EL ENTE de control fiscal instó una vez más al Gobierno nacional a tomar las medidas necesarias para evitar un racionamiento de energía en el país, asunto que preocupa a la entidad tal como lo manifestó en su estudio sectorial sobre Seguridad Energética y en la advertencia que emitió el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, al Ministerio de Minas y Energía a mediados de noviembre de 2024.

La Contraloría General hace un llamado al Gobierno nacional para que trabaje articuladamente y se evite un posible daño al patrimonio del Estado con ocasión del retraso en el giro del pago de subsidios a las empresas de energía eléctrica y gas.

También le preocupa a la entidad, el retraso en el cumplimiento de las obligaciones en lo que corresponde al giro de los recursos a las empresas prestadoras de servicios públicos de energía y gas por parte de entidades públicas que no han pagado por el servicio prestado. Esto, a juicio de la Contraloría, puede generar no solo riesgos para el patrimonio del Estado, sino que, además, afectaría a muchas de las empresas de servicios públicos que son propiedad o tienen participación estatal.

También advierte la Contraloría sobre el riesgo de que los usuarios con menos recursos en estratos 1, 2 y 3, puedan ver incrementados los costos de las facturas, sino se giran los recursos y pagos por parte del gobierno correspondientes a subsidios y opción tarifaria. Adicionalmente, sigue creciendo la deuda que tienen muchas entidades del Estado que no han pagado a los prestadores de servicio de energía y gas.

Se ha indicado insistentemente que es necesario tomar medidas para garantizar la prestación de los servicios públicos, el acceso a los mismos por parte de la población, en especial la que tiene derecho a los subsidios. Por lo tanto, es importante no solo garantizar la generación y abastecimiento de energía y gas, sino la prestación de los servicios y la prevención de un apagón, que ocasionaría mayores perjuicios en todos los sectores y afectaría el desarrollo económico, sobre todo en la población más vulnerable que tendría un aumento en las tarifas.

Por eso, la Contraloría considera que le corresponde al Gobierno nacional, tomar acciones inmediatas frente al pago de subsidios, opción tarifaria y deuda con servicios públicos; y a mediano plazo, sobre problemas de abastecimiento energético, que también requieren medidas perentorias y concretas, pues la inseguridad energética impacta, además, a los inversionistas públicos y privados en diferentes sectores, que requieren seguridad y confianza para invertir.

Tales fallas comprometen los objetivos de calidad, acceso equitativo y sostenibilidad financiera de los programas, además de poner en riesgo la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Familias de estratos bajos deben tener acceso al servicio

Según datos del Comité Intergremial de Energía y Gas, las deudas acumuladas por subsidios, que el Gobierno nacional debía girar a través del Presupuesto General de la Nación (PGN), suman $2,7 billones para energía eléctrica, $3,3 billones por opción tarifaria y un billón por deuda de usuarios oficiales y en lo que compete a gas $628.000 millones para gas natural al cierre de 2024, es decir más de $7 billones, lo que preocupa aún más si se incluyen los costos de las intervenciones a empresas realizadas recientemente.

Este monto representa anualmente el 60% de los recursos necesarios y sigue aumentando cada trimestre, situación que reduce la liquidez de las empresas, amenaza con el desmonte de subsidios y podría traducirse en un alza de tarifas que afectaría a los hogares más vulnerables. Por ejemplo, una familia que paga $30.000 por servicio de gas, sin el subsidio tendría que cancelar por el mismo servicio un valor cercano a los $58.000.

Por otro lado, la Contraloría General recuerda que el artículo 14 del proyecto de ley de financiamiento de 2024 proponía reconocer como deuda pública las obligaciones pendientes de los usuarios de estratos 1, 2 y 3 con las empresas comercializadoras, relacionadas con la opción tarifaria de la Resolución CREG 12 de 2020. Sin embargo, tras el archivo del proyecto de la ley de financiamiento, hoy no hay mecanismos claros para cubrir esta deuda que asciende a $3 billones.