El presidente de Perú, Martín Vizcarra, logró la aprobación en el Congreso de una reforma judicial que modifica la Constitución para reemplazar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
La reforma será sometida a un referéndum y hace parte de un paquete de medidas del Gobierno de Vizcarra contra la corrupción.
La medida fue aprobada por unanimidad con el voto favorable de 112 legisladores luego de un debate de más de cinco horas. El proyecto de ley había sido admitido, previamente, por las comisiones de Justicia y Constitución del Congreso.
La iniciativa establece que la elección de los integrantes del CNM se cumpla mediante un concurso público basado en los méritos de los aspirantes.
La aprobación a la medida impulsada por el mandatario se cumple antes que sea sometida a votación la cuestión de confianza que planteará el primer ministro, César Villanueva, para exigir la aceptación de un paquete de proyectos de lucha contra la corrupción.
El rechazo a la cuestión de confianza podría desencadenar en el cierre del Congreso, debido a que la Constitución establece que si el legislativo niega la confianza a dos Gabinetes en un mismo gobierno se puede convocar a elecciones parlamentarias en un máximo de cuatro meses.
Vizcarra había amenazado con disolver el Congreso y llamar a elecciones legislativas en caso de que su paquete contra la corrupción que incluye la reforma a la justicia fuera rechazado.
Los proyectos de Vizcarra incluyen la prohibición de la reelección de congresistas y nuevos parámetros para la financiación de los partidos políticos.
Cientos de manifestantes se desplazaron hasta el centro de Lima donde exigían la aprobación de la reforma en el momento en que se debatía en el Congreso.
A finales del pasado mes de julio medios locales peruanos difundieron unos audios donde se escucha a varios jueces pedir sobornos a cambio de su mediación en decisiones judiciales.
Los presidentes de la Corte Suprema de Perú, Duberlí Rodríguez, y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez, renunciaron luego de la difusión de los audios, y el Gobierno promovió la reforma.