Los partidarios del expresidente independentista catalán Carles Puigdemont acordaron este sábado que intentarán lograr su investidura de aquí al 14 de mayo, y evitar así nuevas elecciones, informó el portavoz de su grupo parlamentario tras una reunión en Berlín.

"No queremos nuevas elecciones", declaró Eduard Pujol, portavoz del grupo parlamentario de Juntos por Cataluña, tras una reunión con Puigdemont en Berlín.

Con una recién aprobada reforma de la ley de presidencia regional en el parlamento catalán, para poder permitir la investidura a distancia, los independentistas esperan lograr la formación de gobierno, explicó Pujol a la prensa.

"Nuestra idea es investir al presidente Puigdemont, el 14 de mayo. Esta es la fecha límite en la que nos gustaría movernos", explicó el parlamentario.

El parlamento catalán, controlado por una ajustada mayoría independentista tras los comicios de diciembre que no permitieron desbloquear la situación, debe investir a su presidente de aquí al 22 de mayo para evitar nuevas elecciones.

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Pujol reconoció sin embargo que el gobierno español, que ejerce el control de Cataluña tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución ante el desafío independentista, se opone terminantemente a la investidura de Puigdemont.

Madrid ya ha advertido que llevará a la justicia la reforma que permite la investidura telemática del presidente del gobierno regional catalán.

Si la estrategia de investir a Puigdemont no se puede llevar a cabo, se pondrá sobre la mesa nuevamente el nombre de Jordi Sánchez, que está encarcelado, en Madrid.

"Si esta posibilidad no puede concretarse, deberíamos abrir la puerta a otra alternativa" explicó el portavoz del grupo parlamentario de Puigdemont.

Pero, aclaró luego, "hoy se ha hablado de escenarios políticos, en ningún caso se ha puesto sobre la mesa ningún otro nombre".

El expresidente Puigdemont se halla en Alemania pendiente del examen de su caso por la justicia alemana. Madrid ha pedido su extradición.

Cataluña, región de 7,5 millones de habitantes y con un quinto del PIB español, pasó a tutela directa de Madrid tras la declaración de independencia del 27 de octubre.