Presidente Nayib Bukele se enfrenta al Congreso que no da su aval para un préstamo que requiere su plan de ‘guerra’ contra las pandillas
Podría tratarse de hechos que, en su conjunto, incluso pasarían desapercibidos dado el tamaño del país y de las escasas posibilidades de que los acontecimientos pudieran llegar a tener repercusiones en otras naciones latinoamericanas. Sin embargo, la situación es interesante porque demuestra -desde su particular contexto- una crisis de legitimidad, de control del Estado, de enfrentamiento a la violencia y de burocracia política.
Precisamente se trata de temas que sí son generalizables a otros países latinoamericanos, ya sean estos, el México de López Obrador, el Brasil de Jair Bolsonaro, la Venezuela de Nicolás Maduro, o el Ecuador de Lenín Moreno. Son las condiciones del ejercicio del poder no solo dentro de marcos legales, sino en particular, buscando alcanzar la legitimidad concreta o real de los gobiernos, tal y como lo expone Jürgen Habermas (1929-) en su obra “Crisis de Legitimidad”, habiéndose publicado por primera vez en 1973.
Los hechos. El domingo 9 de febrero, tal y como lo reporta EFE y Bloomberg, el Presidente de El Salvador Nayib Bukele, irrumpió –acompañado de militares- en el Congreso de ese país. Lo que estaba tratando de lograr, era que los diputados le aprobaran un préstamo de 109 millones de dólares destinados a implementar el Plan de Control Territorial. Una iniciativa que busca enfrentar a las “maras” o pandillas, así como al crimen organizado de manera más general, y la criminalidad común que azota El Salvador.
En el momento de la llegada del presidente solo se encontraban presentes en el recinto parlamentario, 20 de los 84 diputados, situación que obligó a posponer la sesión y con ello la votación sobre el pedido del Ejecutivo. Era evidente que la estrategia del Presidente Bukele era presionar a los legisladores. En las afueras, la multitud que se había congregado, gritaba “!insurrección, insurrección!”. El presidente acusó a los legisladores de incumplir con los mandatos constitucionales y que bien podría invocar el Artículo 87 de la Constitución Política, mismo que le da al pueblo el derecho de insurrección.
Es claro que hay un evidente choque entre los poderes Ejecutivo y Legislativo del país. En el parlamento, la agrupación de Bukele no tiene prácticamente presencia. De manera que cómo podrá inferirse, el mandatario fue electo como la esperanza de un “outsider”, de alguien de fuera de la política tradicional. En estos casos, como ha sido tradicional -tanto en la región latinoamericana y como en otros países- pesa más el beneficio de la duda que la experiencia del mandatario que se elige.
En el fondo lo que desea Bukele es enfrentar las condiciones de violencia endémica del país. Las “maras” o pandillas han tenido prácticamente secuestradas muchas regiones de esa nación, se les tiene sin un funcionar mínimo-aceptable. En función de esto, son moneda de uso diario las extorsiones, los secuestros, las disputas a sangre y fuego, respecto a espacios territoriales tanto urbanos como rurales.
Se hace notorio, que otro factor complementario en todo esto, es que el lastre que constituye el desprestigio de la clase política tradicional, lo llevan los diputados, los que en su mayor parte pertenecen a las agrupaciones del FMLN (izquierda) y lo que ha quedado de la colectividad ARENA (derecha).
Es cierto que muchos de los problemas en la economía salvadoreña se deben a los procesos de “re-primarización”. Es decir, a la vuelta a la producción de bienes de muy poco valor agregado, asociados a los sectores primarios o extractivos de la economía –agricultura, pesca, minería, silvicultura, producción animal.
Como se sabe, un portafolio exportador basado en esos productos es algo que viene prácticamente desde los tiempos de la Colonia, esto es, de épocas pertenecientes al dominio español sobre las naciones centroamericanas. Es decir, no hay mayor estímulo por elevar los niveles de vida de los sectores mayoritarios, a la vez que los niveles de inequidad parecer ser imparables. Es un rasgo que puede generalizarse a los restantes países latinoamericanos.
Muchos de los retos de los gobiernos es mantener el crecimiento económico, pero a la vez hacer que ese crecimiento se transforme en desarrollo económico y social. Y para ello dos de los vínculos más importantes son, tanto el empleo como los niveles de emprendimiento e innovación que se tengan en la sociedad.
No obstante, ahora con la exportación de bienes sin mayor valor agregado, con los precios bajos de esos productos y sin mayores perspectivas de competitividad, los países latinoamericanos ven comprometidas sus esperanzas de una mejora generalizada en la calidad de vida de sus pobladores.
Mientras el parlamento salvadoreño puede apelar a la legitimidad formal, la de las urnas, en los ejercicios de votación, que no dejan de convertirse en concursos de popularidad, en medio de las condiciones de pobreza e ignorancia de muchos sectores, el presidente de ese país, trata de establecer una lucha frontal contra el crimen tanto común como organizado.
El mandatario sabe que la población le apoya. De otra manera y contra todos los pronósticos, no hubiese sido capaz de hacerse con la primera magistratura de la nación. Ante ello, trata de desenmascarar a los legisladores, con toda la carga burocrática y de descrédito que les es inherente, con todas las componendas de poder mediante las cuales han mantenido y ensanchado su poder de influencia.
Bukele continúa la senda que inició cuando -en contraste total con lo ocurrido en Guatemala- él mismo solicitó a organismos internacionales, la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES); una comisión que tuvo su fundación, el 6 de septiembre de 2019. Nuevos días traerán nuevas luces y realidades. Mientras tanto, la realidad de violencia en El Salvador es algo que no da tregua.