Cerca de 282 crímenes contra líderes sociales se han cometido en el país en los últimos dos años, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. A pesar del despliegue de algunas acciones por parte de las entidades competentes a nivel nacional y regional, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, manifestó que no cesa la violencia contra los líderes y defensores de derechos humanos.

Alerta Temprana

Durante la entrega de la Alerta Temprana de la situación de riesgo para líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, el defensor Negret Mosquera informó que desde el 1 de enero de 2016 al 27 de febrero de 2018 fueron asesinados 282 personas que se dedicaban a la defensa de la comunidad o de los derechos humanos.

En este mismo periodo la mayor cantidad de muertes violentas tuvieron lugar en Cauca (75 homicidios), Antioquia (38), Norte de Santander (17), Nariño (15), Valle del Cauca (15) y Chocó (14).

Por años, en 2016 ocurrieron 134 homicidios; para 2017 fueron 126 y del 1 de enero al 27 de febrero de 2018, otros 22 casos.

En 2017, luego de emitir el informe de Riesgo 010-17, se presentaron tres homicidios a personas que hacían parte del grupo poblacional expuesto en situación de riesgo. Son ellos:

-Porfirio Jaramillo Bogallo, líder de la comunidad Guacamayas, parte del territorio colectivo de La Larga Tumaradó, municipio de Turbo (Antioquia), muerto el 28 de enero de 2017.

-Bernardo Cuero Bravo, miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Esperanza del municipio de Malambo (Atlántico). Era integrante de la mesa de víctimas municipal, delegado por Afrodes y representante legal de la Asociación de desplazados por el Buen Vivir de Malambo – ADEVIM. El señor Cuero murió el 7 de junio de 2017 en Malambo.

-Sandra Yaneth Luna, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Totumito –Carbonera del municipio de Tibú (Norte de Santander). La señora Luna fue desaparecida el día 27 de septiembre de 2017, cuando hombres armados la sacaron de su vivienda y su cuerpo sin vida fue encontrado el 5 de febrero de 2018, en la vereda La Primavera del corregimiento Campo Dos de Tibú.

“No puede haber ni un líder social o defensor de derechos humanos más asesinado en Colombia y por eso reiteramos la obligación que tiene el gobierno de reforzar su seguridad y de garantizar la labor social que ellos realizan en todo el país”, agregó el Defensor del Pueblo.

El seguimiento que hace la Defensoría al tema deja ver que estos homicidios vienen sucediendo bajo tres dinámicas:

En primer término la expansión del Eln que ha derivado en enfrentamientos con la Fuerza Pública y otros actores armados (Chocó, Norte de Santander, Cauca, Arauca y Nariño).

Una segunda dinámica está relacionada con la conformación de disidencias de las Farc (Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés, Caquetá, Valle del Cauca, Cauca  y Nariño).

Un tercer componente del escenario de riesgo que se describe, es la consolidación de área de dominio de los grupos armados posdesmovilización (Córdoba, Sucre, Magdalena, Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo).

Finalmente, el Defensor Negret Mosquera advirtió una especial preocupación por algunos municipios como “Riosucio (Chocó), Tumaco (Nariño), Tame (Arauca) y Corinto (Cauca) donde hay más de 5 líderes asesinados en cada uno de ellos.

Esclarecimiento

Por su parte el vicepresidente general Oscar Naranjo dijo que “se ha aumentado sustancialmente el nivel de esclarecimiento de homicidios de líderes. Antes solo el 18% se resolvían. Este primer año ha sido superior al 52%. Todavía hay que avanzar para que no haya impunidad”.

El vicepresidente Naranjo dijo que se les ha prestado amplia protección a los integrantes del partido político Farc, con un esquema de 480 personas de la Unidad Nacional de Protección que acompañan a la dirigencia.

De otro lado y en el marco de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se llevan a cabo en Bogotá, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) afirmó que en lo corrido del año han sido asesinados 22 líderes sociales y derechos humanos en Colombia.

CODHES agregó que, en los primeros dos meses de 2018, cerca de 166 líderes han sido víctimas de agresiones y amenazas.

La Consultoría indicó que 3.436 personas fueron desplazadas de manera forzada en el año que corre. Las amenazas y asesinatos de líderes sociales en Colombia aceleraron la migración obligatoria.

CODHES subrayó que, durante lo corrido del año, el 50% de los homicidios se ha concentrado en las regiones del Bajo Cauca (Antioquia y Córdoba) y en el Pacífico Sur colombiano (Nariño, Cauca y Valle del Cauca).

Cabe decir que en 2017 las Naciones Unidas revelaron que 105 defensores de derechos humanos fueron ultimados por diferentes grupos delincuenciales colombianos.

Además, entre enero de 2016 y enero de 2018, fueron verificados 153 asesinatos de líderes sociales y de derechos humanos por la oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos.

En ese sentido, el ministro de Interior, Guillermo Rivera, le explicó a la Agencia Anadolu que existe un sector de líderes victimizados en medio del conflicto originado por el control territorial de estructuras criminales como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Farc.

Evaluaciones

Para frenar estos flagelos, el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), al que le corresponde hacer las evaluaciones y decidir en qué condiciones una persona amerita protección del Estado, informó que a la fecha hay 5.757 personas protegidas, de ellas, 3.665 son líderes sociales o defensores de derechos humanos.

Según datos obtenidos por la Fiscalía General de la Nación, de los 153 asesinatos ocurridos en los últimos dos años, solo 14 personas fueron sentenciadas, 35 están en juicios y 17 en fase de investigación avanzada.

De los 153 homicidios apenas se esclarecieron el 44,5% de los casos, lo que significa que se conoce el motivo y hasta los victimarios del crimen, pero no han sido judicializados los responsables.

Con el propósito de garantizar la paz y combatir otras violencias que persisten en algunas zonas del país, el Gobierno Nacional puso en marcha el ‘Plan Horus’. Con este se están desplegando más de 85.0000 efectivos militares focalizados en 67 municipios y 597 veredas, es decir, con un pelotón por cada una de ellas. Gracias a esto se han tenido resultados en lugares como Tumaco y Buenaventura, en donde las capturas llegan a 943 personas.