlan buena parte de la capital, las que han utilizado tácticas crueles para imponer la ley del terror.

Se habla, entre otros, de violencia sexual, tiroteos indiscriminados y quema de personas vivas en lugares públicos e inclusive en medios de transporte.

El documento también hace referencia a los cada vez más extendidos grupos de autodefensa, conocidos como "brigadas de vigilancia", tras los llamados hechos por políticos y periodistas para que los ciudadanos se organicen y luchen contra la violencia de las bandas.

Estos grupos han desencadenado linchamientos colectivos y han causado la muerte de al menos 75 personas, 66 de ellas miembros de pandillas, en el primer trimestre, según el informe de Naciones Unidas