El experto en temas electorales y exregistrador delegado Alfonso Portela explicó en El Nuevo Siglo algunas de las dudas que nacieron después que el presidente Petro anunciara una consulta popular para la posible aprobación de las reformas a la salud y laboral.

Sobre si es posible hacer la consulta con proyectos de articulado como lo son en este caso la reforma laboral y de salud, Portela remarcó el artículo 38 de la ley 1757 de 2015, que gobierna los mecanismos de participación ciudadana, prohíbe que las consultas se pongan a consideración proyectos de articulado. “¿Esto qué quiere decir? Que el Gobierno debe diseñar de tal manera las preguntas que no correspondan, digamos, propiamente a la aprobación de la norma”.

El experto puso un ejemplo: “en el caso hipotético de la reforma laboral, que es la piedra de la discusión. Si quieren aumentar el valor de la hora extra o el pago de las horas extras, o extender el escenario del pago de las horas extras, la ciudadanía, ¿ustedes aprueban o no que se paguen las horas extras desde las 7 de la noche en adelante? Esa sí podría ser una pregunta que se pone en consideración de la ciudadanía”.

“Pero la redacción del artículo ya le corresponde al Congreso en el evento de que resulte aprobada”, recalca Portela. “Pero repito, el diseño de las preguntas es donde realmente está la dificultad que pueda tener la consulta. Por el tamaño de las preguntas. Es decir, ¿cuántas preguntas se van a hacer para que quepa ahí la reforma laboral? Es complicado.

El exregistrador recuerda la experiencia en el 2003, cuando se puso a consideración el referendo de 19 preguntas, “tuve la experiencia de escucharle a ciudadanos que no iban a votar, porque ellos no entendían y que eso era muy complicado, que era mejor no salir”.

Especifica que las preguntas deben ser lo suficientemente claras, pero tampoco poner un ladrillo que la gente no lo entienda. Sería muy complejo hacerlo con todos los artículos, y teniendo en cuenta que son dos proyectos. Imagínense, no caben y una tarjeta electoral de tres o cuatro páginas ya manda al fracaso una consulta de ese tipo.

Recuerda que en 2018 ya se tuvo una experiencia como esta que impulsó Claudia López, la consulta anticorrupción, que no logró el umbral.

¿Cuánto necesitaría el gobierno de Petro para que le fuera aprobada la reforma? Portela aclara que las preguntas deben ser individuales. O sea, quiere decir que por cada pregunta es una consulta. Que cada pregunta va a tener su propio escrutinio y su propia aprobación. Entonces, puede que la pregunta número uno sí sea aprobada por la ciudadanía, pero la dos no.

Eso puede tener también esas diferencias. Digamos que la participación general y que exige la ley es que la tercera parte del censo debe participar en la consulta para que sea aprobada.

Sobre ¿cuántas personas tendrían que votar para que ya pase el umbral? El experto asegura que se debe tener un censo actual de aproximadamente 41 o 42 millones de personas habilitadas, “estamos hablando de casi 12.300.000 personas deben participar". Luego indicó que en cada pregunta se contestar Sí en la mitad, es decir 6.150.000 votos para que sea aprobada.  

En cuanto a los tiempos indica que son muy cortos, “entre el inicio y el cierre de la consulta, si no tiene tropiezos en el camino, no sé si más de seis meses, creería yo que en el 2025 se podría realizar sin ninguna dificultad”.

Para que quede lista la consulta “debe activarse en primera instancia en el gobierno, luego que la apruebe el Senado y ya una vez aprobada queda en manos de la organización electoral ejecutar el proceso”. Portela aseguró que aquí no hay control previo de la Corte Constitucional.

“Puede haber un control posterior o de pronto de alguna manera intermedio porque puede haber dificultades en el diseño de las preguntas y en eso hay unas reglas muy específicas entonces de pronto puede haber en el camino algún reparo en ese sentido, pero no hay una intervención previa por parte de ejemplo la Corte Constitucional”