El jueves, a la vuelta de su gira por Medio Oriente, Pedro Sánchez decidió bajarse del avión oficial y dirigirse de inmediato al Valle de los Caídos, un gigantesco monumento inaugurado por Francisco Franco en 1959 para conmemorar a más de 33.000 caídos en la guerra civil española, en el que también fueron enterrados él y José Antonio Primo de Rivera, hasta 2019, cuando el gobierno exigió la exhumación y traslado de su cadáver al cementerio de El Pardo.

¿A qué se debía el afán del jefe de gobierno español, que recién había aterrizado en Madrid, después de un vuelo de más de nueve horas? La prensa oficial anunció que el jefe de gobierno, en esta visita, buscaba “conocer 'in situ' las tareas de recuperación de 160 víctimas reclamadas por sus familias”. Sin embargo, la sorpresiva de Sánchez para muchos fue más que un acto simbólico de memoria y, en realidad, apuntaba a despertar el recuerdo de Franco o sacar como carta electoral el “francomodín”.

Maratón electoral

A partir de ahora, España empieza una maratónica carrera electoral con elecciones en el País Vasco (22 de abril), Cataluña (7 de mayo) y al Parlamento Europeo (5 de junio). Los vascos, por temas de calendario electoral desde 2018, han decido organizar las elecciones en una fecha diferente a las autonómicas en toda España (mayo 2023), mientras que en Cataluña el hoy presidente de la comunidad, Pere Aragonés, adelantó las votaciones luego de que la coalición de gobierno se rompiera.

El impacto de estas elecciones locales en el gobierno de Sánchez puede ser muy alto. La coalición de gobierno en el Parlamento agrupa varios partidos nacionalistas que podrían perder representatividad local y así condicionar su alianza con el jefe de gobierno socialista. Es lo que eventualmente podría pasar en el País Vasco, donde los dos partidos más grandes se disputan la mayoría de alcaldías y diputaciones. Uno de ellos es el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que siempre ha salido de primero en las votaciones, pero esta vez ve amenazada su condición de partido mayoritario por el auge de Bildu, un grupo formado por miembros de ETA.

Si el PNV pierde varias ciudades clave y se convierte en la segunda fuerza de Vasconia, varios analistas estiman que este partido, de tendencia nacionalista pero que siempre ha pactado con los gobiernos españoles de izquierda y derecha, podría salir de la coalición de gobierno, retirando su grupo de parlamentarios y dejando a Sánchez sin los suficientes apoyos para lograr una mayoría suficiente para formar gobierno (176).

“Francomodín”

Consciente de lo que se juega el 22 de abril, que en resumidas cuentas es su gobernabilidad, Sánchez acude nuevamente a Franco y el símbolo que mejor lo representa, el Valle de los Caídos –o el Valle de Cuelgamuros, hoy– para poner en el centro de la campaña electoral su compromiso con la memoria y las víctimas de la dictadura y la visión que tienen sus opositores de reivindicar o guardar silencio frente a los crímenes que se cometieron de 1939 a 1978.

La ofensiva por la memoria de Sánchez llega en momentos en que el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) ha lanzado una campaña liderada por el exjefe de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, en defensa de la Ley de Memoria Democrática, presentada en 2020 por la ministra Carmen Calvo, con la que se busca ampliar el margen de acción de la ley de “Memoria Histórica” de Zapatero (2007). Con base en la Ley de Memoria, los tribunales españoles han exigido la exhumación de Franco y Primo de Rivera, así como el reconocimiento de que todas las decisiones tomadas por los tribunales durante el franquismo son ilegítimas.

Muchos españoles solían ver a Franco como algo ajeno o del pasado. El dictador murió hace 49 años. Más de la mitad de españoles han nacido después de la transición a la democracia en 1978. Según una encuesta de “El País” del año 2000, un 42 % de los encuestados se mostraba “indiferente” hacia Franco, el 38 % tenía “sentimientos negativos” hacia él y el 17 % “sentimientos positivos”. El 59 % opinaba que su régimen era “definitivamente cosa del pasado”, el 33 % que “tenía alguna influencia” y sólo el 5 % que “seguía teniendo una influencia significativa”.

Más dos décadas después, se asume que el porcentaje de personas que ven a Franco como “cosa del pasado” es mayor. Sin embargo –sin encuestas que lo confirmen–, la realidad política muestra que una parte de los españoles ahora tiene más presente la imagen del dictador que antes, en especial los jóvenes, que políticamente tienden a ser más parecidos a sus bisabuelos que al pactismo transicional que acompañó a sus padres y abuelos.

“A las generaciones más jóvenes y a algunos miembros de la izquierda les preocupa que España nunca haya abordado los crímenes de su pasado y algunas de sus cicatrices más profundas”, escribe Michael Reid, excorresponsal de “The Economist” en España, en el libro “Spain, the trials and triumphs of a modern european country”.

Desde que Zapatero llegó al poder en 2003, este porcentaje de gente ha ido aumentado hasta llegar un momento como el de hoy en el que Sánchez, que cita en sus intervenciones a figuras de la República como Largo Caballero, un exministro de Manuel Azaña, usa el franquismo para enfrentar la crisis de su gobierno por los escándalos de corrupción como el caso “Koldo” y la presunta participación de su esposa, Begoña Gómez, en el cobro de comisiones.

Esta semana, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, dijo que el Psoe tiene “dos mantras” que usa para “desviar la atención cuando tiene problemas o hay algún tipo de polémica”. “Uno es meterse con Ayuso, una práctica habitual que ya tiene muy ensayada, y el otro es sacar el ‘francomodín’, ¡que van sacando cada dos por tres!”.

Francisco Franco vuelve a la escena para oxigenar a un Sánchez que desesperadamente busca despertar entre los españoles la necesidad de dividirse en bandos, recordar el pasado y terminar votando, en este caso, por el bando de él, una izquierda socialista que con sus aliados se juega su gobernabilidad en los próximos cuatro meses.

*Consultor y analista. MPhil en Universidad de Oxford.