CON la escasa mayoría que el socialista Pedro Sánchez logró otro mandato en el poder español, los diputados aprobaron ayer, con 178 votos a favor y 172 en contra, la ley de amnistía que la coalición gobernante negoció con los independentistas catalanes, abriendo la puerta al regreso al país de su figura más conocida, el expresidente regional Carles Puigdemont, de partido Junts.

Como se sabe, esta amnistía, era la exigencia que le impusieron los partidos independentistas catalanes al presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, para posibilitar su investidura. Sin embargo, ahora se conocen otras sorpresivas exigencias, como la celebración de un referéndum en Cataluña.

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Entre tanto, Esquerra Republicana y Junts avisaron al gobierno Sánchez que la aprobación de la Ley de Amnistía es tan sólo un primer paso de su camino hacia la independencia. En concreto, ERC ha subrayado que tras esta norma debe llegar la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, mientras que Junts ha dejado claro que con esta iniciativa "sólo se pasa página de la represión".

El texto pasará ahora al Senado, controlado por el conservador Partido Popular, cuya oposición frontal a la norma hará que trate de demorar el trámite hasta los dos meses máximos autorizados, después de los cuales la ley tendrá que regresar a la cámara baja para su aprobación definitiva.

Con esta ley "vamos a cerrar el ciclo de decisiones políticas con la que nos hemos enfrentado" y que condujeron a los hechos de 2017, dijo desde la tribuna del Congreso el portavoz socialista, Patxi López.

El texto, que el Partido Socialista (PSOE) negoció con las dos principales formaciones separatistas catalanas, es una de las medidas más controvertidas que ha pasado por el Parlamento desde la llegada de Sánchez al poder en 2018.

La votación se produce, además, en plena tensión entre el gobierno de izquierda y el Partido Popular (PP, derecha), la principal formación de la oposición, que se cruzan diariamente acusaciones de corrupción desde hace semanas.

La futura ley, que debería beneficiar a unas 400 personas, pretende llevar a los tribunales a retirar los cargos y condenas contra activistas y dirigentes independentistas por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea.

Hace casi tres años, Sánchez ya indultó a nueve independentistas condenados por su participación en la tentativa separatista, aunque durante la campaña para las legislativas del pasado julio aseguró que se oponía a una amnistía.

Tras los comicios, acabó cambiando de opinión, ya que los resultados convirtieron en esencial el apoyo de los catorce diputados de las dos formaciones independentistas catalanas - Juntos por Cataluña (Junts) e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC)-, para lograr su investidura.

"Esta ley se va a aprobar porque es la única forma que tuvo el señor Sánchez de ser presidente del Gobierno, y (...) porque es la única forma que tiene el señor Sánchez de seguir un tiempo más de presidente del Gobierno", le reprochó en el Congreso el líder de la oposición y del PP, el conservador Alberto Núñez Feijóo.

La votación de los diputados se produce en un contexto político tenso y agitado tras la sorpresiva decisión anunciada el miércoles por el presidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, de ERC, de convocar elecciones regionales anticipadas para el 12 de mayo.

El movimiento tuvo inmediatamente consecuencias y empujó a Sánchez a renunciar a presentar el proyecto de ley de los presupuestos para 2024 y a prorrogar los del año pasado.