Como si fuera poco el daño a la imagen del Ejército por una serie de escándalos en los últimos meses, estalló una bomba al conocerse la dimensión del problema por abusos sexuales que han cometido uniformados a menores de edad, 118 casos  desde 2016 a la fecha según una investigación propia.

En principio se pensó que se trataba de situaciones aisladas provocadas por miembros que torcieron el camino. Sin embargo, el asunto parece ser más grave. Aunque es claro que la institución no forma ni ordena a sus hombres para hacer esto, los hechos ponen en entredicho los procesos de incorporación y controles internos.

Otras situaciones no han tenido un impacto generalizado en la opinión pública como sí sucedió hace dos semanas, al conocerse que siete uniformados abusaron en Risaralda de una niña indígena menor de 12 años de la etnia Embera Chamí, pues nadie entiende cómo unos adultos, aún más, que portan el uniforme del Ejército, se aprovechan de esa manera de un niño.

De inmediato, el presidente Iván Duque dijo que “no toleramos ningún tipo de abuso a menores de edad y mucho menos cuando involucre uniformados que enlodan el honor de las Fuerzas”; en tanto que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, además de reprochar este hecho, dio instrucciones al Ejército para tomar medidas correspondientes y colaborar a la Fiscalía en la investigación.

Efectivamente, en menos de 72 horas la Fiscalía identificó a los uniformados responsables, quienes fueron capturados y aceptaron los cargos. Ahora son procesados penalmente y por parte de la Procuraduría disciplinariamente, la cual también vinculó a tres suboficiales a quienes la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército cobijó en las actuaciones iniciales. 

El caso de la menor abusada en Risaralda por uniformados hizo que además, saliera a la luz pública otro grave hecho que se habría producido en septiembre del año pasado en el Guaviare, en donde dos soldados habrían secuestrado a una adolescente indígena Nukak Makú, reteniéndola presuntamente en el  Batallón de Infantería Nº 19 Joaquín París, sin que inexplicablemente nadie se diera cuenta. Allí, durante cinco días, la niña habría sido abusada.

El Ejército aseguró en un comunicado, que una vez se tuvo conocimiento del caso, de inmediato inició la indagación disciplinaria, la cual fue verificada por la Procuraduría Regional del Guaviare a comienzos del presente año, así como la Fiscalía adelanta la respectiva investigación.

En tanto que ayer, la Tercera División del Ejército confirmó que dos soldados adscritos al Grupo Mecanizado Cabal, que cumplían labores de contención en Carlosama, Nariño, son investigados por un presunto caso de abuso sexual a dos menores de edad.

A mediados de la semana pasada el Ejército reveló los resultados de una revisión que realizó desde el año 2016 a la fecha, encontrando 118 casos de abusos a niños y adolescentes por los que son investigados uniformados, de los cuales 45 fueron ya desvinculados debido a sanciones penales o disciplinarias.

Mientras que el viernes pasado fueron retirados del Ejército como consecuencia de investigaciones disciplinarias internas 31 militares que están siendo investigados por presuntos abusos sexuales a menores.

Anuncian medidas

El comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, ha puesto la cara al país por los recientes casos de abusos por parte de militares a menores de edad. Repudió estos hechos y dijo que hay cero tolerancia con los uniformados que caigan en estas y otras conductas al margen de la ley, además que anunció más medidas para prevenir este tipo de situaciones.

No obstante, el oficial puso de relieve que son actuaciones individuales que no comprometen el nombre del Ejército que está para proteger vida, honra y bienes de los colombianos. Agregó Zapateiro que “ningún soldado es entrenado en la institución para atentar contra los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes”, y que a veces es difícil prevenir que algunos uniformados incurran en irregularidades teniendo en cuenta el tamaño de la Fuerza de más de 250.000 hombres.

El Comandante del Ejército dijo que desde 2016 se cuenta con una directiva permanente en la que se imparte instrucciones a sus integrantes en relación con la obligación de prevenir todo tipo de violencia contra las mujeres y niños.

Sin embargo, anunció que para prevenir la ocurrencia de nuevos abusos de uniformados a los niños se tomarán medidas adicionales. Se optimizarán los estándares de evaluación psicotécnica en los procesos de selección de la incorporación; se diseñará una plataforma tecnológica que permita recopilar y consolidar la información sobre este tipo de delito y  avances en cada uno de los casos en su investigación y sanción, entre otras.

Además el general Zapateiro dijo que se ordenó un estudio para fortalecer las dependencias del Ejército encargadas de grupos poblacionales de especial protección constitucional, como son los pueblos indígenas.

La forma como el Ejército y el Ministro de Defensa han enfrentado este escándalo hace pensar que se anda por el camino correcto para evitar abusos a niños por parte de los uniformados, no solo por las medidas de prevención que se anunciaron sino porque se ha advertido, con hechos porque se han desvinculado a 76 uniformados de los 118 investigados en estos casos, que hay una política de cero tolerancia.

También es para valorar que el Ejército decidiera hacer público el estudio interno que encontró que hay 118 uniformados vinculados a estas reprobables conductas. Ningún organismo de control solicitó a la institución castrense ese informe, por lo cual haberlo presentado al país podría entenderse como un signo de que se quiere manejar el asunto con la mayor transparencia.

Repudio perpetuo a ese crimen atroz: Carrillo

Además de las investigaciones penales y disciplinarias que están andando los jefes de los órganos de control han cerrado filas para exigir que no se vuelvan a repetir casos de niños abusados por militares.

El procurador Fernando Carrillo dijo que “duele Colombia cuando quienes deben defender vida y dignidad de nuestros niños se convierten en sus verdugos. Violadores de niña indígena deshonran la Fuerza Pública e hieren a un país que exige justicia. Repudio perpetuo a ese crimen atroz”.

Mientras que el fiscal, Francisco Barbosa, dijo tras la captura de los siete soldados que abusaron de una niña en Risaralda que “en 72 horas tenemos tras las rejas a estos bandidos que afectaron y laceraron el uniforme del Ejército y la dignidad de nuestro niños”.

En tanto que el defensor del Pueblo, Carlos Negret, indicó que “lo que siento como defensor es que hay un menosprecio a la humanidad indígena. Esto no puede ocurrir, no se puede tratar como un hecho aislado”.