Las organizaciones de defensa de los derechos humanos alzaron nuevamente la voz para acusar al régimen de Pekín de encierros masivos, trabajos forzados, esterilizaciones y aniquilación cultural en la región de Xinjiang, donde reside la minoría musulmana uigur.
China niega cualquier persecución de las minorías musulmanas en la provincia del extremo oeste del país, y apoya que su política en el lugar facilitó erradicar el terrorismo y relanzar la economía local.
Estados Unidos, por su parte, afirmó que China comete un "genocidio" contra los uigures, que representan cerca de la mitad de la población de Xinjiang, con 12 millones de habitantes, e impusieron sanciones en respuesta. Ante este calificativo, China calificó sus acusaciones como la "mentira del siglo".
De acuerdo con varios investigadores, las autoridades chinas internaron más de un millón de uigures y otras personas surgidas de etnias musulmanas en centros de detención y cárceles de la provincia. China niega esa cifra y explica que se trata de "centros de formación profesional" destinados a combatir el radicalismo islamista.
Pero exdetenidos testificaron que ha habido violaciones y torturas en el interior de esos campamentos, así como un adoctrinamiento político por parte de oficiales chinos, todo eso enmarcado en un sistema de vigilancia omnipresente.
Guardias equipados con gas lacrimógeno, pistolas eléctricas o paralizantes y matracas con puntillas controlan esos centros rodeados de alambre de púas y cámaras infrarrojas, según documentos gubernamentales examinados por la AFP en 2018.
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La fuga de una serie de datos gubernamentales, especialmente un expediente confidencial de 2019 conocido con el nombre de "Xinjiang Papers", hizo posible comprender mejor la magnitud de la estrategia de internamiento de Pekín.
Otros documentos obtenidos por el profesor de la Universidad de Sheffield David Tobin, y vistos por la AFP, muestran cómo los funcionarios del norte de la región fueron movilizados teniendo como objetivo de manera sistemática a los musulmanes.
China también está acusada de reclutar uigures en sus programas de "transferencia de mano de obra" forzada, relacionados con cadenas internacionales de suministro en diversos sectores, que van desde la vestimenta al automotriz. De acuerdo con este país, esas iniciativas facilitan reducir la pobreza, procurando empleos bien remunerados para residentes rurales con bajos ingresos.
Pero la investigación indica que las autoridades obligaron a decenas de miles de personas a trabajar en campamentos y fábricas, en el marco de un sistema relacionado con los campos de detención.