El jueves de esta semana senadores republicanos de Estados Unidos(EU) votaron a favor de citar a los jefes de Twitter y Facebook, Jack Dorsey y Mark Zuckerberg, en medio de una creciente crítica al manejo del contenido político por parte de las redes sociales.
La decisión del Comité Judicial de la cámara alta llega una semana después de que las plataformas limitaran el alcance de un artículo del New York Post crítico del candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden y busca ahondar en el tema de la colisión de derechos que se presenta en estas plataformas, que si bien potencian el de la libertad de expresión, pueden atentar contra el del buen nombre, la imagen y la honra de terceros.
La decisión llega en medio de intensos ataques a las grandes empresas tecnológicas por parte de líderes políticos de ambos partidos antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en EU y coincide con el llamado a testificar a los jefes de Twitter, Facebook y Google, la semana que viene, para examinar una ley que les ofrece protección de responsabilidad por el contenido publicado por terceros en sus plataformas.
En opinión del presidente de la Asociación colombiana de Legal Tec y director de línea de la Maestría en Derecho Digital de la Universidad Sergio Arboleda, Germán Flórez, esta discusión es de una gran importancia considerando que “las redes sociales han llevado a su máxima expresión al derecho a la libertad de expresión, que antes estaba limitado a los medios o figuras públicas” pero agrega que es necesario establecer los límites del mismo para evitar afectar a terceros y difundir noticias falsas que pueden generar efectos perversos.
Esta opinión contrasta con los datos dados a conocer esta semana con motivo de la publicación del informe “The Global Expression Report 2019/2020: The state of freedom of expression around the world”, según los cuales los países de Latinoamérica han experimentado un inquietante “declive” en su libertad de expresión en los últimos diez años y que ubica a Uruguay, Costa Rica y Chile entre los países mejor situados de la región.
Procesos
El 20 de octubre, el Departamento de Justicia de EU alegó que Google vincula a los fabricantes de teléfonos, las redes y los navegadores en acuerdos que lo convierten en el motor de búsqueda predeterminado. El departamento dice que esto perjudica a los consumidores, que se ven privados de alternativas. El acuerdo garantiza el dominio de búsqueda de Google que, debido a una participación de mercado global de aproximadamente el 90%, genera grandes beneficios.
Aunque no es claro el remedio a esta situación, se cree que el organismo podría obligar a la empresa matriz del buscador, Alphabet, a cambiar la forma en que estructuran su negocio, petición que podría materializarse en años.
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Sin embargo la acción contra Google está lejos de la que se avecina contra Facebook, Twitter y otras redes sociales por sus acuerdos contractuales y la creciente indignación popular que enfrentan las empresas tecnológicas por, supuestamente, destruir la sociedad considerando que la izquierda estadounidense dice que las redes sociales están ahogando a los usuarios en un mar de odio y la falsedad, mientras que la derecha las acusa de censura y manipulación.
Esta indignación se ve reflejada en los datos divulgados por la revista The Economist según los cuales mientas que una décima parte de los estadounidenses piensa que las redes sociales son beneficiosas, casi dos tercios aseguran que causan daño.
Esta opinión mayoritaria se sustenta en que, por ejemplo, desde febrero, YouTube ha identificado más de 200.000 videos "peligrosos o engañosos" sobre el covid-19 y que antes de las votaciones presidencias en EU de 2016, entre 110 y 130 millones de estadounidenses adultos vieron noticias falsas.
Frente a esta contundente evidencia de su influencia y penetración, las compañías alegan al principio de su neutralidad en la red que, según explica Flórez las exime de la responsabilidad de lo que publican sus usuarios pero intentan desarrollar protocolos para hacer frente a las críticas.
Sin embargo surge la pregunta de que un puñado de ejecutivos de la tecnología, que no han sido elegidos por nadie, deban establecer los límites de la libertad de expresión. Si bien es cierto que otros medios podría compartir la responsabilidad de la desinformación la presión sobre las empresas de tecnología está aumentando para restringir cada vez más material pero esto las llevaría a tener que definir que es aceptable para la sociedad y que no lo es.
El problema
Esta situación podría no importar si las redes fueran menos dominantes. Las redes se han convertido en el principal medio de distribución de noticias y opiniones y son según Zuckerberg, una "plaza del pueblo". Si quieres ser parte de la conversación no tienes más remedio que estar ahí.
Este dominio sobre los usuarios tiene otra triste implicación para la verdad y la decencia. Para vender más anuncios, los algoritmos de las empresas de tecnología le envían noticias y publicaciones que creen que llamarán su atención.
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Los cínicos políticos, los estafadores y los extremistas se aprovechan de este sesgo hacia la viralidad para difundir mentiras y odio. Los bots y las falsificaciones profundas, las publicaciones realistas de figuras públicas que hacen o dicen cosas que nunca sucedieron, hacen que su trabajo sea más fácil y barato. Se están volviendo rápidamente más sofisticados.
El remedio más puro para esto sería cambiar el modelo de negocio de las empresas de tecnología e introducir más competencia. Eso ya está funcionando bien en otras áreas de la tecnología, como la nube. Una idea, planteada por la revista The Economist es que las personas sean propietarias de sus datos individuales. Las redes sociales se convertirían en aplicaciones de pago fijo y los generadores de contenido cobrarían el alquiler a los anunciantes. Esta alternativa los llevaría a competir por la pauta y tanto generadores de contenido como plataformas tendrán que ofrecer material de calidad para atraer público y anunciantes.
Esta solución no deja de ser complicada y costosa pero abre la discusión a un problema que llevo a que esta semana Twitter reconociera que había cometido un error al quitar al publicación ‘y que Facebook hubiera modificado sus parámetros de evaluación de publicaciones “sospechosas”.
Las sociedades necesitan soluciones hoy. Inevitablemente, los gobiernos querrán establecer las reglas básicas a nivel nacional y deberán idear estrategias que límite la obscenidad, la incitación y la difamación sin a tentar contra las expresiones de diversidad e individualidad.
Las empresas de redes sociales deberían tomar esos estándares como base. Como “guardianes de la plaza del pueblo”, deben abrir sus procesos al escrutinio. Las decisiones complejas frente a publicaciones como la de Biden deberían ser tomadas por colectivos y estar abiertas a la revisión de juntas de usuarios.
Esto será complicado, especialmente desde el punto de vista legal pero es posible que las empresas de tecnología quieran señalar los abusos razón por la cual deben resistirse a actuar de manera impulsiva y salvo en casos de incitaciones claras a la violencia, establecer protocolos de acción.