El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) publicó este lunes un balance sobre el daño producido por los artefactos explosivos en Colombia durante los primeros seis meses de 2020.
En el primer semestre de 2020, en Colombia se registraron 181 víctimas de minas antipersona, restos explosivos de guerra, artefactos de detonación controlada y artefactos explosivos lanzados.
De las personas afectadas, 27 fallecieron y 154 son sobrevivientes. Además, 126 fueron civiles (17 menores de edad) y 55 fueron miembros de la fuerza pública y de grupos armados ilegales.
Así está consignado en el informe que divulgó el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el balance del primer semestre sobre víctimas y daños ocasionados por dichos artefactos explosivos.
El Cicr advirtió que las consecuencias humanitarias del conflicto armado en Colombia no han cesado en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19).
"En teoría, y a raíz del tema de la emergencia sanitaria, se debería demostrar una reducción del número de víctimas, pero lastimosamente vemos todo lo contrario. En particular, se siguen presentando afectados en las zonas donde el conflicto armado persiste", dijo Ana María Hernández, coordinadora de la unidad de contaminación por armas del Cicr.
El informe detalló que la cifra de víctimas por artefactos explosivos creció 517% en tan solo dos años. En 2017 hubo un total de 57 personas afectadas, mientras que en 2018 se contabilizaron 221 casos.
Por regiones
El Cicr explicó que 14 departamentos del país registraron accidentes por artefactos explosivos en el primer semestre de 2020. Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Cauca acumularon el 78% de las víctimas.
"En estos departamentos, donde se concentra el mayor número de víctimas, hay una coincidencia en las consecuencias humanitarias producto del conflicto armado -añadió Hernández-. El impacto sobre las comunidades se expresa también en el confinamiento, el desplazamiento y los combates entre los diferentes actores armados tratando de ganar control sobre los diferentes territorios".
El Cicr reconoce al menos cinco conflictos armados en Colombia que involucran al Estado, al Ejército de Liberación Nacional (ELN), al Clan del Golfo, al Ejército Popular de Liberación (EPL) y a las antiguas estructuras del Bloque Oriental de la otrora guerrilla de las Farc.
Aunque el país lleva más de tres años en la implementación del acuerdo de paz, las zonas rurales de Colombia sufren una violencia estructural que deja cientos de víctimas en medio de un fuerte vacío estatal.
“Cada vez es más difícil atribuir el actor armado que utiliza determinado artefacto explosivo”, consideró el Cicr.
El Tratado de Ottawa
De acuerdo con los compromisos adquiridos por Colombia en el Tratado de Ottawa, firmado entre 133 países en 1997, el país está en la obligación de “destruir todas las minas antipersonales presentes en zonas de su territorio” antes de 2021.
Se calcula que 720 municipios del país tienen algún nivel de contaminación por estos artefactos explosivos. Es por eso que el Gobierno de Iván Duque solicitó a finales de junio una extensión de casi cinco años para cumplir con lo acordado en el Convenio de Ottawa.
Frente a esto, la funcionaria del Cicr reiteró que Colombia debe hacer "todos los esfuerzos para mitigar los riesgos que corre la población civil por la presencia de contaminación por armas”, concluyó Hernández.
Tras Afganistán, Colombia es el país del mundo con más víctimas por estos artefactos explosivos improvisados. Para enfrentar este flagelo, el Gobierno pretende invertir unos USD 146 millones en operaciones de 'desminado' entre 2020 y 2022.