La Policía Metropolitana de Bogotá inició una investigación interna tras una denuncia sobre la presunta participación de uniformados en irregularidades en la confiscación de vehículos. La acusación alega que los agentes estarían involucrados en una red que se dedica a "cazar vehículos particulares" con algún tipo de reporte judicial, trasladándolos ilegalmente a un parqueadero en Guasca, Cundinamarca.
Ante la gravedad de las acusaciones, la Policía Metropolitana de Bogotá tomó las siguientes medidas: apertura de una investigación disciplinaria interna para esclarecer los hechos denunciados e invitación a Angie Paola Alarcón Garavito, la denunciante, a presentar formalmente su queja ante la oficina de atención al ciudadano de la institución, junto con la copia del proceso judicial.
La investigación surge a raíz del caso de Alarcón Garavito, quien denunció que su vehículo fue confiscado ilegalmente por la Policía y llevado a un parqueadero en Guasca, Cundinamarca. La denunciante alega que, tras la retención del automotor, el parqueadero le exige el pago de una suma considerable para la devolución del vehículo.
Según la denuncia, los policías que confiscaron el vehículo sabían que existía una solicitud de aprehensión emitida por una entidad financiera debido a una deuda y en lugar de seguir el procedimiento adecuado de dejar el vehículo en un parqueadero autorizado de la financiera, lo trasladaron a un parqueadero en Guasca, Cundinamarca.
Alarcón Garavito también denuncia que se falsificaron documentos para justificar el decomiso, incluyendo un oficio del parqueadero J&L en Guasca que asegura que el dueño del carro solicitó que se llevaran para ese lugar.
Además, Alarcón Garavito presentó un oficio del Juzgado 15 Civil de Bogotá que ordena la devolución del vehículo a su dueño sin condiciones de pago, ya que el decomiso se realizó con un pantallazo de un auto admisorio y no con una orden de aprehensión judicial. Sin embargo, según la denunciante, el parqueadero se niega a acatar la orden judicial.
La Dirección Seccional de la Administración Judicial de Bogotá compulsó copias a la Fiscalía para que investigue por qué el parqueadero J&L en Guasca está custodiando vehículos aprehendidos por supuestas órdenes judiciales sin permiso alguno.
La judicatura no cuenta con registro de parqueaderos autorizados para custodiar vehículos inmovilizados por orden judicial desde 2019.