La controversia se desencadenó luego que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Fondo Rotatorio, declarara desierta la licitación LP-001-2023. 

Ante este proceder, la multinacional alega la vulneración a sus intereses y derechos al haber obtenido la máxima calificación para que se le adjudicara el contrato, e interpuso una solicitud de conciliación en la que pretende el pago de más de 107 mil millones de pesos si la Cancillería no accede a la adjudicación del mismo a la U.T. PASAPORTES 2023. 

En la petición, radicada ante el Ministerio Público el pasado 23 de octubre, Thomas Greg argumenta que la Cancillería incurrió en “actuaciones administrativas ilegales y falsa motivación en las resoluciones 7485 y 7540 al no existir situaciones que impidan una escogencia objetiva del adjudicatario y como consecuencia no había lugar a la declaratoria de desierta”.

El ente de control, en sus tareas preventivas ya había advertido de posibles fallas en el proceso de selección y más tratándose de un contrato cercano a los 600 mil millones de pesos.

La audiencia entre Thomas Greg y el Ministerio de Relaciones Exteriores fue programada para el próximo 30 de noviembre a las 9:30 de la mañana en la sede de la Procuraduría General de la Nación.