UN estado de excepción de facto que inició prohibiendo derechos ciudadanos fundamentales como la libertad de expresión, movilización y organización, y prosiguió con el encarcelamiento de todo el que tuviera chance de arrebatarle el poder es lo que Daniel Ortega y su compañera -tanto de vida como política- Rosario Murillo instauraron en Nicaragua.

Cuando en 2018 la mirada mundial se centró sobre Nicaragua a raíz de una ola de protestas sociales que se extendieron por todo el país y duraron varios meses para que con esa expresión de descontento ciudadano se gestara un cambio político se esperó la mano tendida de los Ortega hacia un entendimiento nacional. Y este tándem no tendió la mano sino todo el brazo, pero para aplastar con toda su fuerza cualquier voz disidente. El saldo: más de 300 fallecidos, centenares de heridos y encarcelados, juicios arbitrarios y al menos 100 mil nicaragüenses al exilio.

Tras la violenta represión que tuvo la condena unánime mundial y unas primeras sanciones al gobierno y al círculo íntimo de Ortega, en aras de recuperar el reconocimiento internacional, abrió dos rondas de negociación, en mayo de ese año y febrero de éste, ambas fallidas, por la incesante represión gubernamental en todas sus formas contra líderes políticos, sociales y defensores delos derechos humanos y periodistas (hostigamiento, vigilancia, agresiones, retenciones domiciliarias y, más recientemente decenas de arrestos).

Y como férreo defensor del socialismo del siglo XXI que aunque lanzado por el desaparecido venezolano Hugo Chávez se gestó en el régimen cubano de los Castro, Ortega cooptó todos los poderes estatales para, entre finales de 2020 e inicios de 2021, sacar avante un paquete de leyes que tienen como propósito criminalizar a la oposición y limitar aún más derechos ciudadanos fundamentales.

Estas son la Ley de “Agentes Extranjeros”, que obliga a las organizaciones sociales y personas individuales que reciben fondos del exterior a inscribirse en una oficina, además de someterse a una serie de restricciones y controles; la Ley de Ciberdelitos, que incrementa la vigilancia obligando a las compañías telefónicas a suministrar los datos de personas que el gobierno considere de interés político; la Ley de Cadena Perpetua, que implicó una reforma a la Constitución e incrementó las penas para delitos que el gobierno considera “de odio”, además de llevar el periodo de detención preventiva de 48 horas a 90 días; y, finalmente, una ley que sanciona a quienes participen o lideren acciones de oposición.
Desde el inicio de las acciones represivas gubernamentales, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas alertaron sobre las graves violaciones que se estaban cometiendo y que en los dos últimos meses se hicieron más que evidentes, sin sonrojo alguno, con la detención de decenas de líderes opositores, entre ellos siete candidatos presidenciales.

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De ello se pasó a llamados para que el gobierno Ortega restableciera las libertades ciudadanas y a encontrar una salida negociada a la crisis sociopolítica que al resultar infructuosos dieron pie a la imposición de más sanciones por parte de Estados Unidos, al igual que la Unión Europea, Suiza, Canadá y Reino Unido.

Ortega también controla el sistema electoral, lo que le ha permitido desde que llegó al poder en 2007, organizar los comicios a su medida, cambiar las reglas de juego y cometer irregularidades para mantenerse en el poder, como ahora lo está haciendo al anular a sus detractores.

Elecciones, una farsa

Pese a lo anteriormente descrito, la ciudadanía guardaba meses atrás la esperanza de que los comicios generales que están convocados para el próximo 7 de noviembre se convirtieran en un punto de inflexión (cambios así fueran pequeños y apertura democrática), máxime por la cuestionada gestión que el gobierno ha dado a la pandemia del covid-19 y la crisis económica.

