En 2017, Evo Morales, un antiguo líder cocalero, que fue director de las “Federaciones de Productores de Hoja de Coca”, lograba promulgar una nueva ley que duplicaba el área permitida de 12.000 a 22.000 hectáreas de cultivo legal de coca en Bolivia.

“Queremos garantizar el suministro de coca de por vida para las personas que la usan legalmente”, dijo Morales en un discurso. La coca en Bolivia es legal desde 2013 por su uso ancestral por parte de las comunidades indígenas que la usan para combatir el “soroche” o para manejar la sed, el hambre o el dolor.

Morales celebraba este avance legislativo como un logro histórico, mientras que la oposición advertía que esta ley iba a generar beneficios para el crimen organizado de Perú y Brasil, que sacaría provecho de la ubicación geoestratégica de Bolivia y la sobreproducción de coca legal e ilegal en ese país.

A seis años de la ampliación de hectáreas de coca legal en Bolivia, los resultados son más próximos a lo que en su momento alertó la oposición. Como otros países de la región, Bolivia se ha convertido en un “narcoestado”, con las instituciones cooptadas por el narcotráfico, un incremento de la tasa de homicidios a causa de las disputas entre organizaciones criminales en zonas que no son tradicionalmente cocaleras (Santa Cruz de la Sierra) y la entrada de las organizaciones criminales transnacionales de Brasil y Perú, aliadas con clanes regionales que se dedican a la producción legal o ilegal de coca.

Según el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, Bolivia dejó de ser el clásico productor de hoja de coca a convertirse en un productor más de clorhidrato de cocaína.

“Era un vendedor barato de la pasta base de cocaína, que después era procesada en Brasil, Perú o Colombia. Pero esto ha cambiado”, dice a DW la politóloga boliviana Ana Soliz, investigadora de la Universidad de las Fuerzas Armadas alemanas en Hamburgo.

“El poder de las pandillas brasileñas y clanes criminales locales, combinado con políticas de gobierno deficientes, han propiciado el crecimiento continuo del tráfico de cocaína en Bolivia en los últimos años. Y el mercado legal de la coca en Bolivia no es suficiente para contrarrestar la demanda internacional de cocaína y la violencia que esta economía trae aparejada”, comentó “Insight Crime”, en 2022.

Chapare y los Yungas

La tradición cocalera y su reconocimiento por parte de Evo Morales en 2012 trajo buenos resultados en su momento. Las tasas de homicidios en el país empezaron a descender rápidamente al mismo tiempo que Bolivia logró posicionarse como una alternativa a la “guerra contra las drogas” promovida por Estados Unidos desde los tiempos de Richard Nixon, y relanzada por múltiples gobiernos. Evo también reivindicaba el enfoque ancestral del consumo por parte de grupos indígenas, criminalizado por los anteriores gobiernos bolivianos.

La legalización de la coca tuvo como epicentro dos regiones de Bolivia, Chapare, Cochabamba, y los Yungas, la Paz, donde los productores tienen permiso de plantar las 12.000 hectáreas de coca legales (hoy 22.000) que han sido reconocidas por la legislación boliviana.

Estas poblaciones no fueron escogidas de la nada para convertirse en regiones productoras. Desde hace décadas, en ellas existe un ecosistema productivo alrededor de la hoja de coca, en el que se entrelazan valores culturales, prácticas ancestrales y, sobre todo, modelos de negocio, pues de él viven muchas familias.

Un interesante paper ha mostrado los resultados positivos que trajo la legalización en Chapare y Las Yungas. En “Why is the drug trade not violent? Cocaine production and the embedded economy in the Chapare”, el investigador Thomas Grisaffi de la Universidad de Reading, Inglaterra, da cuenta que en Chapare la violencia bajó con la legalización de la coca.

