DECIDIDOS a defender la unidad de España y el Estado de Derecho, principios que se encuentran amenazados por el forzado compromiso del jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, con los independentistas se ratificaron los conservadores (populares) al presentar su texto alternativo a la ley de amnistía promueven los socialistas

Disolver las organizaciones que promuevan referendos ilegales o declaren la independencia de una parte del territorio nacional, castigo a las autoridades o funcionarios que promuevan las leyes, así como el incumplimiento de las resoluciones judiciales y tipificar la deslealtad constitucional como un delito son los ejes de la llamada enmienda de totalidad radicada ayer en el Congreso.

Si bien avalar estas propuestas se avizoran complicados porque de suyo implican una reforma al Código Penal no es descabellado ni imposible ante el creciente descontento ciudadano -expresado masiva y recurrentemente en las calles- porque los independentistas liderados por Carles Puigdemont, exigieron de antemano a Sánchez para permitirle seguir en La Moncloa, condonación de deuda para Cataluña, mayor autonomía, pero sobre todo la convocatoria a un referendo para su independencia.

Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular en el Congreso, dijo que el texto alternativo radicado plantea que se tipifique como delito las "declaraciones de independencia" y "lo referido a la violencia" o las "consultas ilegales", aunque no especificó si con ello se busca ilegalizar a las formaciones independentistas, como lo defiende Vox, que ayer también presentó su enmienda de totalidad frente a la Ley de Amnistía.

La propuesta de Vox

El partido ultraconservador, Vox, también radicó su enmienda de totalidad con texto alternativo a la ley de amnistía, donde insiste en ilegalizar partidos que amenacen la unidad de España y el orden constitucional, al igual que crear un nuevo tipo delictivo para castigar a las personas que negocien con procesados o "sustraídos" de la Justicia por delitos contra la Constitución, entre otros.
El partido de Santiago Abascal ha hecho estas propuestas en el pasado, advirtiendo de "los peligros" de "poner la gobernabilidad de España al servicio de quienes pretenden romper la unidad de la nación". De hecho, la ilegalización de los partidos "separatistas", como Bildu y Junts, ha llegado a debatirse en las Cortes, Vox no ha conseguido el apoyo del resto de formaciones. "Vox mantiene esta reivindicación defendida únicamente por nosotros durante años", insisten.
Sobre las negociaciones con prófugos, también incluyen a los procesados o "sustraídos" por delitos relacionados con el orden público, la traición y la independencia del Estado y la paz y la defensa nacional. Así, la enmienda propone que estos delitos sean castigados con penas que van desde los seis a los diez años de prisión, además de una inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis años.
También se reitera en propuestas registradas en anteriores ocasiones. Así, plantea una reforma del Código Penal para incrementar penas relacionadas con los referendos ilegales que atenten contra la unidad e integridad nacional.

Lo que sí dejó en claro el portavoz de los conservadores es que se prevé la modificación del Código Penal más no de la Ley de Partidos Políticos (2002) que sirvió meses atrás para ilegalizar a Batasuna. Enfatizó que la propuesta apunta a las "responsabilidades de políticos, de cargos políticos, de personas vinculadas a la Administración y de personas jurídicas" que sean partícipes de los referidos delitos que promueven tipificar.

Otras fuentes del Partido Popular precisaron que los partidos políticos son considerados personas jurídicas y que, además de la disolución, el texto radicado, que comenzará a debatir el pleno la próxima semana, incluye la "suspensión de actividades" de quienes incurran en los citados delitos. Además, este precepto podría aplicarse a organizaciones del ámbito independentista como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) u Òmnium Cultural.

Tellado enfatizó que esta enmienda de totalidad con texto alternativo a la "ilegal" Ley de Amnistía es un "punto de partida para tratar de rearmar al Estado y frenar y revertir el daño" que le han hecho los independentistas y el PSOE con sus pactos para la investidura de Pedro Sánchez.

Deslealtad constitucional

En este contexto, la reforma del Código Penal que el PP pone sobre la mesa persigue crear un "delito de deslealtad constitucional", tal y como anunció en su investidura fallida el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

En entrevista el martes a Europa Press, la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, había anticipado que el objetivo de propuestas como es “proteger el Estado de Derecho” ante los pasos del gobierno Sánchez con el independentismo.

