El juez brasileño Sergio Moro acogió una nueva denuncia por corrupción y lavado de dinero contra el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, a quien ya condenó a casi diez años de prisión hace tres semanas en una causa diferente.

Lula (2003-2010), que enfrenta otros cinco procesos penales, está siendo acusado ahora de recibir sobornos de las constructoras Odebrecht y OAS, materializados a través de reformas en una hacienda en Atibaia (interior de Sao Paulo), a cambio de contratos con la estatal Petrobras.

Símbolo de la lucha anticorrupción para muchos, y convertido en enemigo del exmandatario, esta es la tercera denuncia que el juez Moro acepta contra Lula.

La primera de ellas se saldó el pasado 12 de julio con su condena a 9 años y medio de cárcel, después de que el magistrado le considerara beneficiario de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo), ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en la petrolera estatal.

Ahora la que está bajo la lupa es la hacienda de Atibaia. A pesar de que el inmueble no está a nombre del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) -argumento central de su defensa-, el magistrado, según se desprende del documento, afirma que hay elementos que prueban su titularidad de hecho.

"Los elementos probatorios juntados por el Ministerio Público Federal (...) permiten concluir que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se comportaba como propietario de la hacienda de Atibaia", dice el texto.

El magistrado añade que las personas y empresas involucradas en esquemas de corrupción en los contratos suscritos por Petrobras, Odebrecht y OAS "costearon las reformas en la referida propiedad, teniendo por propósito beneficiar al expresidente".

Además de Lula, otras doce personas fueron acusadas, entre ellas el expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht; el dueño de OAS, Léo Pinheiro; el abogado de Lula, Roberto Teixeira; así como el dueño de Odebrecht, Emílio Odebrecht.

Según la denuncia del Ministerio Público, Odebrecht habría pagado unos 128 millones de reales en sobornos, mientras que OAS habría abonado otros 27 millones de reales, de los cuales Lula se habría beneficiado parcialmente a través de arreglos en la referida hacienda.

A cambio, el exmandatario, afirma la Fiscalía, habría mantenido a ejecutivos de Petrobras que lucraban con la firma de contratos. 

Lula, de 71 años, se prepara para embargar en una gira política por el noreste del país. A través de su defensa y en alocuciones públicas ha negado, de forma reiterada, todas las acusaciones y denuncias en su contra, alegando que se trata de una conspiración para impedir su candidatura en las elecciones de 2018.

El expresidente y Moro se verán las caras nuevamente el 13 de septiembre, cuando el líder de la izquierda latinoamericana será interrogado por otro caso en el marco de la Operación Lava Jato.