EL INEVITABLE acuerdo con Junts alcanzó el socialista Pedro Sánchez en España para ser investido como jefe de gobierno, pero a un alto costo político, al punto que la llave de su gobernabilidad la mantendrán esos independentistas catalanes.

Eso queda claro con las declaraciones tanto del exiliado líder de ese partido, Carles Puigdemont como del secretario del Psoe, Santos Cerdán, al referirse al sí que darán los siete del Junts a la investidura de Sánchez en el debate programado para la próxima semana.

“El a cambio de nada se ha ido a la papelera de la Historia…A diferencia de la legislatura pasada, en la que el gobierno de Pedro Sánchez arrancó con la estabilidad garantizada, aquí se la tendrá que ganar acuerdo a acuerdo, sin el cumplimiento de éstos, la legislatura no tiene ningún recorrido”, sostuvo desde Bruselas -donde reside- Puigdemont, asegurando que la resolución del conflicto catalán, que pasara por un referendo independentista, ha sido y será su compromiso inamovible.

Y el independentista que se consolidó con esta negociación como figura de ese anhelo nacionalista catalán, superando a su otrora aliado Oriol Junqueras de la Esguerra Republicana Catalunya (ERC) fue más allá al advertirle a Sánchez que si no se avanza en lo que acordaron, no apoyarán proyectos como los Presupuestos Generales del Estado y otros relevantes para el país.

“Será una negociación permanente que tenga resultados y se cumplan a lo largo de la legislatura", advirtió el independentista dejando explícito que el apoyo a la investidura de Sánchez va más allá del simple acuerdo político para la misma.

Entre tanto, Santos Cerdán, secretario del partido socialista español afirmó que “el acuerdo no es solo un acuerdo de investidura…Es un acuerdo de legislatura” con el objetivo de asegurar “estabilidad (del gobierno) durante los cuatro años” de mandato.

El mencionado acuerdo contempla que los de Carles Puigdemont propondrán la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña mientras que el Psoe defenderá el amplio desarrollo del Estatut de 2006.

Pero lo que disparó las alarmas del país político y judicial es que el mismo apunta a “acciones de responsabilidad” contra jueces y tribunales por el llamado “lawfare” (guerra judicial) por los hechos de los independentistas catalanes como la realización del referendo del 2017 por lo que muchos de ellos fueron condenados (proceso conocido como procés) y otros como Puigdemont optaron por el exilio.

En el cuestionado pacto político de Junts y Psoe, aunque ambas formaciones reconocen sus "profundas discrepancias" y la "complejidad" y los "obstáculos" para la resolución del conflicto, porque mientras que Junts considera "legítimo" el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre de 2017, el PSOE "niega toda legalidad y validez" al referendo y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral", se ‘comprometen’ a alcanzar ‘acuerdos importantes’ para lo cual se dotarán de un mecanismo "internacional" para "acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue".

En concreto, el acuerdo recoge que en la primera reunión de negociación, a celebrar en este mismo mes se planteará que Junts propondrá la celebración de un referendo de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña "y amparado en el artículo 92 de la Constitución".

Y, de su lado, el PSOE defenderá el "amplio" desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2002, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña.

Ante el alud de críticas, pero sobre todo dudas por el alcance de esa ley de amnistía, Santos Cerdán dijo que la misma abarcará a la gente que ha estado relacionada con el procès desde sus inicios en 2012 (año del inicio de la escalada separatista) aunque serán los jueces los que valoren "si cubre a unos o a otros".

Bajo esa óptica, esta amnistía abre la puerta para el ‘perdón y olvido’ de todos los implicados, así como para el regreso a España de Puigdemont, actual eurodiputado.

Apoyado por la extrema izquierda y los partidos vascos, la ley de amnistía deberá ser adoptada por el Parlamento, en cuanto Sánchez sea investido por los diputados.

Jueces, en la mira

El acuerdo generó una airada reacción tanto del conservador Partido Popular como de Voz, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los inspectores de Hacienda por sus impensables alcances (políticos y económicos) que tipificarían un desconocimiento de la separación de poderes, persecución a los togados y una afrenta a soberanía nacional.

