Un llamado de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que reúne a varios gremios de especialistas y organizaciones de pacientes, para que mañana entre las 7 de la noche y 7: 05 los profesionales de la salud suspendan sus actividades por 5 minutos; demuestra la angustia y el desespero que reina en el sistema.

De forma paulatina y desde que el actual gobierno emprendió unilateralmente una reforma que, en lugar de mejorar al paciente, hoy lo tiene en cuidados intensivos, revela el grado de descomposición del sistema que ha llevado angustia y desesperanza a millones de colombianos de todos los estratos, mientras el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sigue desacatando las órdenes de la Corte Constitucional por no ajustar los valores de los presupuestos máximos.

Irónicamente, son los sectores más pobres de la población, los que dicen defender al Gobierno, los que más están sufriendo la falta de atención de los servicios. No hay, sino que darse una vuelta por los distintos centros de urgencia de los hospitales, para darse cuenta que cada vez es peor la atención.

El Gobierno, con la disculpa de que las entidades prestadoras de salud, se estaban aprovechando del pago por capitación ‘exagerado’, desde el 2021 comenzó a bajar lo que se les giraba por la atención. El desfase hasta hoy por este concepto llegó a un déficit, según Afidro, de $19,7 billones que se han perdido desde 2022. Las entidades enfatizaron que “desde aquella época, el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no satisfacía las necesidades del sector”.

Las entidades manifiestan que “el deterioro financiero del sistema de salud es notable, puesto que para el año 2025 el ajuste de la UPC, como mínimo, sería del 16,4%”, lo cual equivale a un monto superior a $100 billones. De acuerdo con Luz Magdalena Salas, vicepresidenta de ANIF, el rezago de la UPC ha sido presentado desde 2021.

Salas explicó que para el año 2021, “se esperaba un incremento del 7,7 %, mientras que para 2022 se esperaba un 20,6 %, mientras que para 2023 se esperaba un ajuste del 18,8 %”.

El análisis pone en evidencia que las entidades advirtieron que la insuficiencia de recursos tiene un impacto negativo en la continuidad de los tratamientos, el acceso a los medicamentos y, en general, la cobertura en salud. En efecto, se estima que desde el año 2021, la UPC ha sido calculada por debajo de su nivel real en casi 2,8 puntos porcentuales anuales, lo que provoca una crisis financiera en las EPS.

Ante esta situación, Acemi, el gremio que agrupa a las EPS del régimen contributivo, señaló que los PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) llegaron a 1,5 millones en 2024, superando el total de quejas radicadas en años anteriores.

La Asociación expuso que “la cantidad de reclamos en salud llegue a 1.712.145, una vez se cargue la información completa del año 2024”, dijo el gremio.

Volviendo al pedido de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la organización Pacientes Colombia y la Mesa de Usuarios en Salud, indican que “con la salud en la UCI, se hace necesaria una movilización de toda la sociedad colombiana para exigir a los responsables nacionales los pagos de deudas atrasadas y la financiación sostenible del sistema de salud”, aseguran.

Las razones para convocar a esta actividad, dicen, son, primero, que “durante los últimos años el sistema de salud colombiano afronta serias dificultades en materia de calidad y oportunidad de los servicios”.

A sus ojos, el periodo del presidente Gustavo Petro, ha estado marcado por una discusión legislativa que “aleja a todos los responsables de atender adecuadamente las urgencias actuales para garantizar la continuidad en los tratamientos de millones de colombianos”.

Según los expertos, Colombia se enfrenta, en este momento, “a un desfinanciamiento progresivo, que genera incertidumbre en toda la cadena operativa del sistema y se evidencia en los cierres de servicios de salud en todos los municipios del país”.

Así mismo, manifiestan que “el talento humano que hoy se encuentra empleado no tiene certeza si en unos meses sus puestos de trabajo se mantengan y los llamados de alerta no han sido escuchados”.

En los últimos días, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social que pague los recursos correspondientes al reajuste de los Presupuestos Máximos de la vigencia de 2022, lo que representa una deuda de $819.000 millones. Además, solicitó el giro de los presupuestos máximos de noviembre y diciembre de 2024 e instó a la cartera a recalcular los presupuestos máximos para 2025, ya que la asignación actual de $502.000 millones resulta insuficiente, al cubrir únicamente el 17% de los requerimientos proyectados.

Según los datos de Así Vamos en Salud, la siniestralidad del sector es preocupante, además que el 50,2% de las pérdidas operacionales se derivan de las EPS sujetas a control o intervención.

De allí que cada día crece el desespero de los ciudadanos, pero ahora también de los profesionales de la salud invitando a protestas.