La Defensoría del Pueblo publicó que por culpa de la confrontación armada irregular en el Catatumbo se ha generado el desplazamiento masivo forzado de 55.659 personas, siendo Cúcuta, con 28.718 mujeres y hombres; Ocaña, con 12.097, y Tibú, con 8.596, los cascos urbanos con mayor recepción de desplazadas y desplazados.
Otro fenómeno disparado por el conflicto es el confinamiento forzado, cuya cifra es de 23.860 personas. También, de manera lamentable, han sido asesinadas 76 personas (63 particulares, seis firmantes de paz, cuatro menores de edad y tres líderes sociales), desaparecidos cinco firmantes (en Teorama, Tibú y El Tarra), además de que 18 personas han resultado heridas o lesionadas (dos de ellas fallecieron).
Denuncias hechas por las poblaciones
Miembros del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio, en zona rural de Tibú, le manifestaron a la caravana que los grupos armados ilegales no dejan entrar el ACPM para el funcionamiento de las plantas, ni alimentos en cantidad.
Aseguraron que la confrontación armada derivó en la suspensión de la atención en salud y el calendario escolar, que no hay garantías para que firmantes de paz permanezcan en el territorio, que hay un inminente riesgo de desplazamiento forzado masivo del ETCR, donde habitan 30 familias.
Por su parte, habitantes de la vereda Caño Negro, corregimiento La Gabarra, de Tibú, manifestaron su temor por la presencia de actores armados y la circulación, en los últimos días, de panfletos que estigmatizan a personas de pertenecer a uno u otro bando en confrontación. Se quejaron de las limitaciones en los cupos para tener acceso al Sisbén, de las interrupciones en la educación de niños, adolescentes y jóvenes por la poca presencia de profesores.
Solicitudes de la comunidad y llamado de la Defensoría
La Defensoría del Pueblo, ceñida a lo que está ocurriendo desde que se agudizó la confrontación armada, a comienzos del 2025, y atendiendo las solicitudes hechas por campesinas y campesinos, insta al Eln y al Frente 33 a respetar la vida y las actividades sociales y económicas de quienes habitan en los ETCR y en el resto de la subregión, a cumplir el principio de distinción establecido por el derecho internacional humanitario (DIH) y a respetar la libre movilidad en la zona.
Además, llama a las autoridades civiles y militares a poner en marcha acciones de prevención y protección para los moradores. Exhorta, como pedido especial de las y los pobladores, a que sea instalada una mesa de diálogo humanitario, que cuente con el acompañamiento de la Iglesia católica y la participación de firmantes, especialmente en los procesos del denominado Plan Catatumbo y la toma de decisiones.