Sobre la controvertida elección de Hernán Penagos como Registrador Nacional del Estado Civil para el periodo 2024-2027, la Procuraduría General de la Nación emitió un concepto clave. La entidad solicitó formalmente que se niegue la solicitud de nulidad que pesa sobre dicho nombramiento, argumentando que el proceso se llevó a cabo respetando las normativas vigentes y los principios constitucionales que deben regir en este tipo de concursos de méritos.

La decisión de la Procuraduría se fundamenta en un análisis del proceso de selección, en el cual no se encontraron irregularidades procesales que pudieran invalidar la elección. Según el Ministerio Público, los responsables del concurso actuaron "apegados a las reglas de la convocatoria y de manera consecuente con las garantías que gobernaron el concurso de méritos; esto es, la aplicación del marco axiológico constitucional, relacionado con la participación, la igualdad, la trasparencia, la publicidad y la integridad".

"Su designación se produjo en ese cargo el 22 de noviembre de 2023 y se ratificó el 29 de noviembre de 2023. Esto es, por fuera del término restrictivo. En consecuencia, no se advierte que haya incurrido en la inhabilidad consagrada en los incisos 5 y 6 del artículo 126 constitucional”, indicó la Procuraduría.

Este respaldo institucional llega en un momento crucial, dado que la elección de Penagos es objeto de debate y escrutinio público. Diversos sectores políticos y de la sociedad civil han expresado dudas sobre la transparencia del proceso y la idoneidad del candidato para ocupar un cargo de tanta relevancia en el sistema electoral. La figura del Registrador Nacional es fundamental para garantizar la legitimidad de los comicios y la correcta identificación de los ciudadanos, por lo que su elección siempre genera alta sensibilidad.

"No se puede hablar de falta de "imparcialidad" por ejercer las competencias otorgadas constitucional y legalmente a los nominadores del Registrador Nacional del Estado Civil. Sobre todo, cuando el legislador estableció reglas mínimas del concurso y les otorgó plenas facultades a los organizadores para expedir el reglamento y llevar a cabo el proceso de selección", se lee en el auto. 

El Ministerio Público subraya que el mecanismo legalmente establecido para cuestionar las decisiones tomadas dentro del concurso es la acción de nulidad electoral. A través de esta acción, se puede realizar una revisión exhaustiva de todo el proceso de designación ante la Sala Electoral del Consejo de Estado, que es la instancia competente para valorar la legalidad de las actuaciones y emitir un fallo definitivo.