GARANTIZAR elecciones pacíficas, normal transición democrática y restablecer el plan económico bloqueado por la Asamblea Nacional que ordenó disolver, es la inmediata hoja de ruta del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso en la recta final de su recortado mandato.

Consciente de que la mayoritaria oposición en esa corporación iba a destituirlo en “el juicio sin pruebas”, “con un delito inexiste en la Constitución” -peculado por omisión-, el “alto nivel de bloqueo a los proyectos gubernamentales” y el “ataque sin límites a la gestión de este Gobierno”, como el mandatario derechista expresó en alocución televisada para justificar su decisión de cerrar la Asamblea y convocar a elecciones generales.

Rozando su segundo año de mandato (asumió el 24 de mayo de 2021), Lasso, el primer gobernante de derecha en llegar al Palacio Carondelet en 18 años, se vio forzado este miércoles a aplicar el artículo 148 de la Constitución que le otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, abriendo la convocatoria para elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos.

“Esta es una salida constitucional…Devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”, manifestó Lasso en su mensaje, al tiempo que agregó que “es la mejor decisión posible, nos abre el camino a recuperar el camino a la esperanza, tranquilidad y permitirá al gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender sus necesidades a las familias ecuatorianas”.

La decisión, conocida como ‘muerte cruzada’ porque es el abrupto fin del período de los parlamentarios pero también del inquilino de Carondelet, se hizo norma constitucional bajo el gobierno del izquierdista Rafael Correa, exiliado en Bélgica tras ser condenado a ocho años de cárcel por corrupción.

Lejos pero omnipresente ha estado el expresidente en la política ecuatoriana, como se evidencia con la mayoría en el Parlamento, la dura pugna por la presidencia que buscó en cuerpo ajeno con el candidato Andrés Arauz (derrotado en segunda vuelta por Lasso con 5% de ventaja), el naufragio del referendo gubernamental de este año para realizar claves cambios constitucionales y el trámite tan exprés como irregular del juicio al actual mandatario.

El persistente bloqueo legislativo de los congresistas correístas que lograron aupar el apoyo del resto de formaciones de izquierda hizo desplomar el apoyo ciudadano a la gestión de Lasso al 15%. Sin embargo, superaba de la Asamblea Nacional que escasamente llegaba al 9%, según la más reciente encuesta de Click Research, que también develó que la mayor preocupación ciudadana (30%) era la creciente delincuencia -impulsada por la consolidación del narcotráfico- la que, precisamente Lasso buscaba combatir férreamente con las propuestas del referendo que contemplaba, entre otras, el restablecimiento de la extradición.

La mala relación con el Congreso se generó, según reiterados argumentos del Presidente, a su negativa de entregarles cargos estatales, el manejo de instituciones públicas como hospitales y otras prebendas a cambio de votos. Lo que en Colombia llamamos ‘mermelada’

El expresidente Correa fue de los primeros en reaccionar ante la ‘muerte cruzada’ trinando: “Ecuatorianos: esto es ilegal. Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución. En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su Gobierno y sus legisladores de alquiler. Hoy más unidos que nunca. ¡Hasta la victoria!”

Insistió en que "Esto es un golpe de Estado -no hay causales- pero es también el último clavo de su propio ataúd político".

Y los parlamentarios correístas, iracundos por la decisión gubernamental fueron más allá, al punto de señalar que Lasso debía ir a la cárcel no solo por el presunto ‘peculado por omisión’ sino por su mala gestión gubernamental. Decantada la furia y con la oportunidad que se les abre de volver al poder, comenzaron los contactos con la poderosa confederación indígena, Conaie, para gestar una gran alianza por el poder.

Por decreto

Aunque le será imposible cumplir la totalidad de su programa, Lasso aprovechará el lapso de aquí a la entrega de mandato (que se calcula sería a fin de año) para impulsar la economía, ya que está facultado a gobernar vía decreto y solo en este ámbito, pero previo aval de la Corte Constitucional.

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Fue así como en la misma alocución nacional, informó que “a partir de hoy, sin bloqueos, el Gobierno Nacional expedirá una serie de decretos ley para cumplir con el mandato soberanamente expresado por ustedes. He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 465 mil familias y que significa que cerca de 200 millones de dólares regresen a los hogares. Este decreto ley será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen”.

Vale recordar que la economía aunque ralentizada por el freno legislativo, las medidas gubernamentales lograron bajar la inflación (de 3.1% de enero a 2.4% en abril) y marcar un modesto crecimiento del PIB en el primer trimestre del año del 1.7%.

Aseguró que el país no se detiene: “los servicios públicos atenderán con normalidad, las fuerzas armadas y la policía continúa garantizando seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y terrorismo. El sector privado tiene todas las garantías para desarrollar las actividades seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo.

La fuerza pública cerró filas tras Lasso, porque su decisión es constitucional y por tanto “debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos”.

“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes”, dijo el general Nelson Proaño, comandante de las FF.MM., quién al igual que el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, advirtió que “en caso de un intento de alterar el orden, con violencia, actuaremos con firmeza en cumplimiento de nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos”

Lo que viene

En el caldeado ambiente político ecuatoriano, Lasso dio a curso lo que estipula la Constitución, es decir, tras expedir el decreto de disolución de la Asamblea Nacional, pidió al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para lo que resta del periodo respectivo en esos cargos.

Ese órgano rector tiene desde ayer siete días, hasta este 24 de mayo, para anunciar la fecha de tales comicios, que como lo establece un artículo constitucional no es un adelanto de elecciones ni una alteración de periodos, sino la consecuencia de invocar la ‘muerte cruzada’.

De esta forma, quién gane la Presidencia y los electos para el Parlamento no comenzarán un periodo de cuatro años, sino que completarán los dos que restaban al actual mandato. Así, el primero gobernará y los segundos legislarán hasta mayo del 2025.

Se prevé que los comicios se realicen en un plazo de 90 días, aunque muchos estiman que el mismo puede ser mayor a cuatro meses, dado que como se aplicó esta inédita herramienta constitucional, no hay una normatividad establecida al respecto.

Y aunque Lasso no tiene impedimento alguno para presentarse a los próximos comicios, no estaría en sus planes, por la difícil experiencia vivida con el incesante acoso de los correístas, indigenistas y demás representantes de la izquierda.

Queda por ver, entre otras cosas, si la justicia ecuatoriana implicará al actual mandatario en el proceso que por presunta corrupción tiene a la empresa pública petrolera Flopec que, como bien aclaró Lasso en su intervención, data de un contrato de 2018, tres años antes de que él asumiera la presidencia, y que fue la base de su juicio político con el argumento, sin evidencia y con un delito inventado, de permitir que esa negociación se mantuviera pese a que había informes de que era lesivo para el Estado. Ese contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker dejó pérdidas por más de USD 6 millones y el mandatario fue el que hizo tal denuncia ante la Fiscalía en 2022.

En el plano político y aunque todos los politólogos coinciden en que este anticipo electoral ‘beneficiará a la izquierda’ que finalmente logrará su objetivo de sacar a Lasso del poder, de la reacción ciudadana a la orden de este dirigente, reconocido demócrata y defensor del diálogo, y la recta final de su gestión, dependerá que tanto su alianza CREO como las otras formaciones de derecha tengan buen desempeño en las urnas. Por lo pronto, el inevitable ‘suicidio político’ de Lasso le permitirá unos meses de gobernabilidad para propulsar la economía.

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