El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda presentada por el abogado Camilo Araque Blanco, quien alega que la asignación de esquemas de seguridad a los 45 concejales de Bogotá se realiza sin pruebas adecuadas de riesgo.

Según la demanda, estos esquemas, que incluyen vehículos blindados y personal de protección, están siendo asignados de manera automática, lo que representa un gasto significativo para el Distrito y podría vulnerar el patrimonio público. Por lo que se han otorgado sin evidencias de un riesgo real que justifique su necesidad.

Araque Blanco critica que la asignación de protección a los concejales no se basa en estudios individuales que demuestren la existencia de un riesgo extremo, como lo exige el Convenio Interadministrativo N.º 240467. Este convenio, firmado entre la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Secretaría de Hacienda, establece los términos para la seguridad de funcionarios, pero, según el demandante, no se está cumpliendo adecuadamente. 

El magistrado César Giovanni Chaparro decidió revisar la demanda, destacando que el enfoque no es sobre la legalidad de los contratos específicos, sino sobre el proceso de asignación y los estudios de seguridad que los respaldan. La demanda solicita que se suspendan los contratos actuales y se realicen nuevas evaluaciones basadas en evidencias claras de riesgo antes de otorgar cualquier esquema de seguridad.

Además, Araque solicitó que los recursos destinados a estos esquemas sean redistribuidos a necesidades más urgentes de la ciudadanía. Este argumento resuena en un contexto de creciente debate sobre el gasto público en seguridad y la necesidad de justificar adecuadamente las medidas de protección para evitar posibles abusos.

El Tribunal ha dado a las entidades demandadas, incluyendo el Ministerio del Interior, la UNP, la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Hacienda y el Concejo de Bogotá, un plazo de 10 días para responder a la demanda y presentar pruebas en su defensa. Este proceso podría llevar a una revisión significativa de cómo se asignan y gestionan los esquemas de seguridad en la ciudad, abriendo un debate sobre la eficiencia y la justificación del gasto público en protección para los concejales.