“Los sindicatos agrícolas cocaleros actúan como una forma paralela de gobernanza, proporcionando un marco para la resolución pacífica de disputas, y trabajan activamente para excluir al Estado y a los actores criminales”, concluyó este académico inglés.

El fin último de las discusiones sobre la legalización de la droga es disminuir la violencia asociada a la producción de estupefacientes, en este caso la coca.

Los investigadores de los mercados de las drogas como Angélica Durán y Benjamin Lessing argumentan que los índices de violencia no están “tan relacionados con el volumen de drogas en un entorno determinado, sino que el factor clave es la desestabilización del mercado”. A mayor desestabilización del mercado con nuevos actores y acciones estatales, más violencia. Este argumento apunta a los casos de México o Colombia ahora, donde hay una emergencia de múltiples nuevos actores que luchan por las rentas ilícitas.

Con el paso de los años, en Chapare empezó a desestabilizarse el mercado. Por un lado, han surgido disputas entre los cocaleros promovidas por Evo Morales y el presidente actual, Luis Arce. Morales ha cosificado al movimiento cocalero del Chapare como brazo político y violento contra las medidas de Arce. Este, por el otro lado, ha buscado aliarse con los cocaleros de los Yungas, para morigerar el control que tiene Evo Morales sobre el movimiento cocalero.

Estas disputas políticas han terminado en la desestabilización del movimiento cocalero boliviano, generando una oleada violenta. No solo esto. La falta de una política pública clara, la sobreproducción de coca legal que termina en manos de los ilegales y la presencia de los grupos criminales brasileños, han convertido a Bolivia en una “narcoestado”.

El crimen organizado

La legalización de la coca en Bolivia se ha chocado con una realidad presente en toda América Latina: el crimen organizado transnacional. El “Comando Vermelho” y el “Primero Comando Do Capital” han aprovechado la laxitud de las autoridades bolivianas en los últimos años para producir y comercializar clorhidrato de cocaína en Bolivia de manera ilegal y comprar parte de la coca legal que se produce en el país.

Según datos de InSight Crime, hasta el 40% de la hoja de coca producida legalmente se comercializa al margen de la ley, como materia prima para la producción de cocaína.

La economía de la coca en Bolivia se caracteriza por ser formal, informal e ilegal, y conforme a esa mezcla de estatus −como pasa con la minería− el crimen organizado saca tajada, aprovechando la laxitud del Estado y la necesidad de los productores legales de vender toda la producción.

Se ha encontrado que los productores legales de coca en Bolivia tienen tendencia a la sobreproducción del alcaloide. Para 2022, se registraba una producción total de coca en el país de 52.000 toneladas, cuando en el mercado legal el producido es de 19.000 toneladas.

“Existe la tendencia hacia la sobreproducción de coca más allá de los límites fijados por la ley y el incremento del contrabando de coca peruana han hecho del país un lugar donde abunda la materia prima para la producción de cocaína. Esto es un incentivo para el narcotráfico, donde, junto a otros factores, ha incidido para que el país se convierta en un laboratorio de fabricación de cocaína y en el principal proveedor de esta droga en el cono sur de América Latina”, asegura InSight Crime

Vista como una región cocalera que logró unos años de paz, Chapare hoy se ha convertido en el eje de producción de clorhidrato de cocaína. Los cultivos de coca aumentaron 44% de 2019 a 2022. Solo el 10% del producido se reporta a las autoridades de forma legal, y el resto queda para la comercialización por medio del contrabando y la comercialización del crimen organizado brasileño y regional.

La legalización por la que Evo Morales defendió como base política hoy ha quedado en manos de las dinámicas criminales. El caso de Bolivia demuestra que el complejo panorama criminal de América Latina supera las buenas intenciones basadas en reconocimientos ancestrales y de economía populares.

Bolivia hoy no es reconocida por comunidades cocaleras, sino por ser el eje de producción de cocaína y comercialización de marihuana en el sur del continente.

*Analista y consultor. MPhil en Universidad de Oxford.