A finales de 2022, en la cárcel de Latacunga de la provincia ecuatoriana de Cotopaxi. Leandro Norero, “El Patrón”, uno de los narcotraficantes más poderosos del país, lo mataron en una reyerta que dejó  otras 15 víctimas fatales y terminó con violentos motines en varios centros de reclusión del país.

Tras la muerte de Norero, se ha revelado que en las cárceles del Ecuador operaba un esquema de corrupción que involucraba a jueces, fiscales, personal carcelario, políticos y narcotraficantes. En la mayor operación de la historia ecuatoriana, esta semana se detuvo a 30 personas vinculadas a esta estructura criminal, como parte del caso “Metástasis”.

“Hoy el término narcopolítico ha sido evidenciado, podemos ver como las estructuras delincuenciales han permeado las instituciones”, dijo, tras la captura el jueves, la fiscal general, Diana Salazar.

Guayaquil

Nacido en 1986 en Guayaquil, Norero pasó sus primeros años en un barrio muy pobre hasta que conoció el mundo del microtráfico en el que pudo convertirse en uno de los máximos narcotraficantes de la ciudad, tomada hoy por el crimen organizado.

Muchos jóvenes siguieron el mismo camino de Norero y decidieron fundar sus pandillas. Así, poco a poco, Guayaquil se fue convirtiendo en un paraíso criminal en donde luchan por el control territorial organizaciones de crimen organizado como “las Águilas”, “los Choneros”, “Tiguerones”, “Lagartos”, “Lobos”, “Mafia 18”, “Latin Kings” y “Chone Killers”. Algunos están aliados con los carteles mexicanos, mientras que otros operan con los albaneses. La ciudad hoy tiene una tasa de 40 homicidios por cada 100,000 habitantes.

¿Cómo Guayaquil llegó a convertirse en el epicentro del crimen y la violencia homicida?

Esta pregunta se le han hecho los investigadores Jorge Mantilla y María Fe Vallejo, quienes, en conjunto con la secretaria de Seguridad de Quito, Carolina Andrade, han publicado un reciente artículo, “Why Cities Fail: The Urban Security Crisis in Ecuador”, en el Journal of Strategic Security, en el que abordan los factores que llevaron a que esta ciudad se convirtiera en el corazón de la crisis de seguridad que enfrenta hoy el gobierno del joven presidente Daniel Noboa.

“Las olas de delincuencia entre 2018 y 2022 se produjeron debido a las abrumadoras ganancias generadas por la delincuencia adquisitiva o al inadecuado desempeño institucional de la justicia penal. Guayaquil presenta ambas condiciones: un efecto derrame por la superposición de transnacionales”, dicen los autores.

Transformación criminal

Al comienzo de siglo, cuando el entonces pandillero Norero era adolescente, Guayaquil tenía pocos grupos que se dedicaban al microtráfico. El ecosistema criminal fue cambiando poco a poco y el crimen organizado pasó de ser “insurgencias criminales locales” que controlaban enclaves urbanos, a enfrentar el Estado e “incluso superar la capacidad militar de las fuerzas del orden”.

La transformación de Guayaquil, dicen los autores del artículo, se dio a través de un efecto contagio criminal en el que las pandillas encontraron un ambiente criminal ideal para crecer y convertirse en poderosas organizaciones que desde 2018 compiten por los mercados ilícitos generando mayores niveles de violencia. Estas organizaciones también encontraron un aparato de seguridad fragmentado, incapaz de hacerle frente al crecimiento de las organizaciones criminales.

Este debilitamiento de las fuerzas de seguridad comenzó cuando el presidente Lenin Moreno decidió en 2018 desmantelar las instituciones bajo el pretexto de implementar un riguroso plan de austeridad, que ahora está resultando más costoso por el aumento del crimen. En ese año, el Presidente eliminó el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, debilitando la institucionalidad encargada de la seguridad pública.

Tomada la decisión por Moreno, Guillermo Lasso, elegido en 2020, no reconstruyó el aparato de seguridad y buscó, ante la ya severa crisis de seguridad, tomar medidas extraordinarias a través de más de sietes estados de excepción, que le dieron poderes especiales a las fuerzas del orden, para enfrentar al crimen organizado en Guayaquil y otras partes de Ecuador, como Esmeraldas y Manabí.

“Esta `’respuesta parche’ se enfocó en tratar de contener el crecimiento acelerado de la violencia criminal -tasa de homicidios- sin atender las causas estructurales de su incremento”, escriben Mantilla, Andrade y Vallejo.

Mano dura fallida

El resultado, luego de los sucesivos estados de excepción, es que Guayaquil ahora es más insegura que cuando se empezaron a tomar las medidas extraordinarias de mano dura. Normalmente, en América Latina se toman este tipo de medidas ante la presión de ciudadanos y opinión pública que ven en el aumento del pie de fuerza y el otorgamiento de facultades especiales la mejor forma para enfrentar la violencia y la inseguridad.

En este caso se ha probado que desmantelar las instituciones encargadas de seguridad en consonancia con medidas extraordinarias y temporales de mano dura, todo ello en un contexto de competencia por los mercados ilícitos derivado de la ubicación estratégica de Guayaquil, ha terminado en una crisis de seguridad.

“Los datos revelan el fracaso de las acciones catalogadas como de contingencia, por ejemplo, los estados de excepción, la militarización de las calles, el aumento de las penas y la falta de una estrategia integral de seguridad. Se trata de un conjunto de acciones de mano dura que no son sostenibles en el tiempo debido a sus limitadas limitaciones de enfoque y efectividad a medio y largo plazo”, dicen los autores.

El caso de Guayaquil revela, también, que las cárceles son el centro de operaciones del crimen organizado, como ha demostrado el reciente caso “Metástasis”, con el que se empezó este artículo. “Mientras las economías ilícitas tienen lugar en las calles, la toma de decisiones de las guerras criminales se lleva a cabo detrás de los muros de las cárceles. Por esa razón, las políticas de traslado de reclusos pueden encender o contener la violencia, dependiendo de la dinámica de alineación y fragmentación entre los grupos delictivos organizados”, sostienen los autores del artículo.

Ante la crisis de seguridad regional, que se extiende de país a país, con ciudades controladas por el crimen organizado como Rosario, Argentina, Ciudad del Este, Paraguay, o varias ubicadas en Centro América, el caso de Guayaquil dilucida cuáles medidas son poco eficientes para enfrentar a poderosas estructuras, cada vez más grandes y con mayores vínculos internacionales. La evidencia está ahí, cosa distinta es que no se le ponga atención.