En una semana los venezolanos acudirán a las urnas para elegir a su próxima Asamblea Nacional que, en medio de acusaciones de fraude y el boicot planeado por la oposición, volverá a manos del chavismo y el régimen de Nicolás Maduro logrará el poder absoluto de todas las ramas del poder público.
Frente al inminente control del único ente que le es esquivo al régimen y que está en manos opositoras, el presidente interino Juan Guaidó, que es reconocido por al menos 50 gobiernos alrededor del mundo, ha propuesto una consulta popular paralela para hacer frente al dictador y lograr, con el apoyo popular que consiga, aumentar la presión internacional contra Maduro.
La consulta, prevista del 5 al 12 de diciembre, busca desacreditar las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen y "es un ejercicio político de movilización" contra el "fraude del 6 de diciembre" aseguró el también líder opositor Leopoldo López exiliado en España.
- Importante: FMI reduce previsión de crecimiento a 3.4%
El otro objetivo, añadió, es "abordar la protesta (contra esas elecciones) unitariamente", y trabajar en pro de unas elecciones presidenciales y parlamentarias "libres, justas y verificables", con las que "empezar a sanar nuestras heridas".
López, exiliado en Madrid desde octubre tras salir clandestinamente de Venezuela, reconoció que la consulta supone "un inmenso desafío logístico". En primer lugar, porque el país está "paralizado por la pandemia", además de sufrir una profunda crisis económica y humanitaria.
El supuesto del cálculo de Guaidó es que, si los comicios legislativos del 6 de diciembre no son válidos, ni reconocidos por el pueblo, el Parlamento elegido en 2015 y de mayoría opositora seguiría estando vigente cuando concluya oficialmente su mandato el 5 de enero de 2021.
Aunque este es un escenario incierto López exhortó a la comunidad internacional a seguir contando con el respaldo de los países que ahora lo reconocen como presidente encargado después de la fecha mencionada.
La consulta
El mecanismo de participación, invocado por la oposición, está avalado constitucionalmente y fue aprobada por la Asamblea Nacional, único ente autorizado para hacerlo.
Considerando que el proceso supone un inmenso desafío logístico por la parálisis producida por la pandemia y profunda crisis económica y humanitaria que vive el país, la consulta se realizará de forma "virtual" e "itinerante" por miembros de la sociedad civil y dirigentes que irán “casa por casa” indagando la opinión de los venezolanos en tres preguntas: ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?; ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?; ¿Aprueba la renovación de los poderes públicos así como la realización de elecciones libres y la conformación de un gobierno de unión nacional?
La oposición a través de la Mesa de la Unidad Democrática, que aglutina a los principales partidos y que promueve protestas contra la dictadura, promueve el "sí" en las tres preguntas y hace un llamado al llamado chavismo crítico o disidente a que participe y se sume a la consulta.
"La consulta comienza el día 5 de diciembre, el día antes de la farsa electoral..., y termina el día 12 de diciembre", dijo el parlamentario opositor Juan Pablo Guanipa y coincidirán con los comicios legislativos, que Estados Unidos ya ha dicho que desconocerá y al igual que lo hará la Unión Europea tras no haber sido aplazados cómo solicitaron para poder garantizar su presencia y validación.
Como se mencionó esta estrategia se suma al boicot opositor después de que nuevas autoridades electorales fueran nombradas por el Tribunal Supremo de Justicia, de línea oficialista, una potestad del Parlamento.
Validez
La consulta popular convocada por la oposición no cuenta con la participación del Consejo Nacional Electoral, que la oposición considera está al servicio del chavismo y desde esa perspectiva podría considerarse que no es vinculante.
Esta no es la primera vez que la oposición convoca una consulta de este tipo sin la participación de autoridades. Como se recordará en julio de 2017, en medio de meses de protestas antigubernamentales, se realizó una que reunió unos 7,6 millones de votos contra la convocatoria a una Asamblea Constituyente propuesta por Maduro, sin embargo, ésta salió adelante y en la práctica asumió las funciones del Parlamento y según anunció el régimen dejará de existir al día siguiente de las elecciones.
Pese a lo anterior la oposición asegura que la consulta es legal y sus resultados obligatorios en virtud del artículo 350 de la Carta Constitucional, que permite "desconocer" poderes ilegítimos y avala la realización de actos “de rebeldía y de desobediencia civil" contra autoridades espurias.
Asimismo, y con el fin de garantizar la veracidad de los resultados, la oposición ha establecido contacto con instituciones de educación superior y varios expresidentes latinoamericanos quienes observarán el proceso y velarán por la exactitud de los resultados.
- Le puede interesar: Una mirada a la agenda del vecindario
Para diversos analistas es claro que los resultados de la consulta por si solos no van a lograr una salida del poder del chavismo, pero sin duda producirá un hecho político un alto grado de simbolismo que busca motivar a una población quizás algo cansada de las protestas en las calles y reafirmará las presiones internacionales a frente al restablecimiento democrático.
El oficialismo entre tanto ha solicitado un recurso nulidad sobre el proceso y Maduro aseguró que “para uno convocar consultas públicas de carácter nacional, tipo referendo, amerita cumplir una serie de requisitos… y nadie puede pretender convocar consultas públicas que tengan carácter vinculante, violando la Constitución a lo loco". Por su parte las autoridades electorales chavista han calificado el proceso de ser un "acto de agitación política" y lo comparó con las "barricadas" con las que los manifestantes cierran calles en señal de protesta.
Considerando que las sanciones y protestas no han logrado derrocar a Maduro, la oposición ha decidido cambiar de estrategia y enfrentarlo en las urnas o través de mecanismos formales como la consulta que son concretos y mensurables sin embargo el proceso los ha dividido. A pesar de que el excandidato presidencial Henrique Capriles apoya la consulta, no es un secreto que se ha alejado mucho de Guaidó, lo que revela profundas diferencias entre los opositores del régimen.
Capriles se opuso al boicot de las elecciones asegurando en su momento que no dejaría a los ciudadanos "sin opciones" y convocó “al país a movilizarse y luchar... no le vamos a regalar a Maduro la Asamblea Nacional", expresó.
Si bien Capriles dijo que no había garantías reales para la participación y se marginó del proceso finalmente, la división en las toldas antichavistas es evidente.
Finalmente, cómo Guaidó no se presentará a las elecciones, dejará de presidir el órgano legislativo en enero y su posición como mandatario encargado estaría en entredicho y se debilitarían sus esfuerzos por proteger los activos de Venezuela en el extranjero.
Considerando que la ley venezolana permite a los funcionarios designados por Guaidó mantenerse sus cargos se esperaría que los representantes del gobierno interino en la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y Reino Unido, entre otros, intenten que se mantenga el apoyo al mandatario encargado.
Y se especula que como la comunidad internacional no reconocerá las elecciones, seguirá apoyando a Guaidó hasta que se celebren elecciones libres y justas.