El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, presentó ante el opositor Congreso un proyecto de reforma constitucional para que los militares apoyen a la policía en el combate al crimen organizado y el narcotráfico.

Con esta modificación "las Fuerzas Armadas y la Policía nacional podrán colaborar continuamente en la lucha con el crimen sin necesidad de declarar estados de emergencia", dijo Lasso en las afueras de la Asamblea Nacional.

La Constitución ecuatoriana establece que las Fuerzas Armadas se encargan de la defensa de la soberanía territorial y la Policía de resguardar el orden interno.

La reforma al artículo 158 de la Carta Magna propone que la participación de las Fuerzas Armadas en patrullajes se haga "previa solicitud" de la Policía o del presidente, según un decreto presidencial emitido este miércoles que contiene la propuesta presentada por el propio gobernante.

Actualmente militares y policías pueden operar en conjunto cuando hay decretos de estado de excepción, como el que está vigente en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo tras una ola de violencia desatada por bandas ligadas al narcotráfico.

El cambio planteado en principio iba a ser parte del referendo del próximo 5 de febrero, pero la Corte Constitucional -que analizó las preguntas- determinó que la modificación debía ser tratada por la Asamblea Nacional.

Enfrentado con el Legislativo, que intentó destituirlo durante las violentas protestas de junio pasado, Lasso llamó a dejar de lado las "pugnas de poder...para privilegiar la seguridad y la paz".

"El apoyo de las Fuerzas Armadas es vital en la lucha contra los violentos, contra los narcos, contra los delincuentes, incluso contra la narcopolítica en el Ecuador", expresó el gobernante.

El oficialismo tiene apenas 13 de los 137 curules en el Congreso, donde las fuerzas de oposición hacen mayoría pero están dispersas.

La Asamblea tiene un año para tratar el proyecto de reforma constitucional. El primer paso será crear una comisión especializada, la cual emitirá un informe que deberá ser analizado en dos debates. Se requieren 92 votos para aprobar la enmienda.

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Así las cosas, el referendo del próximo febrero será exclusivamente sobre seguridad, política y medio ambiente.

"El Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptó realizar la convocatoria al referendo 2023 dentro del plazo legal para que coincida con las elecciones seccionales", dijo Lasso en una cadena de radio y televisión.

El mandatario había convocado mediante decreto a una consulta popular con la que pretende, entre otras cosas, dar paso a la extradición de ecuatorianos vinculados al crimen organizado y reducir el tamaño del Congreso.

Por su parte, el CNE señaló en Twitter que la campaña para promover las opciones del referendo iniciará el 3 de enero y se extenderá hasta el 2 de febrero de 2023.

"La consulta es una herramienta para derrotar al principal enemigo de todos: la narcodelincuencia y el crimen organizado", expresó el mandatario, en el poder desde mayo de 2021.

El referendo plantea ocho preguntas, que incluyen una sobre la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos vinculados al crimen organizado transnacional, que azota al país y que ha llevado al aumento de homicidios y decomisos de droga.

"Es momento de reconocer que no podemos vivir en constante estado de excepción. La ley no lo faculta. Por ello requerimos, sí o sí, una solución directa, permanente y clara", agregó el gobernante.

Lasso además propone reducir el tamaño de la Asamblea Nacional, donde el oficialismo tiene apenas 13 de los 137 diputados y la oposición está dispersa. Además busca que los partidos políticos cuenten con un mínimo de afiliados y sean auditados periódicamente.

Ese día también se elegirá a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social encargado de designar autoridades de control, y al que mediante referendo Lasso pretende restarle facultades y modificar su mecanismo de elección.

En cuanto a las preguntas sobre medioambiente, el Ejecutivo propuso incluir los sistemas hídricos dentro de las áreas protegidas y entregar compensaciones que serán reguladas por el Estado a comunidades o pueblos indígenas que presten servicios ambientales.