El poder del Estado y la expresión más visible de la representación la simboliza la policía. En estados democráticos la policía hace parte de un engranaje social que está directamente conectado con las demandas y obligaciones ciudadanas.
Son dos cuerpos diferentes, pero unidos por un espíritu indivisible: la defensa del Estado de Derecho, la democracia y el orden. Cada tanto en América Latina esa simbiosis se fragmenta por el ascenso de regímenes autoritarios que politizan las fuerzas policiales o la extralimitación de alguno o de los dos cuerpos (policía y ciudadanos). Y entonces se pide reformar, corregir, eliminar.
En la región la práctica más común ha sido reformar a la policía. Los Carabineros en Chile los han reformado numerosas veces y, hoy, casi 120 años después de su fundación, de aquel cuerpo policial copiado de los gendarmes alemanes de Otto von Bismarck solo quedan rastros. Pasa esto no sólo por una crisis o una necesidad oprobiosa de reforma. Simplemente las ideas de lo que significa y simboliza una institución cambian, como aquel atril presidencial que a primera vista parece inerme al tiempo, pero termina sujeto a remodelaciones.
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Este proceso ocurre con condiciones que pueden seguir siendo las mismas: violencia, crimen organizado, contrabando, tráfico de drogas; desafíos al orden público.
Para reformar parece inevitable preguntarse antes qué se tiene (estado de cosas). La democratización en los años 80 y la ampliación del Estado en América Latina han reforzado a la policía como cuerpo encargado del orden público, pero al mismo tiempo han ampliado su relación con la ciudadanía. En esa conexión, basada en preceptos de la democracia liberal -que es la que defienden mayoría de países de la región- está el origen del cambio de paradigma post-democratización.
La policía democrática no es un término fácil. Al ser el cuerpo policial el órgano coercitivo del Estado, cuesta explicar cómo se conecta con el poder soberano. Esta compleja tensión lleva a enfoques ideológicos sobre la democracia y la provisión de seguridad, que, al final, resultan el centro del debate que se viene dando en varios países de América Latina.
Confianza
En la región existe consenso sobre el aumento de la delincuencia común y el crimen organizado. Países con tasas delictivas bajas como Ecuador o Uruguay han visto ascenso de las estructuras criminales dedicadas al microtráfico, contrabando y otras actividades ilícitas. Esta oprobiosa necesidad de enfrentar el crimen ha reforzado a la policía, que, sin embargo, es vista en muchos casos como mal preparada, equipada y capacitada.
En medio de los debates sobre la capacidad de la policía, se han presentado casos aislados -y unos no tantos- donde miembros de la institución abusan de sus funciones. Extralimitarse en sus facultades no sólo conlleva a una investigación en la justicia especial u ordinaria, sino que golpea fuertemente la confianza en la institución.
Confiar en la policía es un elemento central de cualquier democracia. Una ciudadanía que confía en sus fuerzas de seguridad tiende a colaborar más con ella para reportar crímenes, cooperar y proveer información y así enfrentar de manera idónea el crimen. Pero el deterioro de los lazos de colaboración por acciones u omisiones de la policía y la respuesta violenta de los ciudadanos, en, por ejemplo, una marcha, también erosionan el principio de cooperación, que es la base central de una policía democrática.
Uruguay, según un análisis de los profesores de los profesores Liqun Cao y T, Jihong Solomon Zhao de la Universidad de Michigan, es el país donde los ciudadanos confían más en la policía (51 %), mientras que en República Dominicana es donde menos (12%). Esta variación en los porcentajes, además de ser problemática, muestra que los niveles de confianza en las fuerzas policiales están muy lejos de países como Estados Unidos (70%), donde permanentemente se está hablando de reforma policial.
En Estados Unidos suele haber abusos policiales casi todos los días. Llama entonces la atención el nivel de apoyo de la institución. De entrada, parece que los abusos contra los ciudadanos son muy extraordinarios a diferencia de algunos países de América Latina donde se han normalizado.
Abusos policiales se presentan independientemente de la estructura organizativa. En América Latina, la policía es civil (Brasil, Chile, El Salvador) o militar (México, Perú), y nacional o estatal. Al final, sin embargo, la policía es dinámica en su forma, definida por el tipo de misión, estructura o programa educativo. Brasil es el caso más claro de esta variación de funciones. Aunque su origen es civil, diferentes grupos policiales han sido creados para combatir el crimen organizado.
Reformas exitosas se han propuesto las últimas décadas en la región. Ha habido avances significativos. Según Lucía Dammert, la creación de las Unidades de Vigilancia Policía o de Policía Pacificadora (UPP) en Brasil ha sido un éxito para disminuir la criminalidad en Rio de Janeiro, mientras que Ecuador y Chile han mejorado sus cuerpos de investigación y recolección de información.
La policía actúa cada vez más conforme a los derechos humanos. También son menos los casos de abuso policial en comparación con décadas anteriores, pero se requieren más esfuerzos. Mejorar la formación de los miembros de las fuerzas policiales es quizá el elemento central para lograrlo. Desde inicios de 1990 instituciones de policía empezaron a pedir educación primaria, luego avanzaron a secundaria y ahora bachillerato. En un análisis de la CAF, se habla de un incremento en la formación en derechos humanos en Chile, Colombia y Uruguay.
Para varios expertos el problema está en la falta de diálogo entre la institución y representantes de organizaciones por fuera de ella. Traer al debate diferentes miradas permite entender tanto las demandas policiales como las ciudadanas. Entender igualmente que por más compleja que sea la violencia en América Latina militarizar la seguridad pública trae consigo una línea delgada, muchas veces problemática, entre las actividades de las fuerzas armadas y las policiales.
Y aunque todavía se ve lejos una “policía democrática”, hay que ir comprendiendo, por lo menos, por qué se la llama democrática.