Con mesas de socialización se buscará que nuevos gobernadores y alcaldes estén al día con reportes electrónicos sobre contratación,  gestión y manejo de regalías.

Altos índices de incumplimiento en las normas estratégicas establecidas en materia anticorrupción registraron este año los departamentos y municipios del país.
Así lo reveló la Procuraduría General de la Nación al presentar a los alcaldes de capitales de departamento y a los gobernadores electos los resultados del Índice de Gobierno Abierto (IGA), sistema que permite monitorear el cumplimiento de las mencionadas normas para evitar la corrupción en la gestión pública.
Según el informe, las cinco gobernaciones con menor incumplimiento en materia anticorrupción son: Boyacá, Meta, Amazonas, Cesar y Huila; y las cinco con mayor incumplimiento son: La Guajira, Magdalena, Bolívar, Chocó y Putumayo.
A nivel municipal, las alcaldías de Castilla La Nueva, Yopal, Duitama, Teorama e Ipiales registran el menor nivel de incumplimiento y las alcaldías de San Bernardo del Viento, Montecristo, Quetame, El Litoral San Juan y Norosí se constituyen en las de mayor incumplimiento.  
Destaca el pormenorizado estudio del Ministerio Público que no existe entidad territorial alguna que tenga un nivel de cumplimiento normativo en materia de anticorrupción equivalente al 100%.
Al desglosar los múltiples indicadores con los que se evalúa la gestión pública y las medidas adoptadas para enfrentar la corrupción se destaca que más del 64% de los contratos que deben estar publicados en el Sistema electrónico de contratación pública, Secop, no cumplieron con dicho requisito y que en promedio, más del 38% de los que allí aparecen están desactualizados.
En ese orden de ideas destaca que si bien  la totalidad de las gobernaciones registraron el Plan de Compras, 43% de las alcaldías no lo hicieron.
De igual forma indica que el Modelo Estándar de Control Interno, Meci, otra de las herramientas ordenadas para evitar la corrupción, sólo fue seguido por el 60% de las gobernaciones y el 42% de las alcaldías del país.
Advierte también que el  81% de las gobernaciones no aplicó las Tablas de Retención Documental (TRD) y que más del 85% de las alcaldías no cuentan con aplicación de TRD ni Archivo General.
El informe destaca de otra parte que a pesar de que el promedio en el reporte Sistemas Estratégicos de Información es relativamente elevado, hay un gran potencial de mejoramiento especialmente en cuanto  al cargue de información al Sistema Unico de Información (Sui) y al Formulario Único Territorial, FUT.
Así destaca que el 66% de las gobernaciones y 80% de las alcaldías que no reportaron información fiscal y financiera de manera completa, de calidad y oportuna a través del Formulario Único Territorial y que el 76% de las gobernaciones y 77% de las alcaldías beneficiarias de regalías no reportó información completa y de calidad sobre el manejo de estos recursos.
El informe también evidencia la falta de reportes sobre el Sisbén y el Sicep, especialmente de las alcaldías.
La Procuraduría también encontró graves fallas en cuanto la información que gobernadores y alcaldes deben entregar sobre sus administraciones. De esta forma señala que el  75%  de las gobernaciones manifestó no haber presentado informe anual de gestión sobre el Plan de Desarrollo y que ms del 85% de las entidades territoriales señaló haber identificado los actores claves del proceso de rendición de cuentas pero menos del 27% dijo haber convocó a las veedurías ciudadanas.
Finalmente en cuanto a Gobierno en Línea, el 84% de las gobernaciones y el 97% de las alcaldías se encontraron en un nivel de implementación medio o bajo de la Fase de Información, a pesar que el plazo para hacerlo venció en noviembre pasado.
Ante todas las fallas registradas en los entes territoriales, muchas de ellas seguramente por falta de conocimiento o capacitación en las nuevas tecnologías de la información, se acordó que durante el año que está por comenzar se conformarán Mesas de Socialización de la Información por departamento para reunir a los municipios de dichos territorios y así discutir y reconocer los resultados del Índice de Gobierno Abierto, IGA así como las formas de mejorar el cumplimiento del mismo.