La carrera por las vacunas desde el inicio del coronavirus llevó a los países a buscar negociar directamente con las farmacéuticas para comprar dosis para su población, actitud que ha sido abiertamente criticada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por dejar en clara desventaja a los países pobres en la adquisición de vacunas.
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A comienzos de enero, el organismo hizo un llamado a todos los países para que cesen los acuerdos bilaterales de compra de vacunas contra la covid-19 y, en cambio, respalden el mecanismo Covax, una alianza público-privada para asegurar el acceso universal equitativo de las vacunas.
“Pido encarecidamente a los fabricantes que den prioridad al despliegue (de las vacunas a través del mecanismo) y pido encarecidamente a países y fabricantes que dejen de cerrar acuerdos bilaterales en detrimento del Covax”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en una rueda de prensa.
Diez días después, Tedros aseguró que el planeta se encontraba “al borde de un catastrófico fracaso moral”, ya que para el 18 de enero “se han administrado más de 39 millones de dosis de vacuna en al menos 49 países de ingresos más altos. Solo se han administrado 25 dosis en países de ingresos más bajos. No 25 millones, ni 25.000, (sino) 25”.
En América Latina, la situación entre las economías más ricas de la región y aquellas que no lo son no es muy diferente, sobre todo en Centroamérica. En esta zona del continente, solo Panamá y Costa Rica han iniciado sus planes de vacunación, mientras que en Suramérica los países que no han recibido ni una sola dosis de cualquiera de las vacunas existentes en el mercado son Colombia, Venezuela, Paraguay y Uruguay.
Una logística con tropiezos
Argentina, Chile y México fueron los primeros en iniciar la vacunación en América Latina: el 24 de diciembre. Mientras que el resto de la región se preparaba para celebrar la Navidad, los primeros profesionales del sector salud de estos tres países recibieron la primera dosis de las vacunas contra la covid-19.
A Chile y a México llegaron dosis de Pfizer y BioNTech, y a Argentina llegaron de la vacuna rusa Sputnik V. Sin embargo, al que le ha ido mejor en cifras de vacunación total hasta la fecha es a México, país donde se han aplicado 621.005 primeras dosis y 31.314 segundas dosis, con cifras actualizadas hasta el 25 de enero.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha encargado de repartir las vacunas a las regiones donde hay más contagios por coronavirus, principalmente en el Valle de México, para inmunizar a los trabajadores de la salud que están en la primera línea de lucha contra la enfermedad.
También fueron enviadas a la región de Campeche, que se encuentra en semáforo verde epidemiológico por un buen manejo de contención de la pandemia y donde se decidió vacunar a los docentes de las escuelas para que los estudiantes puedan regresar lo más pronto posible a clases.
Sin embargo, muchos le critican a AMLO la decisión de permitir a los Gobiernos federales y a las empresas privadas que adquieran de manera unilateral las vacunas, debido a que esto puede entorpecer el plan de vacunación, crear mafias que cobren por el acceso a la vacuna, que en la actualidad es gratuita, y porque también puede hacer más difícil el rastreo de las personas inmunizadas y de las dosis aplicadas.
Argentina, por su parte, se convirtió en el foco de una polémica mundial luego de que The Wall Street Journal (WSJ) asegurara que Rusia encontró en el país suramericano un “campo de pruebas” de la Sputnik V, ya que en el país gobernado por Vladimir Putin se ha vacunado apenas a un millón de personas y Argentina, con una población de 44,5 millones, puso a los rusos en la carrera mundial de la venta de dosis de vacunas contra la COVID-19, “estimado por las autoridades rusas en USD 100.000 millones de dólares anuales”, explicó el diario.
Este jueves el mismo presidente argentino, Alberto Fernández, negó que su país le estuviera haciendo una especie de propaganda a la vacuna rusa para que otros países se animaran a comprarla, y dijo que “la Argentina no apostó por la vacuna rusa Sputnik. Lo que ocurrió fue que la vacuna rusa Sputnik V fue la primera que tuvo disponible Argentina”.