Vale recordar que, a finales del año pasado, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, indicó que en 2024 debía abrirse la negociación para un referendo la independencia de Cataluña. Sin embargo, en una primera respuesta, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dijo que no compartía dicho planteamiento.

Gamarra destacó que tipificar como delito de deslealtad constitucional es "un compromiso del presidente Feijóo que se enmarca en la defensa y la protección de los valores constitucionales y, por tanto, en la defensa y la protección del Estado de Derecho", al tiempo que agregó que el líder conservador no defraudará a la sociedad española.

A finales de septiembre, cuando Feijóo se presentó a la investidura, el PP anunció su intención de introducir el delito de deslealtad constitucional -recuperando el espíritu del delito de sedición- y endurecer el Código Penal en lo referido a la malversación frente a los que buscan "agasajar" a los independentistas con la amnistía y el referéndum.

La 'número dos' del PP reiteró sus críticas a Sánchez quiñen tras perder las elecciones generales del 23 de julio, pactó con "condenados por terrorismo, con prófugos y con corruptos para permanecer en el poder a cualquier precio… Y ahora cree que a base de amnesia y de anestesia la sociedad española va a tragar con todo y va a pasar por todo".

Así mismo destacó que la movilización de ciudadanos, así como de "todas las organizaciones judiciales, fiscales y asociaciones de todo tipo" en las últimas semanas contra la ley de amnistía, "ha puesto en alerta a Europa, que está atenta y va a seguir de cerca todo lo que tenga que ver" con esta norma, que se está ya tramitando en el Congreso.

"Una ley de amnistía que está basada única y exclusivamente en un ejercicio de corrupción política por parte de Pedro Sánchez y que no responde a un objetivo de convivencia, porque esta ley lo que ha hecho ha sido romper a España en dos", sostuvo, para recalcar que "más allá de ser inconstitucional, es una ley que se sitúa fuera del marco de lo ético y lo moral".

Tellado, por su parte, hizo un breve recorrido por las concesiones gubernamentales: "Empezaron con la rebaja de las penas de malversación para independentistas, después vino la eliminación del delito de sedición, siguieron con la desigualdad generada por esas concesiones y el proceso llega a su cénit con esta ley de amnistía, que supone el borrado de todos los delitos del independentismo".

¿Moción de censura?

Después de que el expresidente catalán Carles Puigdemont amenazara con una moción de censura si Sánchez no cumple sus compromisos en un año, Gamarra subrayó que "esta legislatura durará lo que los independentistas decidan…Así que el tiempo lo dirá".

Al ser preguntada si el PP estaría dispuesto a presentar esa moción de censura si se produce una situación de colapso en el país como apuntó Feijóo, Gamarra no descartó ese caso porque el PP es el "primer partido de España" y lo que quiere es "dar estabilidad" al país, defendiendo que los españoles "puedan volver a pronunciarse" en las urnas "cuanto antes".

Cuestionada si su partido buscará romper el bloque de investidura este 2024 y acuerdos con Junts y PNV en materia económica, Gamarra señaló que Pedro Sánchez dice que esas dos formaciones son "partidos progresistas" y forman "parte del bloque de izquierdas".

Dicho esto, ha dejado claro que las iniciativas del PP responderán a sus planteamientos económicos, basados en reducciones fiscales, apertura económica, flexibilidad, eliminación de trabas administrativas, defensa de la propiedad privada o lucha contra la ocupación. "Si otros partidos coinciden, pues bienvenidos sean. Ojalá pueda servir para que a España le vaya bien", afirmó.

Es así como los conservadores españoles quieren proteger el Estado de Derecho, defenderse de las “amenazas” a su unidad e institucional e impulsar el progreso del país, aunque es altamente probable que la escasa mayoría que la izquierda en coalición con los independentistas haga naufragar su iniciativa parlamentaria. Si ello es así, la pregunta del millón es ¿hasta dónde cederá Sánchez?