Ninguna intención de investigar supuestos crímenes contra la humanidad cometidos por sus fuerzas de seguridad ha mostrado el gobierno de Venezuela. Así señala una parte del informe de la antigua fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, quien en diciembre pasado señaló que existía ‘base razonable’ para creer que en dicho país graves delitos.
El mencionado informe de Bensouda si bien fue entregado el pasado junio, cuando dejó su cargo, fue desclasificado este martes y podría allanar el camino para acciones judiciales contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El tribunal con sede en La Haya (Holanda) abrió en 2018 una investigación preliminar por supuestos abusos de derechos del régimen de Nicolás Maduro, especialmente por la violenta represión de las protestas antigubernamentales de 2017.
Bensouda dijo en diciembre de 2020 que existía "base razonable" para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad, pero que necesitaba observar si Caracas llevaba a sus responsables ante la justicia.
Su oficina, en un informe emitido cuando Bensouda dejó el cargo en junio, llegó a la "conclusión de que las autoridades no quieren investigar ni perseguir de verdad esos casos".
Las autoridades venezolanas solo han presentado un "altamente limitado" número de cargos criminales vinculados a esas protestas en las que murieron alrededor de 100 personas, indicó el informe de la fiscalía.
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"Se han tomado decisiones nacionales con el propósito de proteger personas de responsabilidades criminales", criticó.
Bajo el Estatuto de Roma que rige el funcionamiento de la CPI, la corte tiene autoridad para investigar crímenes ocurridos dentro de países miembros como Venezuela si estos son reticentes o incapaces de hacerlo por ellos mismos.
El nuevo fiscal Karim Khan deberá decidir si pide a los jueces abrir una investigación completa al respecto. Esto podría implicar cargos criminales contra individuos vinculados a esa represión, aunque un hipotético juicio podría tardar años en llegar.
En base a sus indagaciones, la CPI asevera que las fuerzas de seguridad venezolanas y las milicias progubernamentales cometieron crímenes de encarcelamiento, tortura, violación y persecución, señaló el informe.
El texto se centra especialmente en el mal trato de las personas detenidas puesto que había pruebas disponibles de estas acusaciones, pero se pueden profundizar, añadió.
Venezuela rechazó las acusaciones como una "farsa".
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció en mayo la acusación contra 12 miembros de la Guardia Nacional por la muerte de un chico de 20 años en Caracas en 2017 tras el impacto de un bote de gas lacrimógeno.
Un policía venezolano fue condenado a 25 años de cárcel también en mayo por la muerte de un joven manifestante durante una manifestación contra Maduro en 2017.
Ayer el ministerio Público venezolano lo descalificó señalando que “Tras haberse hecho pública la opinión de la ex fiscal de la Corte Penal Internacional sobre el examen preliminar en curso sobre nuestro país, rechazamos de forma contundente y enérgica las acusaciones que en estas se vierten”.
Vale recordar que en dicha investigación, la hoy exfiscal Bensouda concluyó que los casos que probablemente surgirían de una investigación de estos presuntos crímenes “serían admisibles de conformidad con el artículo 17 (1) (a) - (d) del Estatuto” de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional.
En el mismo indica como presuntos responsables de los crímenes cometidos a la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar, las Fuerzas de Acción Especiales (Faes), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Y agrega a que también hubo “personas afines al gobierno que participaron en la represión de opositores reales o presuntos al Gobierno principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su aquiescencia”./