Este jueves el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió que las autoridades políticas solo serán juzgadas en una instancia superior en casos de delitos cometidos durante el ejercicio de sus cargos o en función de sus actividades parlamentarias, como son los delitos de corrupción o lavado de dinero, por ejemplo.

Hasta el momento, el llamado “foro privilegiado”, con el que contaban los 594 diputados federales y senadores brasileños, permitía que los parlamentarios solo fueran juzgados por tribunales superiores y no por jueces de primera instancia en tribunales inferiores.

Con la nueva decisión, aprobada por siete de los once ministros del STF, después de casi un año de análisis (la primera sesión sobre el tema se realizó el 31 de mayo de 2017), los congresistas serán juzgados por tribunales inferiores cuando los delitos cometidos no estén relacionados con el ejercicio de sus funciones.

La decisión no afecta, sin embargo, a otras 54.400 autoridades, que mantendrán el beneficio, como es el caso del presidente y del vicepresidente de la República, de los ministros del Estado, jueces, miembros del Ministerio Público, diputados estatales, gobernadores, alcaldes y comandantes de las Fuerzas Armadas, entre otros.

Ese cambio de paradigma afectaría el 95% de los casos judiciales en los que están involucrados parlamentarios y que actualmente se tramitan en el STF, de acuerdo con un estudio realizado por la Fundación Getulio Vargas.

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En total, 431 investigaciones y 101 acciones penales contra políticos están en las manos de la principal corte brasileña. El mismo estudio concluye que si esos procesos se tramitaran en primera instancia, en los tribunales comunes, su conclusión sería más rápida y con más posibilidades de castigo para los culpables.

Solo en el marco de la Operación Lava Jato hay más de 100 procesos judiciales que involucran a los principales políticos del país con mandato en la Corte. Algunos de ellos son el presidente Michel Temer, cuatro de sus ministros y exministros (Moreira Franco, Eliseo Padilha, Helder Barbalho, Gilberto Kassab), además de 43 diputados federales, tres gobernadores, 28 senadores y un ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión. La mayoría de ellos tienen planes de disputar los comicios que se celebrarán en octubre en Brasil.

Los ministros del STF todavía no han calculado el impacto de la decisión en los procesos en curso en la Corte, aunque ellos han negociado en la trastienda del tribunal hasta el último minuto para intentar establecer límites más claros para la aplicación del nuevo paradigma.

Hay proyectos en trámite en el Congreso Nacional que buscan reducir el llamado “foro privilegiado” a solamente los presidentes de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Uno de los ministros del STF, el magistrado Dias Toffoli, profirió su voto en el mismo sentido: “Teniendo en cuenta la idea de isonomía (el principio de igualdad de todos ante la ley), no podemos restringir el beneficio solo a los parlamentarios. Deberíamos adoptar la misma decisión para todas las autoridades”, aseguró.