EN un segundo intento en tan solo un año por destituir al presidente derechista Guillermo Lasso, el Congreso dominado por la oposición aprobó someterlo a juicio político por un presunto acto de corrupción.
En rápida votación y en el paso final del trámite exprés que surtió esta iniciativa de un grupo de parlamentarios correístas (izquierda y leales al exmandatario asilado en Bélgica), de los 116 asambleítas presentes en el hemiciclo ayer, 88 aprobaron enjuiciar a Lasso, señalándolo de un supuesto peculado en un contrato para el transporte de crudo.
En contra del juicio, que aún no tiene fecha de inicio, sufragaron 23 diputados y cinco se abstuvieron. Al cierre de la sesión, que se prolongó por más de cinco horas, hubo aplausos, pifias y gritos de "fuera Lasso" en el pleno del Parlamento (con 137 curules).
Más temprano, el ministerio de Gobierno dijo que el proceso legislativo carecía de vigencia.
"No es admisible que se quiera violentar el debido proceso, al someter a juicio político sin un informe motivado", pues la comisión parlamentaria de Fiscalización -a cargo del proceso- no pudo aprobar el sábado una recomendación de si procedimiento o no el juicio contra el gobernante, anotó la cartera en su cuenta de Twitter.
- Le puede interesar: Trump tacha de 'verguenza' sentencia de delito sexual
En las afueras del Legislativo, un pequeño grupo de opositores al gobierno exigía la destitución de Lasso, quien asumió en mayo de 2021 y ha enfrentado desde entonces una ofensiva de los correístas que demostraron su fuerza electoral en el pasado referendo de febrero que, convocado por el Presidente, buscaba aprobar ocho medidas claves para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, entre ellos el restablecimiento de la extradición, no logró el mayoritario aval ciudadano.
Esta es la segunda ocasión que la Asamblea Nacional -donde la oposición es la mayoría pero está dispersa- pretende remover del cargo al gobernante, cuya popularidad ha venido en descenso por el aumento de la violencia, especialmente en las cárceles y que, como se sabe, es manejada por carteles del narcotráfico.
En medio de violentas protestas indígenas por el alto costo de vida, en junio pasado, un grupo de diputados presentó una moción de destitución por grave conmoción social, pero no obtuvo los votos necesarios.
Para destituir a un mandatario se necesita la voluntad de 92 de los 137 asambleístas (dos terceras partes).
El pasado 2 de abril, el presidente Lasso dijo que enfrentará el juicio político, aunque lo calificó sin “pies ni cabeza” y descartó invocar la “muerte cruzada”, que es la herramienta constitucional que tiene para disolver el Parlamento y convocar a elecciones generales anticipadas para completar el período constitucional de cuatro años.
En su momento dijo que “es mi obligación poner la cara ante el pueblo" y argumento que “noopuedo dictar la 'muerte cruzada' dejando la duda de qué es lo que realmente habría sucedido con el juicio político porque soy un demócrata, porque pongo el pecho a las balas en todos los alrededores de mi vida",
"No quisiera que en las páginas de la historia se escriba que dicte una 'muerte cruzada' para evitar un juicio político. No evito el juicio político, iré a la Asamblea", dijo Lasso, de 67 años, a comienzos del pasado mes. Sin embargo, se desconoce si el presidente derechista ecuatoriano sostendrá esa posición.
Como se sabe, está acusado de un supuesto peculado en el manejo de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) mediante contratos celebrados entre 2018 y 2020, antes de que asumiera el cargo, en mayo de 2021.
Lasso ha reiterado su inocencia, al tiempo que ha asegurado que la democracia ecuatoriana está amenazada por el narcotráfico, con el que sostiene una guerra.
"Tengo la entereza y la firmeza de mostrarle al Ecuador de una vez por todas la verdad: la conexión entre las mafias del narcotráfico y la corrupción con algunos asambleístas que se han puesto al servicio de estas mafias", anotó en su momento./