La espiral de violencia contra los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc, tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, parece haberse extendido de las regiones a la capital de la República, en donde se han producido dos crímenes, uno de ellos, en el que fue víctima en las últimas horas Astrid Conde.

Según el partido Farc en estos cuatro años han sido asesinados 188 de sus integrantes, quienes dejaron las armas tras el pacto de La Habana suscrito con el anterior gobierno y que en la actualidad, adelantaban el proceso de reincorporación a la sociedad civil.

El pasado 17 de febrero fue asesinado en Bogotá el desmovilizado Jhon Mariano Ávila Matiz, quien tras recuperar la libertad en una cárcel de Boyacá se trasladó a la capital de la República para su proceso de reincorporación.

“Alcanzamos la dolorosa cifra de 188 exguerrilleros y exguerrilleras asesinados a nivel nacional, 15 este año. Anoche sucedió el tercer caso en Bogotá, dos al sur de la ciudad y uno en San Juan de Sumapaz”, indicó el partido Farc. Añadió esta colectividad, la cual se formó producto del acuerdo de paz. Señalan que “fue asesinada la exguerrillera y ex prisionera Astrid Conde en El Tintal, en Bogotá. Denunciamos ante Colombia y el mundo el exterminio en nuestra contra, ante los ojos de un Gobierno indolente, con una campaña de obstáculos y estigmatización”.

Por su parte, Pastor Alape, desmovilizado y delegado del partido Farc para el Consejo Nacional de Reincorporación, dijo que no sabían de amenazas contra Astrid Conde Gutiérrez, pero sí que “tenía un cáncer de seno que no se le había atendido, el sistema de salud agrede y victimiza al paciente, no había encontrado asistencia médica y estaba en esa pelea para que se le garantizara”.

Alape consideró que detrás de esta violencia contra los desmovilizados de las Farc “hay una estructura promovida por el mismo Gobierno con un discurso estigmatizante”.

Agregó que las medidas de protección que ha establecido el Estado no han sido efectivas. “Nosotros no podemos hacer la reincorporación a micrófonos, la tenemos que hacer en el territorio con acciones públicas firmes, serias. Las cifras engañan. Hay que poner la mirada donde está la política del gobierno”.

En días pasados el partido Farc anunció que debido a los crímenes que vienen ocurriendo contra los desmovilizados acudirá ante la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares para proteger sus vidas y conminar al Estado colombiano a que cumpla lo pactado en La Habana.

Por su parte, el consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, dijo sobre la muerte de Conde que “es una lamentable noticia y siento mucho que eso haya sucedido porque es doloroso”.

Aseguró el funcionario que, “el Gobierno ha venido dedicándole esfuerzos a proteger a los excombatientes, así que no puede haber duda en que el Gobierno está consciente de eso por lo que se agotan esfuerzos”.

El crimen

Los detalles que se han podido conocer sobre el asesinato de Astrid Conde es que se produjo sobre las 11 de la mañana del pasado jueves en la zona del Tintal, al suroccidente de la capital de la República. Sin embargo, se conoció del mismo el día de ayer porque no portaba documentos de identificación al momento del atentado.

La mujer estaba afuera de su casa haciendo ejercicios cuando fue sorprendida por dos sujetos en moto que la impactaron con arma de fuego en cinco oportunidades.

Tras la reacción de la Policía, que fue avisada del hecho, se logró la captura de uno de los supuestos agresores.

El coronel Óscar Tovar, oficial de inspección y vigilancia de la Policía Metropolitana, indicó que el sujeto fue identificado como Jonathan Sneyder Castelblanco, de 26 años.

"Inmediatamente se supo del hecho, se activó un plan candado y el cuerpo operativo de la Policía se desplegó para dar con la captura de este sujeto", explicó Tovar.

La Alcaldía Mayor de Bogotá expresó su rechazo al asesinato de Astrid Conde Gutiérrez, excombatiente de las Farc, que se encontraba en proceso de reincorporación y solicitó a las autoridades judiciales celeridad en la investigación.

“Condenamos el asesinato de Astrid Conde, capturamos y pusimos a disposición judicial a los autores materiales. Trabajamos con la Fiscalía y la Policía para dar con los autores intelectuales”, señaló la alcaldesa Claudia López.

Añadió la Administración de la ciudad, que el Distrito hará un estricto seguimiento del caso, para que se puedan esclarecer completamente los hechos.

Hechos

Las asesinatos de desmovilizados de las Farc han ido creciendo año tras año luego de la firma del acuerdo de paz, pues en 2016, entre noviembre y diciembre, fueron ultimadas dos personas; en el año 2017 las víctimas fatales ascendieron a 35; en el 2018 la cifra creció a 65 muertos; el año pasado fueron 88; y en lo que va corrido de 2020, como se dijo, ya van 15, es decir, aproximadamente uno cada 4 días.

Los departamentos donde se registran más asesinatos son Cauca con 37; Nariño con 26; Antioquia con 23; Caquetá con 18; Norte de Santander con 18, y Putumayo con 16;

Medidas de protección

La semana pasada, Rodrigo Londoño, presidente del partido Farc, indicó en un video que subió a las redes sociales, “Duque pare el genocidio. Cuando firmamos el acuerdo de paz, sabíamos que nos exponíamos a este tipo de situaciones. Lo que nunca pensé es que íbamos a tener un Presidente indolente, un Presidente que su inacción lo hace cómplice del genocidio que se está presentando con los exguerrilleros y exguerrilleras que firmamos el acuerdo de paz y con los líderes sociales que les están apostando a la paz”.

Estas declaraciones fueron rechazadas de tajo por el Gobierno, en cabeza del consejero Archila, quien dijo que no se puede responsabilizar al presidente Duque de esta situación cuando está dando cumplimiento al acuerdo de paz y haciendo los mayores esfuerzos para la protección de los desmovilizados.

Archila dijo que son más de 35 las medidas que el Gobierno ha tomado para brindar protección a los desmovilizados. Recordó que “2.700 de los excombatientes están todavía en los antiguos ETCR, estas son las personas que están en 24 puntos y que están llevando a cabo su reincorporación de manera colectiva. Eso, nos deja con más de 8.900 que están dispersos en todo el país y están presentes en 522 municipios. Son personas cuya seguridad estamos protegiendo”.

Aseguró Archila que se tiene un batallón del Ejército y de la Policía en cada uno de los ETCR, “pero además de eso tenemos más de 2.500 policías dedicados a la protección de quienes están dispersos”.

Hace unas semanas el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo que el 40% de los crímenes contra exmiembros de las Farc son por parte de las disidencias de las Farc, seguido por el Eln y el Clan del Golfo.