La Defensoría del Pueblo, con el trabajo en territorio realizado por los funcionarios de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT) en los últimos siete años, acaba de emitir el informe ‘Los contrastes de la realidad humanitaria: un país que busca la paz’, en el marco de un conversatorio académico en la American Unicersity en Washington (EEUU).
En él se logra analizar que cerca de 430 municipios y más de 20 áreas no municipalizadas de Colombia están en riesgo por el accionar de grupos armados ilegales.
“En este estudio presentamos un panorama nacional de derechos humanos, basado en las labores de monitoreo, advertencia y seguimiento a los riesgos identificados por nuestro SAT, a fin de visibilizar las lamentables realidades e impulsar las acciones del Estado para que sean mitigados y superados los escenarios advertidos”, afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, desde Washington, donde también les presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a otros organismos internacionales el documento defensorial.
La entidad de derechos humanos, desde el 2017 hasta la fecha, ha emitido 312 Alertas Tempranas (AT) para 427 municipios y 22 áreas no municipalizadas en los 32 departamentos de Colombia. En el 2023 emitió 39 AT: dos de carácter nacional y 37 focalizadas para 110 municipios de 23 departamentos. Y en lo que va del 2024, ha emitido 13 AT focalizadas para 89 municipios y 15 áreas no municipalizadas de 18 departamentos.
“Son más de 500 recomendaciones, además, las que les hemos formulado al Gobierno Nacional y las entidades territoriales, así como también hemos emitido 221 Informes de Seguimiento, los cuales han reflejado el aumento de los escenarios de riesgo. Las alertas tienen un carácter eminentemente preventivo para que sea protegida la población civil del accionar indiscriminado de los actores armados ilegales”, recalcó Camargo Assis.
Antioquia, con 36 AT; Chocó, con 36; Valle del Cauca, con 35; Cauca, con 29, y Nariño, con 22, para un total de 158 AT, son los departamentos más advertidos por la entidad nacional de derechos humanos.
Las conductas más advertidas
Las conductas delictivas más advertidas por la Defensoría del Pueblo han sido siete: amenazas, desplazamiento forzado, reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes (NNA), regulaciones a la movilidad, enfrentamientos armados con interposición de la población civil, minería ilegal y trata de personas.
En el caso de las amenazas, son 303 AT, la mayoría en el Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Cauca y Nariño; desplazamiento forzado, 285 AT, la mayor parte las ha emitido en Norte de Santander, Bolívar, Meta y Putumayo; reclutamiento, uso y utilización de NNA, 263 AT, particularmente en Chocó, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca.
En relación con las regulaciones a la movilidad, la entidad ha emitido 195 Alertas Tempranas, la mayoría en Chocó, Cauca, Antioquia y Nariño; sobre enfrentamientos con interposición de la población civil, 192 AT, especialmente en Cauca, Chocó y Nariño; minería ilegal, 115 AT, sobre todo en Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca y Bolívar, y trata de personas, 47 AT, la mayor parte en Norte de Santander, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Risaralda y Chocó.
Expansión de grupos armados
Las organizaciones armadas con mayor injerencia, presencia o tránsito, cuyo propósito es el control territorial y poblacional para aumentar sus finanzas derivadas de economías ilícitas, son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc y grupos de crimen organizado.
Las AGC están en 392 municipios de 21 departamentos, hace presencia mayoritariamente en Antioquia, Chocó, Bolívar y Córdoba; el EMC delinque en 234 municipios de 21 departamentos, sobre todo en Cauca, Nariño y Valle del Cauca; el ELN, en 232 municipios de 17 departamentos, en especial en Chocó, Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Arauca; la Segunda Marquetalia, en 65 municipios de 16 departamentos, de manera principal en Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo, y grupos del crimen organizado hacen presencia en 184 municipios de 22 departamentos.
Las dinámicas de los ilegales deben ser anuladas
“El abordaje de las dinámicas del conflicto armado y del crimen organizado y de las principales acciones de violencia y conductas que vulneran los derechos humanos e infringen el derecho internacional humanitario tiene que ser atendido, no en vano el título de nuestro documento: la realidad humanitaria en blanco y negro, que es desconsoladora y cruda; por ende, no puede ser ignorada por la institucionalidad gubernamental”, enfatizó Carlos Camargo Assis.
El documento hace un análisis pormenorizado por subregiones: suroccidente, noroccidente, sur-amazonía, nororiente; también lo hace sobre las regiones Orinoquía y Caribe. Igualmente, da cuenta de un capítulo especial sobre el monitoreo al cese al fuego, en el que da a conocer las acciones directas e indirectas hechas por los grupos en permanente enfrentamientos, y emite una serie de recomendaciones.
“Tiene que haber una respuesta institucional que permita proteger a las comunidades, con la acción de las fuerzas de seguridad estatales y el trabajo armónico con las entidades territoriales, para que los derechos fundamentales, como a la vida e integridad de la población civil, sean protegidos en cualquier lugar del país”, puntualizó el Defensor del Pueblo de Colombia.