En el mismo se contempla la posibilidad de emprender "acciones de responsabilidad" si se acredita a través de comisiones parlamentarias que hubo casos de 'lawfare' contra los independentistas, acciones que podrían traducirse en acusaciones de prevaricación contra los jueces y magistrados de esos casos o reclamaciones económicas a la Administración de Justicia.

Aunque el texto no da detalles, Puigdemont aclaró que serán comisiones parlamentarias -en concreto para la 'Operación Cataluña' o el 'Catalangate'- donde se "aportarán pruebas y testimonios que llevarán a la erradicación de los elementos podridos que hayan participado en la guerra contra el independentismo".

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que, de las conclusiones a las que lleguen las comisiones de investigación parlamentarias, no podrá derivarse directamente ningún tipo de acción contra los supuestos responsables de un 'lawfare' contra personas relacionadas con el ámbito del independentismo.

En este sentido, han indicado que, en todo caso, una vez concluidas, y si observan indicios de delito en sus conclusiones, podrán elevar denuncia o querella a la Fiscalía o al juzgado que corresponda, que será quiénes determinen si hay materia para investigar.

Otras fuentes añaden que, de lo contrario, si el Parlamento pudiera emprender directamente dichas "acciones de responsabilidad", supondría "arrogarse la capacidad para juzgar a los jueces", rompiendo con ello el principio de separación de poderes.

Por ello, las fuentes consultadas subrayan que esa alusión a las "acciones de responsabilidad" por 'lawfare' serán en realidad un "brindis al sol", ya que el alcance de esas comisiones de investigación es el que le permite el marco legal.

Frente a todo ello, el CGPJ anticipó que "por la vía del Derecho" defenderán el trabajo y la independencia de los miembros de la carrera judicial y aseguró que “estamos asistiendo a un día negro" porque "esto rompe la Constitución, rompe el Estado de Derecho, lo rompe todo". Si ahora se va a "ir a por los jueces", "¿a qué juez de este país se le va a ocurrir levantar la voz, acusar a un político?", plantearon los togados en un comunicado.

Entre tanto, La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) expresó su "frontal y absoluto" al acuerdo Psoe-Junts ya que en el mismo "se vislumbra de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual, en varias materias, entre las cuales se encuentra la financiera”.

La Asociación cuestionó que, bajo el reconocimiento de una singularidad histórica, reivindican la cesión de la totalidad de los tributos que se pagan en Cataluña y exigió al gobierno socialista que adopte las medidas que permitan la autonomía financiera y la revisión del actual modelo de financiación de dicha comunidad autónoma.

Llamado a demócratas

Tras acusar al socialista Sánchez de “confabularse con los que quieren mutilar la nación española”, el líder conservador Alberto Núñez Feijóo llamó a una reacción conjunta de todos los demócratas ante este "proceso de capitulación", un “acuerdo de la vergüenza” para lograr la investidura como jefe de gobierno.

"Estamos ante un desafío a la democracia española que requiere la reacción de los demócratas españoles, sin distinción de ideología", aseguró el líder del PP, insistiendo que Sánchez emprendió “este proceso de capitulación a espalda de los españoles".

Feijóo lamentó la "extraordinaria situación" que vive el país, dado que España "ha perdido, los independentistas están ganando y el PSOE ha desaparecido". Según expresó, este acuerdo es el "culmen de la deriva" en la que ha metido a su partido para "intentar a toda costa mantenerse en el poder".

También recriminó que Sánchez no diera la cara y fuera el "prófugo" Puigdemont quien explicara el ‘pacto político’ que, como reseñamos, “convertirá al Tribunal Supremo en "represor y será un golpe en los cimientos del Poder Judicial", al tiempo que "debilitará" el Estado de las Autonomías al acabar con la igualdad de los españoles que consagra la Constitución.

Aunque ha dicho que es la primera vez que la democracia española se ve amenazada, recordando el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el terrorismo de ETA o el "golpe" del independentismo catalán en 2017, Feijóo resaltó que en esta ocasión "el desafío a los valores de la Constitución está protagonizado por un candidato a la presidencia del Gobierno".

En este escenario de alta tensión se cumplirá la investidura de Sánchez en pocos días, pero como se ve, la llave de la gobernabilidad la tendrán los independentistas liderados por Puigdemont. ¿Cuánto resistirá la democracia española esta situación?