No obstante, uno de los argumentos utilizados por WSJ para asegurar que Argentina es el “campo de pruebas” perfecto para Rusia es que ningún país desarrollado ha aprobado el uso de emergencia de la Sputnik V, como sí ha ocurrido con otras vacunas, debido a que existen dudas sobre su efectividad.
El panorama no es más alentador en Brasil, donde el manejo de la pandemia se ha politizado tanto que un estudio realizado por el Centro de Investigación y Estudio del Derecho Sanitario (Cepedisa), de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo y Conectas Derechos Humanos, aseguró que en el país existe “una estrategia institucional para la propagación del virus, promovida por el Gobierno brasileño bajo el liderazgo de la Presidencia de la República”.
Lo anterior describe la gravedad del problema en un país que al 27 de enero suma más de 9 millones de contagios y más de 20.000 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia. El Gobierno de Jair Bolsonaro varias veces ha realizado declaraciones públicas en las que ha desestimado la magnitud de la pandemia.
El estudio llamó a este aspecto una “propaganda contra la salud pública", la cual definió como "el discurso político que moviliza argumentos económicos, ideológicos y morales, así como noticias falsas e información técnica sin pruebas científicas, con el fin de desacreditar a las autoridades sanitarias, debilitar la adhesión popular a las recomendaciones sanitarias basadas en pruebas científicas y promover el activismo político contra las medidas de salud pública necesarias para contener el avance de la covid-19”.
Además, Bolsonaro tiene un claro enemigo político en la lucha contra el virus: Joao Dória, gobernador del estado de Sao Paulo, quien al comienzo de la pandemia le abrió las puertas a la farmacéutica china Sinovac para que produjera la vacuna Coronavac en el Instituto Butantan. El enfrentamiento ha escalado tanto que el estado paulista vacunó a la primera persona el pasado 17 de enero y esa misma noche el Gobierno de Bolsonaro anunció que el 18 se iniciaba el plan de vacunación nacional. Y así fue.
En Panamá, por su parte, los gremios médicos se han quejado por no haber sido incluidos en la primera fase de vacunación, un hecho que se opone a la tendencia mundial, en la que se busca que los trabajadores del sector salud estén entre los primeros grupos poblacionales para inmunizar.
Pero el país que lleva menos tiempo vacunando a su ciudadanía y con más denuncias de corrupción durante la puesta en marcha del plan de vacunación es Ecuador. Apenas el 21 de enero recibió las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech y en menos de una semana un número desconocido de vacunas fue aplicado en un exclusivo condominio privado de adultos mayores en Quito que no hacía parte de las listas oficiales de geriátricos a los que debía llegar la vacuna con prioridad.
Después de que estallara el escándalo, el ministro de Salud ecuatoriano, Juan Carlos Zevallos, aseguró que “todos tienen derecho” de vacunarse contra la covid-19. Pero luego, en una entrevista concedida al diario El Comercio, el funcionario público admitió que varios de sus familiares viven en esa residencia y resultaron beneficiados con la vacunación. Esta situación ha hecho que varios congresistas pidan iniciar un juicio político en contra del ministro y que tanto la Defensoría del Pueblo como asociaciones médicas exijan su renuncia.
Todos estos problemas demuestran que los planes de vacunación de la mayoría de países tienen falencias, vacíos profundos e incluso pueden ser corruptibles. El problema no son solo las mafias que, según algunos Gobiernos de la región, tratarán de vender vacunas falsas o robar las que lleguen a los diferentes países para luego venderlas en el mercado negro, sino políticos que quieran pagar favores o incluso obtener un rédito económico de no aplicar las dosis completas de las vacunas a las personas.
De acuerdo con la capacitación que le da a la Policía ecuatoriana Joan Luna Valenzuela, jefe de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Aduaneros, a través de video, “debemos asegurar que cada vacuna sea desocupada por completo, que no quede líquido. Porque si se reúnen algunas sobrantes ya se podría completar una dosis y se podría vender por las redes sociales”.