Así, las dos plataformas opositoras, Coalición Nacional y Alianza Ciudadana, que incluyen entre sus integrantes tanto a partidos políticos como a organizaciones y movimientos sociales comenzaron una difícil campaña eligiendo a sus candidatos a la presidencia, así como a sus representantes regionales. Ese era el primer paso porque se tenía previsto, con el paso de los días, llegar a un acuerdo programático para presentar una fórmula presidencial única que tendría gran chance de darle la pelea a Ortega y su esposa vice, ante el creciente y público descontento ciudadano.

Pero precisamente sintiendo esos pasos de animal grande, Ortega cerró al máximo el espacio para simular unas elecciones legítimas. Para ello echó mano de sus acomodada leyes e inició en junio una abierta persecución a sus detractores, llevando a la cárcel a la mayoría de sus líderes, (al menos 30) a los que acusa de infundados delitos como “traición a la patria” y “atentado a la soberanía”, entre otros.

Y aunque a última hora, el pasado lunes cuando cerraba la inscripción de candidatos sorprendió Alianza Ciudadana con una fórmula encabezada por el excontra contrarrevolución Oscar Sobalvarro, y la exMiss Nicaragua, Berenice Quezada, la oposición quedó sin chance real en esta cita electoral.

Además, la persecución no cesa y a Quezada, horas después de su inscripción, se le ordenó la detención domiciliaria por unas declaraciones que hizo sobre la urgente necesidad de un cambio político. El viernes en la tarde, el Consejo Electoral inhabilitó a ese partido.

Daniel Ortega, a sus 75 años con su esposa Rosario Murillo, pareja cuestionada por nepotismo y corrupción, se inscribieron por el gobernante partido sandinista y buscará de esta forma su cuarto mandato consecutivo contra el único presidenciable libre, Sobalvarro, que guarda la ilusión de concitar el voto de los descontentos, algo difícil ante el temor que sienten hacia el régimen.

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Oposición secuestrada

"La oposición quedó dispersa y con un liderazgo apresado. Las opciones para ganar (las elecciones) bajo estas condiciones son nulas", consideró el analista y exdiputado opositor Eliseo Núñez.

Como reseñamos, al menos 31 importantes opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, han sido detenidos desde junio pasado. Con ellos, la lista de disidentes presos en el marco de la crisis política que vive el país tras la represión a las protestas de 2018 aumentó a 136, según la oposición.

Entre los detenidos está Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien se perfilaba como potencial competidora para enfrentar al sandinismo y estaba bien posicionada para luchar por la presidencia, según algunos ciudadanos y estudios de opinión.

"Las principales caras de la oposición democrática, entre ellas las precandidaturas presidenciales que contaban con el mayor margen de preferencia... se encuentran secuestradas (detenidas) por la dictadura, en el exilio o en la clandestinidad", señaló recientemente la opositora Unidad Nacional Azul Y Blanco (UNAB), formada por varios grupos que participaron en las protestas de 2018.

Varios opositores y críticos del gobierno optaron por abandonar el país en los últimos dos meses por temor a ser encarcelados en la nueva ola de arrestos, entre ellos el exguerrillero de la revolución y ahora opositor Luis Carrión, quien salió después de que tres excamaradas de lucha fueran arrestados por la policía.   

"Estaba claro que el siguiente en la lista era yo", reveló a la prensa Carrión, un disidente del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) que ha cuestionado el liderazgo de Ortega.

A la lista de exiliados se sumó también la aspirante presidencial y abogada María Moreno, quien pretendía correr bajo las banderas de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL, derecha).

"No tengo por quién votar, mi candidato a presidente" está preso, expresó el activista opositor Josué Garay en redes sociales.

Por su parte el exdiplomático y sacerdote Edgar Parrales resumió en esta frase lo que está ocurriendo: "La verdadera oposición está en la cárcel, exiliada o escondida".

Desde el exilio, el sociólogo Oscar Vargas opinó que "Ortega sigue en el poder porque ha sabido golpear al movimiento social y triturar a los personajes de la política nacional".

De esta forma, el próximo 7 de noviembre, Ortega refrendará en las urnas su credencial de dictador.