Expertos afirman que un proceso de pacificación podría ayudar a unificar el país, traer verdad y reparar a las víctimas
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Este viernes, mediadores internacionales realizaron un encuentro en la localidad vascofrancesa de Cambo-les-Bains para alcanzar una "paz justa y duradera" en el País Vasco y verificar la disolución del ETA en España.
Al acto simbólico asistieron Gerry Adams, el exlíder del partido nacionalista norirlandés Sinn Féin, considerado el brazo político del hoy inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA); el ex primer ministro irlandés, Bertie Ahern; Jonathan Powell, jefe de gabinete del ex primer ministro británico Tony Blair, entre otros.
El encuentro ocurre un día después de que el histórico líder del grupo terrorista, Josu Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, reconfirmara, por medio de un video, el desmantelamiento de la organización que aterrorizó a España por décadas.
La desaparición del movimiento armado más antiguo de Europa abre una gran cantidad de preguntas sobre el conflicto español, la atención hacia las víctimas y la suerte jurídica de miembros del ahora extinto grupo.
El analista internacional y periodista uruguayo, Gabriel Pastor, que ha seguido el proceso armado y político de ETA, concluye que la desaparición del grupo abre una ventana de posibilidad para un “proceso de pacificación de fondo” en España.
“Es un error creer que la disolución de la ETA va a resolver el problema de fondo que es un sentimiento independentista. Hay que encontrar una solución porque además es un tema que ha estado presente siempre en España”, explica Pastor.
Para resolver el conflicto de fondo, explica el internacionalista, el Gobierno y los independentistas deben iniciar un proceso de pacificación que pase por la entrega de verdad, la reparación a las víctimas y el uso de una justicia transicional que ponga punto final al enfrentamiento de 59 años que dejó más de 800 muertos.
Las víctimas
La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, del Ministerio del Interior de España, calcula que ETA dejó 853 víctimas mortales y varios miles de heridos. Pero no hay cifras concretas sobre la cantidad de sobrevivientes y víctimas indirectas de los hechos violentos.
Las víctimas, según explica el politólogo y miembro del Partido Popular, Jesús Herrera, están divididas en dos grandes vertientes: quienes buscan una retribución penal con todo el peso de la justicia ordinaria, y quienes creen que una salida dialogada podría ser una solución para su dolor.
“No ha habido una respuesta unificada por parte del Estado. La reparación a las víctimas no ocupa un lugar primordial en la agenda política. En muchos casos ha pasado tanto tiempo que la memoria de los hechos en los medios y partidos políticos se ha ido diluyendo”.
Aunque la opinión pública no tenga la reparación de las víctimas como prioridad, decenas de organizaciones civiles están preguntando por sus muertos. “Hace falta un proceso de construcción de la verdad y buscar la reconciliación”, afirma el internacionalista Gabriel Pastor.
Una justicia transicional
Luego del anuncio de la disolución de ETA, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó que no habría impunidad y se perseguiría judicialmente a los líderes de la organización. “Nada les debemos y nada les tenemos que agradecer”, recalcó Rajoy.
Pero para Pastor, este tipo de respuesta no favorece un proceso de pacificación ni una posibilidad de reparación a las víctimas.“Esas son ideas antiguas que no están a tono con lo que está sucediendo hoy en el mundo, por ejemplo, con la justicia transicional de procesos de larga guerra”, afirmó.
“Eso no quiere decir que haya impunidad, lo que hay que ver es lo que significa la justicia en un conflicto de tantas décadas. La justicia no es poner a un puñado de líderes tras las rejas y pensar que con eso estamos solucionando un problema de fondo. En el conflicto también participaron grupos de parapolicía y de extrema derecha, y ese tipo de hechos no se pueden pasar por alto”, añade Pastor.
Actualmente hay 344 presos de ETA en cárceles de España, Francia, Suiza, Reino Unido y Portugal. También hay decenas de excombatientes que se han visto forzados a huir y vivir lejos de sus familias por miedo a los procesos que tienen abiertos en España.
El riesgo de no iniciar un proceso de pacificación es dejar latente un conflicto social sin resolver. Lejos de la lucha armada, hay un sentimiento independentista aún presente en las discusiones políticas.
La coalición autonómica de Bildú es la segunda mayor fuerza en el Parlamento de Navarra, es decir, el independentismo de España es una idea que aún tiene un apoyo significativo.
“Los catalanes sienten una empatía hacia el País Vasco porque ambos sienten que el Gobierno español tiene un centralismo excesivo que impacta regiones muy pujantes económicamente como lo son Cataluña y el País Vasco”, añade Pastor.
En este momento, cuando se concreta la disolución de ETA, a España se le abre una posibilidad única de dialogar sobre estos temas sin armas. “Este podría ser el momento de hacer alta política”, concluye Pastor.